Santos Jiménez Reyes
Expediente 665/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Santos Jiménez Reyes
- Fiscal Regional Acapulco del Ministerio Público Investigador del Fuero Común
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así mismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 18, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DEPURABLE por virtud de que en el mismo se concedió la suspensión de plano a favor del directo quejoso. De ahí que, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. De igual manera, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 665/2020, promovido por Mónica Jiménez Altamirano, en representación del directo quejoso Santos Jiménez Reyes, contra el acto que reclama del Fiscal Titular del Ministerio Público Investigador del Fuero Común del Sector Central, con residencia en esta ciudad; y otras. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, Mónica Jiménez Altamirano, en representación del directo quejoso Santos Jiménez Reyes, promovió demanda de amparo indirecto, contra los actos y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS A).- C.- FISCAL REGIONAL ACAPULCO DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DEL FUERO COMÚN. B).- C.- FISCAL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DEL FUERO COMÚN DEL SECTOR CENTRAL. C).- C.- FISCAL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DEL FUERO COMÚN DEL SECTOR RENACIMIENTO. D).- C.- FISCAL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DEL FUERO COMÚN DEL SECTOR DEL CENTRO DE OPERACIONES ESPECIALES. AUTORIDADES EJECUTORAS A).- C. COORDINADOR DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL ADSCRITA A LA FISCALÍA REGIÓN ACAPULCO. B).- C. COORDINADOR DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL DEL SECTOR CENTRAL. C).- C. COORDINADOR DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL DEL SECTOR RENACIMIENTO. D).- C. COORDINADOR DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL DEL CENTRO DE OPERACIONES ESPECIALES. (.). IV.- ACTOS RECLAMADO: Reclamo la ilegal Detención de SANTOS JIMÉNEZ REYES, por parte de las Autoridades Ordenadoras y Ejecutoras que violan sus Garantías Individuales consagradas en los Artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Tramitación del juicio. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo y quedó registrada con el número 665/2020, se concedió la suspensión de plano al directo quejoso; por constancia de notificación de esa misma fecha se tuvo por ratificada la demanda y el quejoso señaló como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad; por escrito firmado por la promovente del amparo, señaló como autoridad responsable ordenadora al Fiscal Titular del Ministerio Público Investigador del Fuero Común de Delitos Sexuales, y como ejecutora al Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito al Sector de Delitos Sexuales, ambos con sede en esta ciudad; por auto de esa misma fecha, se admitió a trámite; se requirió a las autoridades señaladas como responsables sus respectivos informes justificados; se dio a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, y 107 fracción IV, todos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades responsables que residen dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: La ejecución de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal de la República, como son la incomunicación, tortura y privación de la vida. La ilegal detención decretada en su contra. CUARTO. Negativa de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Las autoridades responsables Fiscal Regional en Acapulco; Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Central) del Distrito Judicial de Tabares; Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Renacimiento) del Distrito Judicial de Tabares; Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares; Agente Encargado de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial de Investigación Sector Central; Agente de la Policía Ministerial del Estado responsable del Sector Renacimiento y Agente Encargada de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares, todos con residencia en esta ciudad, al momento de rendir sus informes justificados, respectivamente), negaron el acto que les fue atribuido. Además, obra en autos la razón levantada por la actuaria adscrita a este juzgado federal, quien el cuatro de diciembre de dos mil veinte, se constituyó en los separos de la Fiscalía Regional en Acapulco, y asentó que el directo quejoso Santos Jiménez Reyes, no presentaba huellas visible de tortura y que ya había recibido sus alimentos, quien además le comunicó que no fue golpeado cuando fue detenido y que en el lugar en que se encuentra no está siendo maltratado o golpeado. De la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se advierte que corresponde a la parte quejosa la carga de ofrecer pruebas para desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las responsables, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados, y la inconstitucionalidad de los mismos. Ilustra la anterior consideración, la Jurisprudencia 308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 77, del tomo 80, agosto de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese entendido, toda vez que el quejoso no aportó prueba para desvirtuar la negativa en relación con la existencia del acto que atribuye a las citadas responsables, es dable concluir que el mismo no existe; consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, del tomo VI, materia común, 1917-2000, Sexta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo anterior, en el entendido de que esta determinación, se hace extensiva al acto atribuido al Agente Encargado de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares, toda vez que si bien al rendir su informe justificado manifestó que existió una orden de aprehensión girada contra el quejoso por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, adscrito al Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por el delito de violación equiparada, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada para su protección de iniciales J.M.G.S., con pseudónimo "Bob Esponja", relacionado con la carpeta judicial C-447/2020, misma que fue cumplimentada, ya que fue puesto a su disposición mediante diverso 14335, de cinco de diciembre de dos mil veinte, como lo acredita con las constancias que adjuntó, lo cierto es que dicha autoridad no figura como responsable en el presente juicio de amparo, no obstante que mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera. Finalmente, se hace constar que en el acta de audiencia constitucional que antecede, se tuvo como inexistentes a las autoridades denominadas Fiscal Titular del Ministerio Público Investigador del Fuero Común del Sector del Centro de Operaciones Especiales y Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial del Centro de Operaciones Especiales, ambos con residencia en esta ciudad, lo anterior para los efectos legales conducentes. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Respecto del acto reclamado, consistente en la privación de la libertad y detención del directo quejoso Santos Jiménez Reyes, debe tenerse por cierto, atento a las manifestaciones vertidas en su informe justificado por el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, pues refirió que no le decretó de manera ilegal su detención, y que no lo mantenía incomunicado, ya que el tres de diciembre de dos mil veinte, a las dieciocho horas con treinta minutos, fue puesto a su disposición por parte de los elementos de la Policía Ministerial del Sector Sexuales, por el delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de estupefaciente, en agravio de la sociedad, a través del informe policial homologado de tres de diciembre de dos mil veinte. Incluso, respecto de la situación jurídica actual del quejoso informó que el cinco del citado mes y año, fue puesto en libertad en términos de lo señalado por el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como lo acredita con las copias certificadas que remitió, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con lo dispuesto en los numeral 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Ello, aunado a que la Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado responsable de la Coordinación Regional Acapulco, manifestó que el quejoso Santos Jiménez Reyes, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Narcomenudeo, por el delito de contra la salud, cometido en agravio de la sociedad, y presentado en el área de seguridad con la boleta de retención por la Policía Ministerial adscrita al Sector Central. Apoya lo anterior, por su idea jurídica y en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." SEXTO. Causales de improcedencia. Es necesario analizar la procedencia del presente juicio de garantías, por tratarse de una cuestión de orden público y examen preferente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia ochocientos catorce, publicada en la página quinientos setenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos noventa y cinco, que es de rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, debe sobreseerse en el presente juicio, toda vez que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" En el caso, el directo quejoso reclama de las citadas autoridades, la detención decretada en su contra, así como su debido cumplimiento. Así, debe decirse que se otorga pleno valor probatorio a las constancias que en copias certificadas adjuntó a su informe justificado y de suspensión de plano el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, consistente en el acuerdo de libertad con las reservas de ley de cinco de diciembre de dos mil veinte, así como la boleta de libertad correspondiente; lo anterior, de conformidad con lo señalado en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las citadas constancias, se desprende que mediante informe policial homologado de tres de diciembre de dos mil veinte, suscrito por elementos de la Policía Ministerial, pusieron a disposición a la persona quien dijo llamarse Santos Jiménez Reyes, por el delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de estupefaciente denominado Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como Marihuana, en agravio de la sociedad; sin embargo, en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Narcomenudeo del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, ordenó la inmediata libertad con las reservas de ley, del indiciado Santos Jiménez Reyes, en términos de lo señalado por el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, girando la boleta de libertad correspondiente al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrita a la Agencia Especializada en Narcomenudeo. Por ende, se llega a la conclusión que en el presente juicio prevalece una indudable cesación de efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que es la propia autoridad responsable la que con un acto posterior al que por esta vía se combate, decretó la inmediata libertad del quejoso, constituyéndose de esta manera una situación idéntica a la que habría existido si la detención no se hubiera ejecutado. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 65, 75 y 124 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de César Barajas García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en proveído de veintidós de enero de este año, se tuvo por rendido el informe justificado de la Agente Titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, acuerdo que se notificó por lista el veinticinco siguiente y surtió efectos el veintiséis del mismo mes del presente año, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, página 5). En consecuencia, resulta procedente diferirla de manera oficiosa, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de enero de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio firmado por la Agente Titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.
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