Santos Abarca Cárdenas
Expediente 84/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Santos Abarca Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como está ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21 inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se reitera que, los CUADERNOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en que se actúa, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, el original una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, y el duplicado transcurrido el término de seis meses. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto; acorde a la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Por lo que respecta a los CUADERNOS INCIDENTALES, toda vez que se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del citado Acuerdo ???????????? General, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, el original una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, y el duplicado transcurrido el término de seis meses. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Asimismo, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de mayo de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual rinde informe justificado. Atento a lo anterior, agréguese a los autos sólo para que obre como corresponda, sin que haya lugar a dictar mayor proveído al respecto, toda vez que en acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, se acordó un oficio recibido vía electrónica con idéntico contenido.
- Principal
VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 84/2021, promovido por***, por derecho propio, contra actos de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el doce de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno al día siguiente hábil a este Juzgado Cuarto de Distrito, Santos Abarca Cárdenas, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] AUTORIDADES RESPONSABLES: ordenadora y ejecutora señalo como autoridades responsables: Ordenadora A). Juez segundo de primera instancia en materia familiar del distrito judicial de Tabares, . B). Director General de administración y desarrollo de personal dependiente de la secretaría de finanzas del Gobierno del estado, . ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como ordenadora reclamo el auto de fecha trece de julio del dos mil veinte, y ordena mediante oficio 193/2020, de fecha 13 de julio del 2020, descontar una pensión alimenticia a favor de la señora Guillermina cárdenas de la O, del diecisiete punto cinco por ciento de mis ingresos y prestaciones que tengo como empleado del gobierno del estado. Oficio que recibe la ejecutora con fecha 8 de octubre del 2020, bajo el folio 4755. De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo la mala a aplicación que efectúa al ejecutar la orden de la autoridad ordenadora y descuenta el 55.55% del salario y demás prestaciones que percibo cada quincena como empleado del gobierno del estado, en salario y prestaciones recibo $12 398.94 pesos, corresponde a ese 55% que cito y que lo seguirán descontando al cobrar ellos también lo retroactivo, que aplicaran lo retroactivo en mi perjuicio. En la primera quincena de febrero recibí $5 511.0.-." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los numerales 1, 8, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes de los actos reclamados que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el presente juicio bajo el número 84/2021; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; comisionó el emplazamiento de la parte tercero interesada Guillermina Cárdenas de la O (lo cual se materializó previo citatorio, por lista del día veintidós de febrero último); y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes: C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y decidir el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 1o., fracción I, 35, 37, primer párrafo; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción XXI, punto cuatro, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 36/2016, que modificó aquél y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados emanan de un juicio del orden civilfamiliar que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se debe precisar el acto reclamado, atendiendo al contenido de la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas en el juicio, así como la totalidad de la información que obra en el expediente, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; por lo que, el suscrito concluye que el reclamado por la parte quejosa en esta vía constitucional consiste en: 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 84/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO La emisión por parte de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares del proveído de trece de julio de dos mil veinte, mediante el cual se admitió a trámite la demanda instaurada por Guillermina Cárdenas de la O, bajo el número de expediente 415-1/2020; y fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a su favor, el 17.5% (diecisiete punto cinco por ciento) de los ingresos y prestaciones ordinarias y extraordinarias que semanal, quincenal o mensualmente obtiene el aquí quejoso Santos Abarca Cárdenas obtuviera en su centro de trabajo; y Su ejecución por parte del Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, bajo la aplicación de un descuento que afirma corresponde al 55.55% (cincuenta y cinco punto cincuenta y cinco por ciento) del salario y demás prestaciones. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Una vez que se llevó a cabo la fijación clara y precisa de los actos reclamados, este órgano jurisdiccional de amparo analizará su certeza o inexistencia, en observancia a la tesis de jurisprudencia número XVII.2o. J/10, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO."3. Debe tenerse por cierto el acto reclamado a la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. De igual forma, debe tenerse por cierto el acto que se atribuye al Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en razón de que la referida autoridad fue omisa en rendir el informe justificado que le fue requerido, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, es presuntivamente cierto el acto que se le atribuye. Certeza de actos que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio especial de alimentos 415-1/2020; documentales que tienen pleno valor probatorio en 3 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, materia común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página 830). Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 8/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Marzo de 1999, Página 26, cuyo rubro y texto rezan: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 84/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO También, encuentra apoyo a lo anterior, la tesis aislada 155, que publicó la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Octava Época, Segunda Parte del informe de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la página 187, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto." Y por último, soporta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, el órgano jurisdiccional está constreñido al estudio oficioso de la procedencia del juicio, al tenor de los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo4. Es aplicable en este apartado, la jurisprudencia siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."5 Así, primeramente resulta oportuno destacar que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio especial de alimentos 415-1/2020, promovido por GUILLERMINA CÁRDENAS DE LA O. En efecto, es innegable que el quejoso no le asiste el carácter de persona extraña a juicio, puesto que desde la promoción de la demanda de amparo tenía conocimiento de manera fehaciente de la existencia del procedimiento natural, tan es así que en el capítulo 4 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten". 5 Número 814, visible en la Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 553. relativo manifestó lo que se reproduce enseguida: "[.] 1.- El día 9 de octubre del año 2020, fui enterado por un vecino de la colonia donde vivo que estoy demandado bajo el expediente 415-1/2020, quien me hizo entrega de los papeles de notificación que le dejó una persona que venía buscándome del juzgado segundo de primera instancia en materia familiar del distrito judicial de Tabares. Pero su servidor en ningún momento se ha entrevistado con ninguna persona del juzgado familiar porque no hay servicios al estar cerrados los juzgados por el covi-19. 2.- Fue ese día que me enteré que la tercera interesada señora Guillermina Cárdenas de la O, me demanda una pensión alimenticia la cual no necesita, ya que tiene una pensión mensual del instituto mexicano del seguros social IMSS de la delegación Guerrero, y otra más que recibe del gobierno federal del programa 60 y más delegación Acapulco." Con lo precedente, el promovente evidenció que tuvo conocimiento pleno de la existencia del juicio de origen hecho valer en su contra, pues señaló los datos que lo identifican, como el número de expediente y las partes, de manera que no podría ya sostener que es ajeno a la controversia, a la cual estuvo en condiciones de incorporarse, pues apenas se encuentra en la etapa de admisión de la demanda, como se desprende de la relación de antecedentes de los actos reclamados efectuada y del análisis de la documentación allegada a los presentes autos. En ese orden de ideas, se resalta que aún ante el beneficio procesal referido de acudir al amparo sin agotar los recursos ordinarios, basta que antes de que se dicte sentencia el quejoso tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio, por lo que es ahí donde debe desarrollar y desplegar su defensa, dada la calidad de parte que le corresponde. Luego, se colige que no puede considerarse que el quejoso se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento. Es puntualmente aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 1627, Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2000293, cuyos rubro es como sigue: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 84/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." También es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004274, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." Así, es indudable que el promovente de amparo ya tiene conocimiento de la acción o pretensión instaurada en su contra, así como de las resoluciones dictadas, por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio, pues al ser sabedor de las actuaciones del procedimiento de origen, se encuentra en aptitud de acudir al local del órgano responsable a hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en la ley, porque ya no está en posición de desconocimiento total de lo ahí actuado al haber sabido de la existencia del juicio antes de dictarse la sentencia definitiva. Lo expuesto con mayor razón si, como se desprende de las actuaciones del expediente de primera instancia, el quejoso se encuentra en condiciones de incorporarse a la relación jurídica procesal natural, donde puede hacer valer sus derechos en contra de las determinaciones reclamadas, de conformidad con la estrategia de defensa que se implemente, en ejercicio de la prerrogativa fundamental de amplia defensa. En mérito de lo anterior, y en cuanto al acto reclamado consistente en "la emisión del proveído de trece de julio de dos mil veinte, mediante el cual se admitió a trámite la demanda y se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora, el diecisiete punto cinco por ciento de los ingresos y prestaciones ordinarias y extraordinarias que semanal, quincenal o mensualmente obtiene el aquí quejoso Santos Abarca Cárdenas obtuviera en su centro de trabajo y su ejecución", este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - [.] - - -" Conforme al precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente en contra de aquéllos actos en los que la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada. Dicha porción normativa refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es de definitividad, el cual consiste en que, al ser el juicio constitucional un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Los artículos 238, 384, 385, 386, 387, 393 y 566 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: "Artículo 238. Admisión de la demanda y prevención. El juzgador examinará el escrito de demanda y los documentos anexos, para resolver de oficio:" (.) "V. Si la vía intentada es la procedente. Si el juzgador encontrare que la demanda fue oscura, irregular, debe por una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o complete dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se le dará curso a la misma. Para tal efecto, se le señalará en forma concreta el defecto o irregularidad que se encuentre. Si encontrare que está arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o personas contra quienes se proponga; y se les emplace para que la contesten dentro del plazo de nueve días. En el mismo auto se resolverá sobre la exhibición de documentos en poder del demandado y sobre las medidas de conservación del bien litigioso solicitadas por el actor. El auto que de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo. El que la deseche es recurrible en queja." "Artículo 384.- Iniciación del procedimiento de segunda instancia. La segunda instancia no puede abrirse sin que se interponga el recurso de apelación." "Artículo 385.- Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 84/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo." "Artículo 387.- Plazo de interposición. El plazo para interponer el recurso de apelación, será: I. De ocho días si se trata de sentencia definitiva; II. De treinta días, a partir de la fecha en que se haga la publicación, en los casos a que se refiere el artículo 257 fracción V, de este Código, o en cualquier otro caso en que la sentencia se notifique en igual forma; y (.)" "Artículo 393.- Apelaciones admitidas en el efecto suspensivo. La admisión de la apelación en el efecto suspensivo se sujetará a las siguientes reglas: I. Sólo podrá admitirse la apelación en el efecto suspensivo, en los siguientes casos: a) Cuando la Ley de una manera expresa ordene que la apelación se admita con este efecto; b) Contra las sentencias que se dicten en los juicios que versen sobre divorcio o nulidad de matrimonio, violencia familiar y demás cuestiones de familia o estado de las personas, salvo disposición en contrario; (.) III. No obstante la admisión de la apelación en el efecto suspensivo, el que obtuvo sentencia favorable de condena puede pedir que se efectúe embargo provisional para el aseguramiento de lo sentenciado y de las medidas que puedan garantizar la ejecución. Estas medidas provisionales sólo se llevarán a cabo si se otorga caución para responder de los perjuicios que llegaren a ocasionarse a la contraparte, pero sin que se requiera prueba para acreditar su necesidad. Si la resolución contiene una parte que se refiera a alimentos, en esta parte se ejecutará sin necesidad de caución. El remate o adjudicación no podrán llevarse adelante, pero si podrán tener verificativo las diligencias previas como avalúo, incidentes de liquidación de sentencia y otras similares. En caso de que a petición de alguna parte se lleven a cabo estas medidas de aseguramiento, y posteriormente se revocare la sentencia, la parte que las pidió indemnizará a la otra de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado con el embargo o medidas provisionales, haciéndose en su caso efectiva la caución; (.)" "Artículo 566.- Sentencia. La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los cinco días siguientes. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza". De los preceptos transcritos, se advierte que estatuyen, en lo que interesa, que el auto que da entrada a la demanda es apelable en efecto devolutivo, pues así se encuentra establecido en la fracción V, parte final, del artículo 238 del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, en relación con la fracción II, del numeral 386 del mismo ordenamiento. A su vez, de lo establecido en los preceptos 393, fracción I, inciso b) y fracción III y 566 del aludido Código, se desprende que las cuestiones de familia y las resoluciones que versen sobre alimentos son impugnables mediante el recurso de apelación. De ese modo, resulta claro que en contra de proveído de trece de julio de dos mil veinte, mediante el cual se admitió a trámite la demanda y se fijó un pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora, es procedente el recurso de apelación, de acuerdo con los artículos 238, fracción V, 386, fracción II, 393, fracción I, inciso b) y fracción III y 566 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero. Por tanto, en la especie, el inconforme tenía a su alcance el medio de defensa ordinario para, de ser el caso, modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, consistente en el recurso de apelación, sin que lo hubiera hecho valer. En consecuencia, al no haber promovido el ahora quejoso el aludido medio de defensa contemplado en la ley ordinaria en contra del proveído que se duele, hace que se actualice la causa de improcedencia invocada en la sentencia recurrida, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, deviene sobreseer en el juicio. Apoya a lo considerado, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, página 1428, registro 2010515, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código." Es de señalarse, que si bien el auto que decreta el pago de la pensión alimenticia provisional se considera un acto de imposible reparación, sin embargo, ese hecho (irreparabilidad) no implica una excepción al principio de definitividad, toda vez que este se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de recursos ordinarios que proceden en PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 84/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO contra del acto reclamado, previstos en la ley común, aspecto de carácter obligatorio cuando se actualiza su procedencia y diferente a la naturaleza de los actos controvertidos cuando son calificados como irreparables, pues esto implica que la transgresión de un derecho sustantivo no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable; de ahí que la irreparabilidad de un acto de autoridad no exime al inconforme de hacer valer el medio de impugnación correspondiente, en contra de los actos reclamados, cuando se actualice su procedencia. Es de citarse la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 350, registro 2005039, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." De igual forma, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, a contrario sensu en relación con el diverso numeral 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los dispositivos 1° fracción I y 5° fracción II párrafo segundo, ambos de la propia ley de la materia, toda vez que no le reviste el carácter de GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.42 06/09/21 14:01:45 14 autoridad responsable al Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero; por ende, lo reclamado a éste, no puede tener la relación de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, tal como se expondrá a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El numeral transcrito, instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que, señala en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. De igual manera, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como para los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Asimismo, los artículos 1° y 5°, fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el numeral 1º fracción I de la ley de la materia, estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 84/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección. Además, el dispositivo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que para los efectos de dicha legislación, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos humanos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por lo que, a contrario sensu, el juicio de amparo es improcedente si los actos reclamados no revisten esas características. En efecto, el juicio de amparo constituye un medio de control extraordinario, que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes o actos de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales, en atención a los artículos 103 y 107 de la Norma Suprema, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. Bien, una autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias, de imperio y coercitivas, que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ciertamente, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que tiene la calidad de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, estatuye que los particulares tendrán ese carácter cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así las cosas, en el presente asunto no se está en el supuesto de actos de autoridades o particulares que tenga calidad de autoridad, previsto en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ya que el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, no tiene facultad coercitiva porque su conducta tiene origen en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad. Sirve de apoyo por las razones que la informan la jurisprudencia VII.2o.C. J/28 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Civil, página 2360, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad". PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 84/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO En efecto, debe analizarse el verdadero papel con el que interviene la señalada con el carácter de responsable, pues si esta no reviste el carácter de autoridad, entonces es improcedente el juicio de amparo indirecto contra sus actos. En el caso, se tiene como antecedente lo informado ante la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, a través del oficio SFA/SA/DGAyDP/5761/2020 de diecinueve de octubre de dos mil veinte, a saber: De la reproducción que antecede se colige que el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, sostuvo que el descuento equivalente al 17.5% (diecisiete punto cinco por ciento), sobre el sueldo y demás prestaciones del demandado -aquí quejoso- se aplicaría partir de la quincena 21/2020 (primera quincena de noviembre de dos mil veinte), ello, en cumplimiento al oficio 293/2020 relativo al juicio especial de alimentos 415-1/2020, promovido por GUILLERMINA CÁRDENAS DE LA O. Entonces es factible concluir que la señalada con el carácter de responsable -Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero-, se encontraba dando cumplimiento a la orden judicial emanada de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en relación con el juicio especial de alimentos 415-1/2020, por lo que es indudable el vínculo de carácter laboral con el deudor alimenticio. En ese sentido, bien puede concluirse que, con independencia del carácter público de la entidad o dependencia que realiza el descuento, ésta en realidad reúne el carácter de patrón y, por tanto, de auxiliar en la administración de justicia, pero no propiamente de autoridad. Por lo que si uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Apoya a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Página 1956, registro 2011343, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 84/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En complemento de lo anterior, no se surte el supuesto de procedencia del juicio por reclamarse actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, toda vez que, como se apuntó, no se está frente a una autoridad para efectos del amparo. Dada la conclusión alcanzada se patentiza la imposibilidad para analizar los aspectos relacionados con el fondo del juicio, en razón de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo, por lo que este Juzgador no tienen la obligación de abordar el estudio y análisis de esas cuestiones, ya que de hacerlo el resultado sería el dictado de una determinación incongruente. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando último de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, conforme al artículo 2, fracción VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Gustavo Vega Ascencio, Secretario que da fe. Doy fe.
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