Santos Armando Ramírez Lara

Expediente 1168/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1168/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • Santos Armando Ramírez Lara
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 33), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se haya pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Pronuncie el acuerdo correspondiente al escrito presentado por el quejoso Santos Armando Ramírez Lara, el uno de diciembre de dos mil diecisiete, por el que solicita señale día y hora para desahogar la audiencia de conciliación demanda y excepciones relativo al juicio laboral 1501/2012 y lo haga del conocimiento al quejoso, como legalmente corresponda." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, la autoridad responsable, mediante oficio 5504A/2018 de tres de octubre de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del acuerdo emitido en la misma fecha dentro del juicio laboral 1501/2012, del que se advierte que dio contestación al escrito de uno de diciembre de dos mil diecisiete, con número de folio 22362, presentado por el aquí quejoso Santos Armando Ramírez Lara (foja 32), por lo que este Juzgado Federal, dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con dicha constancia. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, se pronunció respecto del escrito de uno de diciembre de dos mil diecisiete, presentado por el quejoso Santos Armando Ramírez Lara, en los autos del juicio laboral de origen, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acataron en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable únicamente pronunciara el acuerdo correspondiente al escrito presentado por la parte actora, aquí quejosa Santos Armando Ramírez Lara, el uno de diciembre de dos mil diecisiete, por el que solicitó que señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, relativo al juicio laboral 1501/2012 y lo hiciera del conocimiento a la parte quejosa, como legalmente correspondiera. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que el tres de octubre de dos mil dieciocho, acordó el escrito de uno de diciembre de dos mil diecisiete, presentado por la parte actora, aquí quejosa Santos Armando Ramírez Lara, en los autos del juicio laboral 1501/2012. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, se destaca que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual solicita la devolución de la garantía que aduce exhibió en el incidente de suspensión 1887/2014, al respecto, dígase a la promovente que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, en atención a que de autos no se advierte que haya exhibido billete de depósito o póliza alguna para garantizar la concesión de la suspensión provisional decretada en autos. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1168/2018, promovido por Santos Armando Ramírez Lara contra actos de la Junta Especial 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Santos Armando Ramírez Lara solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".La negativa de emitir el acuerdo. de la petición formulada con fecha 1 de diciembre del año 2017." SEGUNDO. El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo y se radicó el asunto con el número de expediente 1168/2018, se requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito de uno de diciembre de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 1501/2012. TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el último párrafo del citado precepto. QUINTO. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Pues bien, como se dijo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de proveer el escrito de uno de diciembre de dos mil diecisiete, por el que solicita se señale día y hora para desahogar la audiencia de conciliación, dentro de los autos del juicio laboral 1501/2012, del índice administrativo de la Junta responsable, con residencia en esta ciudad. Asiste razón a la parte quejosa atento a las consideraciones siguientes: Los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quién se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." De lo transcrito se colige, que cuando se presente alguna promoción dentro de cualquier juicio que se tramite en un tribunal, éstos deben acordarlo de manera, así como en los plazos y términos que señalan las leyes. Asimismo, se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685 y 838, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley." Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional. Por otro lado, la responsable al rendir su informe justificado remitió copia certificada del escrito que recibió el uno de diciembre de dos mil diecisiete, relativo al juicio laboral 1501/2012, el cual hasta la fecha no han sido acordado, lo que lleva a la dilación del procedimiento laboral en contravención al citado artículo 17 constitucional. En efecto, se advierte por parte de la autoridad señalada como responsable un retardo injustificado en la impartición de justicia, pues ha demorado en el dictado del acuerdo relativo a la petición hecha en el escrito de mérito, relativo al juicio laboral 1501/2012, lo que, a criterio de quien resuelve, no es razonable pues no se advierte exista dificultad en la realización del acuerdo solicitado, lo que constituye una abierta dilación del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Respecto al criterio transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, indicó que, tratándose de actos intraprocesales existe un caso de excepción que constriñe al juzgador de amparo a que no sólo lleve a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones de este tipo respecto de las que se alegue transgresión a los artículos 8, 14 y 17, constitucionales, para considerar que el juicio es improcedente, ya que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial referido no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar tal afectación considerada como de ejecución irreparable es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En ese contexto, a criterio de quien resuelve -se insiste- en el caso concreto existe una dilación abierta del procedimiento pues la autoridad señalada como responsable ha demorado en el dictado del acuerdo referente a la promoción donde solicita se señale día y hora para desahogar la etapa de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 1501/2012, alrededor de siete meses, lo cual genera un retraso en la impartición de justicia. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso 1501/2012, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Pronuncie el acuerdo correspondiente al escrito presentado por el quejoso Santos Armando Ramírez Lara, el uno de diciembre de dos mil diecisiete, por el que solicita señale día y hora para desahogar la audiencia de conciliación demanda y excepciones relativo al juicio laboral 1501/2012 y lo haga del conocimiento al quejoso, como legalmente corresponda. En el entendido de que se considerará cumplida la sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento al punto antes precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: UNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Santos Armando Ramírez Lara, respecto del acto reclamado a la Junta Especial 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la omisión de acordar el escrito recibido el uno de diciembre de dos mil diecisiete, relativo al juicio laboral 1501/2012, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese.

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