Santos Aguirre Díaz

Expediente 1277/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1277/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
22/01/2019

Partes del expediente

  • Santos Aguirre Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de once de enero de dos mil diecinueve, (foja 174), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, y de la que se desprende que el quejoso no realizó manifestaciones, al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo impugnado transgrede el principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya que da un trato distinto a los beneficiarios de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que ello se encuentre justificado en razones objetivas, lo procedente es conceder a Santos Aguirre Díaz, el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, la autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto número dos mil setecientos ochenta y cuatro, emitido por el referido Congreso, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el uno de agosto de dos mil dieciocho, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del sesenta por ciento del último salario del ahora quejoso; y, b) En su lugar, emita otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso i), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso g), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 70% (sesenta por ciento), del último salario del aquí quejoso..." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el Delegado de la autoridad responsable, mediante oficio LIVI/SSLYP/DJ/12384/2018, remitió copia certificada del decreto número cincuenta y nueve por el que se abroga el diverso número dos mil setecientos ochenta y cuatro, del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" N° 5618 el uno de agosto del mismo año, y emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación al aquí quejoso Santos Aguirre Díaz, en el mismo porcentaje que recibiría una mujer. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejó insubsistente el decreto dos mil setecientos ochenta y cuatro del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" N° 5618 el uno de agosto de del mismo año, y concedió pensión por jubilación a Santos Aguirre Díaz, a razón del 70% del último salario percibido al momento del otorgamiento de la pensión; por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable desincorporara de su esfera jurídica al quejoso del artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, la autoridad responsable dejara sin efectos el decreto dos mil setecientos ochenta y cuatro del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" N° 5618 el uno de agosto de del mismo año, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del sesenta por ciento del último salario del ahora quejoso; y, en su lugar, emitiera otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso i), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso g), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 70% (setenta por ciento), del último salario del aquí quejoso, en aras de cumplir con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la ley de amparo. En consecuencia, las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el decreto dos mil setecientos ochenta y cuatro del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" N° 5618 el uno de agosto de del mismo año, y concedió pensión por jubilación a Santos Aguirre Díaz, a razón del 70% del último salario percibido al momento del otorgamiento de la pensión. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del -Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos, de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante -organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos, y el embargo y acuerdo de remate del inmueble tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, se destaca que en el presente juicio de amparo no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de enero del año en curso, el nuevo titular de este órgano Jurisdiccional es el Licenciado Óscar Alejandro López Cruz. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    se ordena agregar a los autos el oficio signado por el delegado de Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Congreso del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído de cabal cumplimiento a la ejecutora de amparo, esto es: ".a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, la autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto número dos mil setecientos ochenta y cuatro, emitido por el referido Congreso, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el uno de agosto de dos mil dieciocho, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del sesenta por ciento del último salario del ahora quejoso; y, b) En su lugar, emita otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso i), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso g), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 70% (sesenta por ciento), del último salario del aquí quejoso." Se apercibe a la autoridad responsable para el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    se ordena agregar a los autos el oficio signado por el delegado del Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual, informa los actos que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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