Santos Alberto Cime May

Expediente 1088/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1088/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • Santos Alberto Cime May

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el diez de diciembre de dos mil veinte, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; lo anterior, por cuanto dicho término transcurrió del quince de diciembre último al veintidós del actual mes. Ello, tomado en consideración que por acuerdo de doce de los corrientes, se ordenó la reanudación del procedimiento en estos autos, con motivo de la conclusión de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales federales adscritos a esta Entidad Federativa, así como de los plazos y términos procesales de ley, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero del actual mes, decretada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Circular CAP-3-2020. Por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes, lo expuesto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1088/2020-II-A, promovido por ********************, contra el acto que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos atribuidos al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado y Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de doce de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró con el número 1088/2020-II-A. En tal virtud, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable, fundamentalmente, lo siguiente: La resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, que revocó el beneficio de condena condicional concedido al aquí quejoso y otros, y libró orden de reaprehensión en su contra. Lo anterior, en autos del procedimiento ordinario de ejecución ********************. No se soslaya que el quejoso haya señalado como acto reclamado en esta vía constitucional la orden de aprehensión, detención y/o comparecencia dictadas en su contra y su ejecución, y no así propiamente la orden de reaprehensión informada por el Juez responsable, la cual constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta. Pues lo correcto es tener como acto reclamado la segunda de las mencionadas, pues si bien es cierto éstas son técnicamente diferentes, no menos cierto es que ambas órdenes restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y, por ende, debe considerarse que lo que el quejoso pretende reclamar es la orden de reaprehensión emitida en la causa penal de origen. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 34/2001 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado y Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, ambas con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia federal que solicita; sin que existe queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como se adelantó, el acto reclamado por el quejoso ********************, consiste en la determinación de veintitrés de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se dictó en su contra orden de reaprehensión dentro del procedimiento de ejecución de sanciones penales ********************, derivado de la causa penal ********************, que se le instruyó por la comisión del delito contra la biodiversidad en la modalidad de posesión de la especie acuática en veda permanente denominada isostichopus badionotus, comúnmente conocida como pepino de mar, con fines de comercio en su connotación de venta, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, en relación con el último párrafo de dicho numeral, del Código Penal Federal. Acto respecto del cual resulta necesario destacar los antecedentes del caso acorde a las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe con justificación, mismas que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme lo dispone el diverso 2º, de la Ley de Amparo. de las que se deriva que: 1.- Que en fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado, con sede en esta ciudad, en procedimiento abreviado dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso ******************** y otros, por su responsabilidad en la comisión del delito contra la biodiversidad en la modalidad de posesión de la especie acuática en veda permanente denominada isostichopus badionotus, comúnmente conocida como pepino de mar, con fines de comercio en su connotación de venta, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, en relación con el último párrafo de dicho numeral, del Código Penal Federal. Para lo cual le impuso una condena de un año y tres meses de prisión y multa de 350 días, amonestación y el pago de la reparación del daño. Asimismo concedió a los sentenciados los sustitutivos y el beneficio de la condena condicional establecidos en los artículos 70, fracción I, II y III, y 90 del Código Penal, (fojas 24 a 42). 2.- Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró que dicho fallo había causado firmeza, por lo que se ordenó la remisión de copia auténtica de la sentencia al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado, quien actuaría en funciones de juez de ejecución, a efecto de que procediera al cumplimiento del fallo condenatorio, (fojas 44 a 46). 3.- En fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado, actuando en funciones de juez de ejecución, tuvo por recibido el fallo condenatorio, y aperturó el procedimiento ordinario de ejecución de sanciones penales y ordenó se notificara a los sentenciados para los efectos precisados en el mismo, (fojas 47 a 50). 4.- Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a los sentenciados manifestando su voluntad de acogerse al beneficio de la condena condicional previsto en el artículo 90 del Código Penal Federal, para lo cual exhibieron los billetes de depósito correspondientes, (fojas 60 y 61). 5.- En fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, se verificó la audiencia de ejecución de sanciones penales, (foja 67). 6.- Auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, en el que se tuvieron por recibidos los oficios del Subdirector de Área en suplencia por ausencia del Titular de la Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social y de la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual informó las obligaciones que esa autoridad había impuesto a los sentenciados, siendo éstas las siguientes: a). Reportase mensualmente vía postal, por correo certificado con el acuse de recibo dirigido al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social ubicado en la Ciudad de México; b) Observar buena conducta; c) Proporcionar domicilio mediante certificado expedido por la autoridad municipal; d) Comprobar profesión, arte, oficio u ocupación lícitos; y e) No tomar bebidas alcohólicas y no usar estupefacientes o sustancias similares. Con dichos oficios se dio vista a los sentenciados para que se impusieran de su contenido y cumplieran con las obligaciones impuestas por la autoridad, (fojas86 a 88). 7.- Acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, en el que se tuvo a la Directora de Control de Sentenciados en Libertad, en ausencia del Director General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social, informando que no se había concluido con el control y vigilancia de los sentenciados, entre ellos el aquí quejoso ********************, en virtud de que no se contaban con constancias de cumplimiento; por tal motivo el Juez responsable requirió a los sentenciados para que exhibieran la totalidad de los reportes efectuados durante la temporalidad de un año y cuatro meses y dos días de prisión con los que hubiesen cumplido con la obligación de reportarse mensualmente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se revocaría el beneficio otorgado y se haría efectiva la pena privativa de libertad por el tiempo que quedare pendiente de ejecutarse, (foja 100) 8. Por auto de trece de octubre de dos ml veinte, se tuvo a los sentenciados, entre ellos el aquí quejoso, manifestando que habían cumplido con sus obligaciones a las que se comprometieron con motivo del beneficio de la condena condicional y que sí habían mandado sus reportes mensuales, pero que con motivo de la tormenta "Cristóbal", habían sufrido inundaciones en sus domicilios, lo que ocasionó que dichos comprobantes se perdieran; asimismo en dicho proveído se ordenó dar vista a la fiscalía federal para que manifestara lo que a su representación conviniera, (fojas 106 y 107) 9. Resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se dictó en contra del aquí quejoso y otros, orden de reaprehensión dentro del procedimiento de ejecución de sanciones penales ********************, derivado de la causa penal ********************, que se les instruyó por la comisión del delito contra la biodiversidad en la modalidad de posesión de la especie acuática en veda permanente denominada isostichopus badionotus, comúnmente conocida como pepino de mar, con fines de comercio en su connotación de venta, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, en relación con el último párrafo de dicho numeral, del Código Penal Federal. Esta última determinación es la que por esta vía se combate. Como se adelantó, se sostiene que el Juez de Distrito responsable, dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, atinente a la obligación de fundar y motivar debidamente su actuación pues arribó a la convicción de revocar el beneficio de la condena condicional y, como consecuencia, ordenar la reaprehensión del aquí quejoso. En efecto, la porción normativa que se indica refiere: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". (.) De la misma forma, conviene traer a colación en lo que interesa, lo previsto en el artículo 90 del Código Penal Federal, que establece: "Artículo 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas: (.) II.- Para gozar de este beneficio el sentenciado deberá: a).- Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido; (.) V.- Los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena condicional quedarán sujetos al cuidado y vigilancia de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social. (.) IX.- En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado, el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción." Precisado lo anterior, se considera que la actuación en estudio de manera alguna trastoca derechos humanos (libertad personal), en tanto que se trata de una consecuencia legal de la ejecución de la sentencia condenatoria que pesa contra el ahora quejoso, como acertadamente lo indicó el juez responsable. Así se considera, pues de los antecedentes de la causa penal de origen, se desprende que la orden de captura que se reclama tiene sustento en que al quejoso ******************** quien inicialmente había sido favorecido con el beneficio de la condena condicional, le fue revocado dicho beneficio, con motivo del incumplimiento de las obligaciones que conlleva dicho privilegio, razón por la cual, se ordenó su reaprehensión para ejecutar la pena impuesta; lo que se estima ajustado a derecho, pues el reo está obligado ineludiblemente, por razones de orden público e interés social, a cumplir con dicho fallo, el cual constituye la verdad legal, por lo que no puede anteponerse su interés particular y postergar el cumplimiento de esa determinación en detrimento del interés de la sociedad de que los delitos no queden impunes. En esos términos, se determina que si causó firmeza legal la sentencia condenatoria y consecuentemente se otorgó el beneficio de la condena condicional, el cual le fue revocado por el propio incumplimiento de las obligaciones contraídas, sin que el ahora quejoso hubiera hecho lo propio, aún sabedor de las consecuencias de su omisión; es concluyente que atendiendo al orden público e interés social de que las sentencias se cumplan a cabalidad y los delitos no queden impunes, se imponía decretar su reaprehensión como acertadamente lo efectuó el Juez de Distrito responsable, ello a fin de que compurgue la pena corporal impuesta. En ese sentido, no existe violación por reparar. En congruencia con lo anotado, se concluye que el Juez de Distrito responsable, estuvo en lo correcto al emitir la determinación controvertida, de conformidad con el artículo 90, fracción IX, pues se hizo necesaria la revocación del mencionado privilegio dentro del procedimiento penal -etapa de ejecución- y, como consecuencia de ello, ordenar su reaprehensión a fin de que compurgue la pena impuesta dentro de la causa penal de la que emana el acto reclamado. Pues de lo informado por la Directora de Control de Sentenciados en Libertad, en ausencia del Director General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social, advirtió que el aquí quejoso no cumplió con la obligación de reportarse vía postal, por correo certificado con el acuse de recibo dirigido al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social ubicado en la Ciudad de México, tal y como se le indicó en proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve. Ilustra lo expuesto, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "CONDENA CONDICIONAL, GARANTIA PARA LA. La garantía que se otorga para la concesión del beneficio de la condena condicional constituye, de acuerdo con la política criminal, una medida cautelar que sólo tiende a garantizar el requisito de que el sentenciado no se apartará del sitio que se le señaló como residencia y de que se presentará ante la autoridad competente o al Departamento de Prevención Social, siempre que sea requerido para ello". Así como, la jurisprudencia 1a/J.30/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "CONDENA CONDICIONAL. LA PENA SUSPENDIDA POR SU OTORGAMIENTO NO SE EXTINGUE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO. De la interpretación conjunta de los artículos 90, fracción VII y 116, del Código Penal Federal, se obtiene que la pena de prisión cuya ejecución se encuentra suspendida en virtud del otorgamiento del beneficio de la condena condicional, puede extinguirse al actualizarse los tres siguientes supuestos: a) que el sentenciado hubiere dado cumplimiento a las obligaciones impuestas con motivo del otorgamiento del beneficio de la condena condicional; b) que el cumplimiento de tales requisitos se lleve a cabo durante el tiempo de duración de la pena; y, c) que durante ese tiempo el sentenciado no hubiere dado lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria; todo lo cual equivale a haber compurgado la pena y, por tanto, ya no podrá exigirse su cumplimiento. No obstante, en el supuesto de que la autoridad jurisdiccional deba pronunciarse sobre la extinción de la pena de un sentenciado que no cumplió con las obligaciones derivadas del otorgamiento del beneficio de la condena condicional cuando ha transcurrido igual o mayor tiempo al que debiera durar la pena, puede hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 90, fracción IX, y hacer que se cumpla la sanción suspendida o amonestar al sentenciado con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva la sanción impuesta en la sentencia condenatoria, pues el solo transcurso del tiempo no es suficiente para declarar la extinción de la pena de prisión, ya que de conformidad con lo estatuido por los preceptos legales en mención, es el cumplimiento de las obligaciones impuestas al obtener el beneficio de la condena condicional lo que extingue la sanción y no el simple hecho de haber dejado transcurrir el tiempo en el que debían cumplirse. Por tanto, en el supuesto de que el sentenciado no dé cumplimiento a las obligaciones que adquirió con motivo del otorgamiento de la condena condicional o les dé cumplimiento únicamente por un lapso que no es el equivalente al que debiera durar la pena de prisión impuesta, la autoridad jurisdiccional de conformidad con lo que dispone el citado artículo 90, fracción IX, está facultada para hacer que se ejecute la sanción suspendida o conminar al sentenciado al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la condena condicional, aun cuando haya transcurrido igual o mayor tiempo al que debiera durar la pena. Lo anterior, sin que el juzgador deje de observar el supuesto en el que el sentenciado acogido al beneficio de la condena condicional ha cumplido con las obligaciones derivadas de ese beneficio penal por un tiempo que no es el equivalente al que debería durar la sanción privativa de libertad, pues en dicha hipótesis, de conformidad con una interpretación extensiva a la garantía prevista en la vigente fracción X del apartado "A" del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga se compute el tiempo de detención que sufrió (para descontar a la pena a imponer el tiempo de prisión preventiva), válidamente puede extraerse que dicha garantía también es aplicable a la pena de prisión de un sentenciado que ha cumplido con las obligaciones derivadas del otorgamiento de la condena condicional sólo por un lapso que no es igual al que se le fijó como de duración de la sanción, dado que el tiempo en el que el sentenciado acató las obligaciones mencionadas se ciñó a una determinación que se dio en sustitución de la pena y, por tanto, ese tiempo equivale al cumplimiento parcial de la sanción que se le impuso en sentencia." En esas condiciones, al no advertirse deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************respecto de la orden de reaprehensión emitida el veintitrés de octubre de dos mil veinte, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado, actuando en funciones de juez de ejecución, dentro del procedimiento de ejecución de sanciones penales ********************, derivado de la causa penal ********************, que se le instruyó por la comisión del delito contra la biodiversidad en la modalidad de posesión de la especie acuática en veda permanente denominada isostichopus badionotus, comúnmente conocida como pepino de mar, con fines de comercio en su connotación de venta, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, en relación con el último párrafo de dicho numeral, del Código Penal Federal. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados al Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con sede en esta ciudad, en virtud de que si el amparo se niega contra la autoridad que ordena el acto, debe también negarse respecto de la señalada sólo como ejecutora si no se impugnan sus actos por vicios propios, como en el particular acontece. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra de los actos atribuidos al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado y Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, ambas con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta determinación. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos incidentales, de donde se desprende que el término de cinco días concedido a la parte quejosa en interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, a fin de que exhibiera la garantía fijada para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida, transcurrió del veintiséis de noviembre al dos de diciembre de dos mil veinte, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, al no haber dado la parte quejosa cumplimiento al requisito señalado; DEBE DECIRSE QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUEDAN FACULTADAS PARA EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. Por tanto, para los efectos legales a que haya lugar, hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables. Notifíquese.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 400/2020, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que el veintitrés de noviembre en curso, se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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