Santiago Ventura Dzib
Expediente 1074/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Santiago Ventura Dzib
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 1074/2023-VII-B, promovido por Leydi Isabel Ventura Dzib a favor de SANTIAGO VENTURA DZIB, contra los actos que reclama del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Hunucmá, Yucatán, así como de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil veintitrés, ante el Secretario de guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, compareció Leydi Isabel Ventura Dzib a favor de SANTIAGO VENTURA DZIB, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades siguientes: Fiscal Investigador del Ministerio Público del fuero común. Comandante de la Policía Estatal de Investigación. Hunucmá, Yucatán. Director de la Policía Municipal. Kinchil, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diez de julio de dos mil veintitrés, se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de inmediato los actos relativos a la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención y/o retención), incomunicación, tortura, peligro de perder la vida, así como golpes y malos tratos, en contra del directo quejoso. Luego, por constancia actuarial de diez de julio de dos mil veintitrés, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en las instalaciones de la Policía Municipal de Kinchil, Yucatán, con sede en esta ciudad, donde se entrevistó con el directo quejoso, quien ratificó la demanda promovida a su favor. En virtud de lo anterior, mediante proveído de once de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de que se trata; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la representante social de la Federación adscrita la intervención que le compete; y en posterior auto, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en donde este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, se hicieron consistir en: La detención y/o retención, incomunicación, tortura, peligro de perder la vida, así como golpes y malos tratos, en contra del directo quejoso. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Hunucmá, Yucatán, pues así lo manifestó expresamente en su informe justificado (registro 12717); sin que la parte impetrante del amparo aportara prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Igual consideración debe hacerse respecto del Comandante de la Policía Estatal de Investigación de Hunucmá, Yucatán, en virtud de que si bien fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de estar debida y oportunamente notificado, como se advierte del acuse de recibo que obra agregado a los presentes autos; pues para tal efecto recibió el oficio 17482/2023 el uno de agosto de dos mil veintitrés, y que transcurrió el término de quince días para hacerlo. No menos lo es que la ordenadora, Fiscal Investigador de la indicada localidad de Hunucmá, Yucatán, negó expresamente los actos reclamados; por tanto, estando adscrita la omisa a esa demarcación, no puede tener acto alguno que ejecutar o haya ejecutado. Finalmente, por lo respecta a los actos reclamados al Director de Seguridad Pública de Kinchil, Yucatán, consistentes en la incomunicación, tortura, peligro de perder la vida, así como golpes y malos tratos; pues de igual forma los negó categóricamente en su informe de ley (registro 12757), sin haber sido desvirtuado su dicho en contrario. En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del diverso acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director de Seguridad Pública de Kinchil, Yucatán, consistente en la detención y/o retención del directo quejoso SANTIAGO VENTURA DZIB, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe sobre la suspensión de plano y justificado que se le solicito (Registros 11257 y 12757). Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que lo informado por la autoridad responsable en el sentido anotado, se corrobora con la constancia certificada que anexó a su informe justificado. La cual tiene la calidad de documento público por haber sido expedida por funcionario en ejercicio de sus funciones, investido con fe pública, por lo que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto literal dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta ilustrativa, la tesis aislada sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la detención y/o retención del directo quejoso SANTIAGO VENTURA DZIB, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de la citada disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De la precisión realizada, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al terminar con esa actuación; lo que debe entenderse no sólo como la interrupción definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente, que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, del informe rendido por la autoridad responsable Director de Seguridad Pública de Kinchil, Yucatán, se advierte que el directo quejoso SANTIAGO VENTURA DZIB, fue detenido en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Kinchil, Yucatán, pero posteriormente, fue puesto en libertad el diez de julio de dos mil veintitrés. Lo anterior, tal como se aprecia del Acta Circunstanciada de hechos de diez de julio de dos mil veintitrés, en la que se asentó que se dio salida de la cárcel pública al directo quejoso; firmada por el Director de Seguridad Pública y Vialidad, el Comandante de Policía y Policía Tercero, todos de Kinchil, Yucatán, así como por el aquí amparista. Probanza a las que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En las relatadas condiciones, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado por el citado quejoso, pues obtuvo su libertad durante la sustanciación del presente juicio de amparo, tal como hizo constar la autoridad al señalar que dicho acto liberatorio ocurrió por la existencia del presente amparo; siendo que la demanda de amparo fue presentada el diez de julio de dos mil veintitrés a las dieciocho horas con cincuenta minutos mientras que fue liberado en esa propia data a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos; por tanto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, ya que al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la citada impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad señalada como responsable lo pusiera en libertad, lo cual ya aconteció. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio respecto del acto reclamado por el quejoso SANTIAGO VENTURA DZIB, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copia autorizada del fallo. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Leydi Isabel Ventura Dzib a favor de SANTIAGO VENTURA DZIB, contra los actos de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Leydi Isabel Ventura Dzib a favor de SANTIAGO VENTURA DZIB, contra los actos del Director de Seguridad Pública de Kinchil, Yucatán, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que hasta la presente fecha la autoridad responsable Comandante de la Policía Estatal de Investigación, con sede en Hunucmá, Yucatán, no ha cumplido con rendir su informe justificado, solicitado en auto de once de julio del año en curso, así como que tampoco obra el acuse correspondiente al oficio 17482/2023 mediante el cual le fue requerido. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles relativo a la vista que se dio del informe justificado rendido por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Hunucmá, que se relaciona en el proveído de dieciséis de los presentes. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido por el Director de Seguridad Pública de Kinchil, Yucatán mediante el cual en atención a lo solicitado mediante acuerdo de uno de agosto del presente año, remite el acta circunstanciada de hechos en audiencia pública, levantada el diez de julio del año en curso, con la cual acredita que el directo quejoso ********************, fue puesto en libertad, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
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