Santiago Zárate Ramírez
Expediente 604/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Santiago Zárate Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veintiséis de marzo del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Incidental
ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a *************, respecto de los actos reclamados al Magistrado y al Actuario adscritos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 de esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, para que por escrito y con dos copias más de su demanda de amparo señalara como autoridades responsables al Magistrado y al Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de la ciudad de Guanajuato, sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y los actos en los que se advierte su participación no serán materia de estudio en el presente juicio de amparo. Con base en lo anterior, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 108, fracción III y 5°, fracción II, del propio ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del análisis conjunto de los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale a la autoridad responsable que se estima dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. En efecto, de acuerdo con lo establecido en la fracción III del numeral 108 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los requisitos de la demanda de amparo es el de señalar a las autoridades responsables. Dicha obligación se impone en función de que el señalamiento de la autoridad entraña un acto dirigido a satisfacer un presupuesto procesal indispensable para la integración de la litis en el juicio constitucional, habida cuenta que la autoridad responsable funge en ese proceso federal como parte formal y material que litiga sus intereses. De tal manera, que la falta de señalamiento de ésta constituye un motivo de improcedencia, pues esta omisión impide considerar integrada la litis en el juicio constitucional. A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene reseñar lo siguiente: El doce de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a *************, promoviendo demanda de amparo en contra del Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 de esta ciudad, de quienes reclamó la orden de desalojo del predio ubicado en calle *************, Guanajuato, que aduce tiene en posesión. Dichas autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Del contenido de los referidos informes justificados se advirtió que el juicio agrario 781/2010, del que el quejoso reclamó la orden de desalojo, pertenece a la estadística del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en la ciudad de Guanajuato. Con motivo de lo anterior, el treinta de noviembre de dos mil veinte se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra de las mencionadas autoridades. Al no haber hecho manifestación alguna, en el presente auto se hizo efectivo el apercibimiento efectuado a la parte quejosa y, como consecuencia, se estableció que los actos en los que se advirtiera su participación no serían materia de estudio en el presente juicio de amparo. En esa tesitura, como se advierte de los antecedentes narrados, el Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de Guanajuato, capital, tienen intervención en la emisión y ejecución de los actos reclamados de los que se duele la parte quejosa, sin que hayan sido señalados con tal carácter. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto de los actos que se tachan de inconstitucionales; pues ante la omisión de la parte quejosa en señalar como autoridades responsables al Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de Guanajuato, capital, por ser quienes tienen intervención en los actos de los que se duele; este juzgado no puede resolver sobre su constitucionalidad. Esto es, la omisión en que incurrió el solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este tribunal se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio, ya que para analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridad responsable a aquéllas quienes lo ordenaron y ejecutaron. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de las referidas autoridades, pues no obstante que se previno al quejoso para que las señalara como responsables, o sea, se le dio la oportunidad para ello, éste no cumplió con el requisito establecido en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia porque de conformidad con la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". Por tanto, es inconcuso que respecto de los actos reclamados que se analizan se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del diverso numeral 108 del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por identidad jurídica sustancial, se invoca la tesis 2a.CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DAR LE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Asimismo, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 112/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93 del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.". Paralelamente la jurisprudencia VI. 3o.J/44, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 67de l tomo 74, Febrero de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, únicamente agréguese en autos para que obre como corresponda el escrito signado por *************, autorizado de la parte quejosa, sin que haya lugar a proveer respecto a su contenido, en virtud de lo acordado en el presente auto.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, para que por escrito y con dos copias más de su demanda de amparo señalara como autoridades responsables al Magistrado y al Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de la ciudad de Guanajuato, sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y los actos en los que se advierte su participación no serán materia de estudio en el presente juicio de amparo. Con base en lo anterior, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 108, fracción III y 5°, fracción II, del propio ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del análisis conjunto de los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale a la autoridad responsable que se estima dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. En efecto, de acuerdo con lo establecido en la fracción III del numeral 108 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los requisitos de la demanda de amparo es el de señalar a las autoridades responsables. Dicha obligación se impone en función de que el señalamiento de la autoridad entraña un acto dirigido a satisfacer un presupuesto procesal indispensable para la integración de la litis en el juicio constitucional, habida cuenta que la autoridad responsable funge en ese proceso federal como parte formal y material que litiga sus intereses. De tal manera, que la falta de señalamiento de ésta constituye un motivo de improcedencia, pues esta omisión impide considerar integrada la litis en el juicio constitucional. A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene reseñar lo siguiente: El doce de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a *************, promoviendo demanda de amparo en contra del Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 de esta ciudad, de quienes reclamó la orden de desalojo del predio ubicado en calle *************, Guanajuato, que aduce tiene en posesión. Dichas autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Del contenido de los referidos informes justificados se advirtió que el juicio agrario 781/2010, del que el quejoso reclamó la orden de desalojo, pertenece a la estadística del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en la ciudad de Guanajuato. Con motivo de lo anterior, el treinta de noviembre de dos mil veinte se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra de las mencionadas autoridades. Al no haber hecho manifestación alguna, en el presente auto se hizo efectivo el apercibimiento efectuado a la parte quejosa y, como consecuencia, se estableció que los actos en los que se advirtiera su participación no serían materia de estudio en el presente juicio de amparo. En esa tesitura, como se advierte de los antecedentes narrados, el Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de Guanajuato, capital, tienen intervención en la emisión y ejecución de los actos reclamados de los que se duele la parte quejosa, sin que hayan sido señalados con tal carácter. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto de los actos que se tachan de inconstitucionales; pues ante la omisión de la parte quejosa en señalar como autoridades responsables al Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de Guanajuato, capital, por ser quienes tienen intervención en los actos de los que se duele; este juzgado no puede resolver sobre su constitucionalidad. Esto es, la omisión en que incurrió el solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este tribunal se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio, ya que para analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridad responsable a aquéllas quienes lo ordenaron y ejecutaron. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de las referidas autoridades, pues no obstante que se previno al quejoso para que las señalara como responsables, o sea, se le dio la oportunidad para ello, éste no cumplió con el requisito establecido en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia porque de conformidad con la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". Por tanto, es inconcuso que respecto de los actos reclamados que se analizan se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del diverso numeral 108 del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por identidad jurídica sustancial, se invoca la tesis 2a.CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DAR LE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Asimismo, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 112/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93 del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.". Paralelamente la jurisprudencia VI. 3o.J/44, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 67de l tomo 74, Febrero de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, únicamente agréguese en autos para que obre como corresponda el escrito signado por *************, autorizado de la parte quejosa, sin que haya lugar a proveer respecto a su contenido, en virtud de lo acordado en el presente auto.
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