Santiago Yovani Navarrete Díaz

Expediente 179/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
179/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Santiago Yovani Navarrete Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se les hizo en providencia de cinco de los actuales; en ese sentido se acuerda: Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional por su propio derecho reclamando: La orden de aprehensión o comparecencia giradas en su contra, así como su ejecución. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) es necesario que esté acreditado fehacientemente que el quejoso tuvo conocimiento del acto del que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que se hizo sabedor. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por el quejoso en el escrito de cuenta, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se desprende que: El treinta y uno de enero del presente año, tuvo conocimiento de los actos que en esta instancia constitucional reclama, ya que indica, fue la fecha en la que al presentarse en el domicilio donde se ubica la Agencia del Ministerio Público en Santiago, Maravatio, tuvo conocimiento de lo que reclama en su demanda, pues al llevarle el citatorio a su domicilio, los Agentes Ministeriales sólo le manifestaron que tenía que presentarse en la Agencia sin manifestar detalle o especificación alguna. Es decir, de sus propias manifestaciones se desprende que el solicitante del amparo, tuvo conocimiento de la orden de aprehensión o comparecencia que en esta instancia constitucional reclama el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Consecuentemente, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, ello si se toma en consideración que: I. El aludido plazo se computa a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para la parte quejosa a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, a partir del uno de febrero del año en curso, y le feneció el veintidós de febrero siguiente, sin contar los días, tres, cuatro, cinco, diez, once, diecisiete y dieciocho por haber resultado inhábiles. De ahí que si la parte quejosa presentó la demanda que se analiza el dos de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por la parte quejosa fueron consentido tácitamente por el recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Agencia Investigadora del Ministerio Público I, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 179/2018-II. En la especie, debe decirse que el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del numeral 114, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: La fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo en el capítulo de ACTOS RECLAMADOS, señaló lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: la posible orden de aprehensión o comparecencia, girada en mi contra toda vez que tengo el temor fundado que se lleve a cabo el acto reclamado por los agentes ministeriales, privándome de mi libertad, y de esta manera, se violen las garantías fundamentales consagradas por los artículos 14 y 16, 20 y 21 de nuestra carta magna, así mismo hago de su conocimiento c. juez conocedor del presente recurso que en fecha 28 de febrero de 2018, se presentaron en mi domicilio particular él cual está ubicado en la calle ********** #**********, BARRIO DE ********** EN SANTIAGO MARAVATIO GTO. dos personas diciendo que eran agentes del ministerio público los cuales le notificaron a un familiar que urgía y me presentara a la dependencia del ministerio público en la unidad de tramitación común ubicada en la calle ********** ********** del ********** en la Ciudad de Santiago Maravatio para llevar a cabo una diligencia." Mientras que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado expuso: "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. ASI MISMO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE EL QUE SUSCRIBE JAMAS E COMETIDO DELITO ALGUNO NI MUCHO MENOS E CAUSADO DAÑOS A PERSONA ALGUNA COMO LO DEMUESTRO CON LOS INFORMES QUE HAGAN LLEGAR LAS DIFERENTES CORPORACIONES JUDICIALES YA ANTES CITADAS la posible orden de aprehensión o comparecencia, girada en mi contra toda vez que tengo el temor fundado que se lleve a cabo el acto reclamado por los agentes ministeriales, privándome de mi libertad, y de esta manera, se violen mis derechos fundamentales consagradas por los artículos 1, 14 y 16, 20 y 21 de nuestra carta magna, y los tratados internacionales en los que el estado Mexicano es parte como de las garantías para su protección, así mismo hago de su conocimiento c. juez conocer del presente recurso que en fecha 2 de octubre de 2014, se presentaron en mi domicilio particular él está ubicado en la calle ********** no. ********** de la colonia ********** dos personas diciendo que eran agentes del ministerio público los cuales le notificaron a un familiar que urgía y me presentara a la dependencia de atención integral a la mujer para llevar a cabo una diligencia." De lo anterior se advierte que si bien el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el aludido requisito, en el capítulo correspondiente a la precisión del acto reclamado, expuso que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se presentaron a su domicilio particular dos personas que dijeron eran agentes del ministerio público, quienes les notificaron a uno de sus familiares que se presentara ante el ministerio público de tramitación común en Santiago Maravatío, para llevar a cabo una diligencia. Sin embargo, en el párrafo relativo a los antecedentes del acto reclamado refirió que el dos de octubre de dos mil catorce, se presentaron en su domicilio particular dos personas diciendo que eran agentes del ministerio público quienes le notificaron a un familiar que urgía se presentara a la dependencia de atención integral a la mujer, para llevar a cabo una diligencia. Como se vio, de la narrativa antes expuesta no se puede establecer con precisión cuál es la fecha en que el promovente tuvo conocimiento de los actos que en esta vía constitucional reclama, ni tampoco cuáles son los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior es necesario para que el suscrito tenga la certeza de la data en la cual tuvo pleno y cabal conocimiento del acto reclamado, pues tal referencia es determinante para poder substanciar el sumario, ya que sin conocerse ese punto no será posible establecer la oportunidad de la solicitud de la tutela constitucional De igual manera, resulta importante conocer cuáles fueron los hechos verdaderos que constituyen los antecedentes del acto que se pretende impugnar en esta instancia constitucional, pues también resultan determinantes para que el suscrito esté en aptitud de establecer lo conducente respecto de su procedencia. Razón por la cual, se hace necesario requerir a la quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, precise tanto la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, como los antecedentes que lo constituyen. Lo anterior, de conformidad con el contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." De la transcripción del artículo anterior, se patentiza la penalización por afirmar hechos falsos u omitir los relacionados con el acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal. De ahí que, de acuerdo con el contenido de tal precepto, el hoy quejoso se encuentre ceñido a manifestar "bajo protesta de decir verdad" la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado atribuido a la responsable, pues resulta relevante para conocer la verdad legal. En las relatadas condiciones, prevéngase a la quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento de los actos reclamados; y. Los hechos que constituyen los antecedentes de los actos que en esta vía constitucional combate, ello debido a que señala dos domicilios diversos al referirse a su domicilio particular. Se reitera, que lo anterior sólo se tendrá por legalmente cumplido si la quejosa es quien la desahoga, dado que como ya se dijo en párrafos que anteceden, la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeta a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este Juzgado. Téngase a la quejosa señalando autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl González Sánchez, al contar con su cédula profesional número 7231312, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, a la Heriberto Vigil Rodríguez por no obrar su cedula registrada en el sistema computarizado mencionado. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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