Santiago Zapata Zurita

Expediente 657/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
657/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2015

Partes del expediente

  • Santiago Zapata Zurita

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que ninguna de las partes se inconformó con la determinación de veintiocho de agosto de dos mil quince, en la que se desechó la demanda de amparo. Se declara que dicho auto ha causado estado, se ordena el archivo del expediente.

  2. Principal

    Vista la cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Santiago Zapata Zurita; atento a su contenido, téngasele desahogando la prevención que se le hizo mediante proveído de veintiuno de agosto del año en curso. Por tanto, vista la demanda promovida por el quejoso Santiago Zapata Zurita, contra actos del Secretario de Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Saltillo, y otras autoridades, se advierte que el acto reclamado por el promovente en esta instancia se hace consistir en: "1.- A LAS AUTORIDADES DE NOMBRES: SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA.- ING. JESUS JUAN OCHOA GALlNDO y SUBSECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA.- JULlAN MONTOYA DE LA FUENTE, LES RECLAMO EL ACTO DE AUTORIDAD CONSISTENTE EN: LA ORDEN VERVAL GIRADA AL FUNCIONARIO DIRECTOR DE EDUCACION PRIMARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE COAHUILA.- C. GREGORIO GARCIA RODRIGUEZ LA CUAL CONSISTE EN QUE SE PROCEDA A RETIRARME DE MI ACTUAL FUENTE DE EMPLEO COMO MAESTRO DE LA ESCUELA RUBEN MOREIRA COBOS, EN LA CUAL SOY DOCENTE Y TENGO A MI CARGO EL SALON DE QUINTO AÑO, SIN QUE EXISTA MOTIVO LEGAL ALGUNO Y MUCHO MENOS UN PROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO, SIMPLEMENTE POR CAPRICHO Y ABUSO DEL PODER, DICHAS ACCIONES ILlCITAS y ANTICONSTITUCIONALES, LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTA TOMANDO ACCIONES PARA VIOLAR MIS DERECHOS Y dado la garantia de audiencia para tener oportunidad de salvaguardar nuestros derechos, con lo que se vulneran en nuestro agravio las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y certeza legal consagradas por los articulos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- A LAS AUTORIDAD DE NOMBRE: DIRECTOR DE EDUCACION PRIMARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE COAHUILA.- C. GREGORIO GARCIA RODRIGUEZ LE RECLAMO EL ACTO DE AUTORIDAD CONSISTENTE EN: LA ORDEN Y EJECUCION DE FORMA VERBAL, GIRADA A LOS MAESTROS SAN JUANA GOMEZ RUIZ, JEFA DE SECTOR DE LA REGION CARBONIFERA, GRACIELA FLORES DE LUNA, ENCARGADA DE LA ZONA ESCOLAR COMO INSPECCION y AL C. ALFREDO ESCOBAR HERNANDEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA RUBEN MOREIRA COBOS, QUINES ME MANIFIESTAN QUE AL SUSCRITO PROCEDA A LA REUBICACION y REMOCION DE MI CENTRO DE TRABAJO COMO MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN MOREIRA COBOS, SIN QUE EXISTA NINGUN PROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTA TOMANDO ACCIONES PARA VIOLAR MIS DERECHOS Y DE FORMA ARBITRARIA AFECTANDOME y ABUSANDO DE SU JERARQUIA, CAUSANDOME UN DAÑO Y dado la garantía de audiencia QUE NO E TENIDO Y ASI para PODER TENER oportunidad de salvaguardar nuestros derechos, con lo que se vulneran en nuestro agravio las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y certeza legal consagradas por los artículos 1, 5 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." A su vez, en el capítulo que denominó "HECHOS Y ABSTENCIONES QUE NOS CONSTAN Y CONSTITUYEN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Y QUE SON FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE EXPRESAN EN SEGUIDA", se desprende que manifestó: "PRIMERO.- EL suscrito actualmente soy maestro del QUINTO GRADO de la ESCUELA RUBEN MOREIRA COBOS, Ubicada en la calle puebla, en la colonia independencia en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, el suscrito tengo más de 24 años de ser maestro, atraves de este tiempo me e desempeñado cumpliendo con todas y cada una de mis obligaciones de acuerdo al puesto o cargo que tengo asignado. SEGUNDO.- ES EL CASO QUE CON FECHA 22 DE MAYO DEL 2015, SE INICIO EL OSTIGAMIENTO POR PARTE DEL DIRECTOR DE EDUCACION PRIMARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE COAHUILA.- C. GREGORIO GARCIA RODRIGUEZ, ya que sin motivo legal alguno y por amenazas me ha mandado decir de manera verbal por medio de mis compañeros MAESTROS SAN JUANA GOMEZ RUIZ, JEFA DE SECTOR DE LA REGION CARBONIFERA, GRACIELA FLORES DE LUNA, ENCARGADA DE LA ZONA ESCOLAR COMO INSPECCION Y AL C. ALFREDO ESCOBAR HERNANDEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA RUBEN MOREIRA COBOS, que me quitara o removera de mi puesto, esto sin motivo legal alguno y expresando nada mas por capricho y aprovechándose de su jerarquía como DIRECTOR DE PRIMARIAS DEL ESTADOP DE COAHUILA, por lo que me e visto amenazado desde esa fecha hasta hoy, esa situación la e sobrellevado, mas sin embargo cuando les pido a las autoridades responsables me lo hagan por escrito se han negado sabiendo que no tienen ninguna justificación legal y mucho menos que exista UN PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO. TERCERO.- Derivado de lo anterior el pasado 17 y 18 de agosto del presente año, me presente a mi lugar de trabajo como es costumbre ya que se termino el periodo vacacional, el suscrito acudí a mi escuela de nombre RUBEN MOREIRA COBOS, y en esos dos días nuevamente de forma arbitraria y sin justificación legal alguna mis compañeros MAESTROS SAN JUANA GOMEZ RUIZ, JEFA DE SECTOR DE LA REGION CARBONIFERA, GRACIELA FLORES DE LUNA, ENCARGADA DE LA ZONA ESCOLAR COMO INSPECCION y AL C. ALFREDO ESCOBAR HERNANDEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA, me manifiestan que han recibido llamadas donde les dan ordenes sin justificación legal alguna y de forma arbitraria el DIRECTOR DE EDUCACION PRIMARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE COAHUILA.- C. GREGORIO GARCIA RODRIGUEZ, para que me digan que me retire de mi lugar de trabajo, pero sin mandar ninguna notificación o aviso por escrito únicamente de forma arbitraria e ilegal, a lo que el suscrito continuo laborando de forma normal a pesar de dichas presiones laborales hechas por las autoridades responsables...." Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:(...) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 9/98, visible en la página ochocientos noventa y ocho, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196923, que establece:(...) Además, con la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 188643, cuyo rubro y texto dicen:(...) Precisado lo anterior, conviene señalar que el acto que reclama el demandante del amparo, a través de la presente instancia constitucional, se hace consistir en su posible destitución del cargo de Maestro de la escuela Rubén Moreira Cobos, en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza. De lo que se aprecia que tal acto no es de aquellos considerados como inminentes para el efecto de la procedencia del presente juicio de amparo, toda vez que sobre los mismos deben entenderse como aquellos en los cuales existen datos materiales, actos y antecedentes probados de cuya existencia habrá de desencadenar la existencia de otros, de manera cierta, directa e indudable, lo que no acontece en el presente caso, toda vez que no existe certeza de que al estar laborando, las autoridades que señala como responsables la suspendan como maestro del plantel educativo que refiere. Al respecto, es pertinente transcribir el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley que reglamenta el juicio de amparo, que es del tenor siguiente: (...) Ahora bien, respecto de lo que debe entenderse por acto futuro e incierto, el Alto Tribunal ha dicho:(...) Al hablar respecto de las características del agravio en el amparo, la doctrina se ha manifestado en el siguiente sentido: Ignacio Burgoa, en su libro "El Juicio de Amparo" señala: (...) Por su parte, Carlos Arellano García en su texto que lleva el mismo nombre que el anterior dice:(...) Con base en lo anterior, puede decirse que existen actos futuros e inciertos y actos futuros pero inminentes; en los primeros su realización está sujeta a meras eventualidades, por lo que constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo; en los segundos prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, siendo procedente contra ellos el juicio de garantías. Así, cuando de la simple lectura de la demanda de amparo indirecto, se advierta, sin lugar a dudas, que el acto reclamado es futuro e incierto, dándose el supuesto de improcedencia. En el presente caso, como se señaló en párrafos que anteceden, se reclama la posible destitución del promovente como Maestro de un plantel educativo sin previa audiencia; empero, dicho acto tiene el carácter de improbable, sin que en el caso pueda considerarse como inminente, toda vez que para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal forma que pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas; y, al no resultar inminente tal acto se considera como futuro de realización incierta, actualizándose por todo ello la causal de improcedencia de la acción constitucional establecidas en las fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que lleva a desechar la demanda de garantías que nos ocupa, aplicando la tesis XX.308K, visible a foja ciento treinta y ocho, tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: (...) Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página doscientos dos, materia común, tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece:(...) Además, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable a página ciento noventa y siete, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: (...) Del mismo modo, cobra aplicación la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página cincuenta y seis, tomo I, Segunda Parte 1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, materia administrativa, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: (...) De igual manera, es aplicable la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 2, Tercera Parte, página trece, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS INMINENTES. No lo son los eventualmente posibles, por el hecho de que la responsable tenga conferida por las leyes atribuciones que pueda o no, ejercitar". En tales condiciones, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. (...)

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Santiago Zapata Zurita, contra actos de la autoridad responsable Secretario de Educación Pública del Estado de Coahuila, con residencia en la ciudad de Saltillo, y otras. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 657/2015, por ser el número estadístico que le correspondió. Asimismo, respecto a la solicitud del promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo en vigor, uno de los cuales es el que marca el artículo 114, que establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". El normativo anterior dispone previo a acordar sobre la admisión de la demanda, estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Así, de su estudio integral, se advierte la falta de un requisito formal, el cual es necesario para el análisis de la viabilidad de la admisión de la demanda. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia número I.4o.C. 26 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página sesenta y tres, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece:(...) En esa tesitura, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo: Manifieste "bajo protesta de decir verdad", el nombre y domicilio del tercero interesado o bien si los desconoce así lo manifieste. Toda vez que en su escrito de demanda únicamente precisó: "II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO.- No hay tercero perjudicado. Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 108, fracción II, de la Ley de Amparo, que exige que la demanda de amparo indirecto, exprese el nombre y domicilio del tercero interesado y si no los conoce, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, tal y como se desprende de la transcripción siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Por tal razón, es necesario que el peticionario de amparo dé cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional; asimismo, deberá acompañar las copias necesarias del escrito con el que desahogue dicha prevención, para correr traslado a las partes, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P/J.36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y nueve, tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario, a la letra dice:(...) Con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención realizada, o de no exhibir las copias del escrito en que la desahogue para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Rodolfo Gustavo Rivera Rodríguez, atento que tiene registrada su cédula profesional respectiva, en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el ocurso de cuenta. Asimismo, deber dejarse patente que los autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no están facultados para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse "Bajo Protesta de Decir Verdad", antecedentes o datos que se omitieron en la presentación de la demanda. Al respecto es de citarse, la tesis de jurisprudencia1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Libro 9, Agosto de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 2007285, que dice:(...) Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el presente juicio de garantías, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia.

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