Santiago Garza Siller
Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Santiago Garza Siller
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja civil 254/2021, de su índice. 2. Acuerdo. Del testimonio de mérito se advierte que en lo que es materia de queja se resolvió: UNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ...contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras, dentro del juicio de amparo indirecto 321/2021. 3. Acuse. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y acúsese el recibo correspondiente. 4. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 5. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 6. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 7. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Recepción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por Santiago Garza Siller, contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta en este asunto. 1.1 Acuerdo. Téngase a la superioridad informando la admisión del recurso de queja, el cual quedó registrado con el número 254/2021, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a seis de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Recurso de queja. Téngase por recibido el escrito electrónico que remite el quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. 2. Tramitación de medio de impugnación. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja hecho valer y remítanse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copia certificada del presente juicio, para los efectos legales correspondientes. 3. Informe. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena rendir el informe relativo a la queja interpuesta por la parte quejosa contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo, en el entendido de que es cierto tal acto, en virtud de que este órgano jurisdiccional dictó el proveído de veinticinco de agosto del año en curso. 4. Instrucción. Se instruye a la Secretaría para que bajo su más estricta responsabilidad, remita original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de los autos del presente juicio, en el entendido que deberán ser remitidas dichas copias debidamente integradas, foliadas, rubricadas y entre selladas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para la substanciación del recurso correspondiente.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativa 135/2021, formado con motivo del juicio de amparo 321/2021, en el que desechó la demanda promovida por ... 1.1 Acuerdo. De la ejecutoria de mérito se advierte que la superioridad resolvió: UNICO. Es parcialmente fundado el recurso de queja interpuesto por ...contra el auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras, dentro del juicio de amparo indirecto 321/2021. 1.2 Acuse. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y acúsese el recibo correspondiente. 2. Insubsistente. Como esta ordenado en la ejecutoria de referencia, se deja insubsistente el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. 3. Actos reclamados. El tribunal colegiado que conoció del recurso de queja advirtió en la ejecutoria recibida, una violación procesal respecto al pronunciamiento de la admisión o desechamiento de la demanda en su integridad, por lo que instruyó a este Juzgado de Distrito a dejar insubsistente el auto recurrido y dictar uno nuevo en el cual, por una parte, se reitere el desechamiento de plano de la demanda de amparo en relación con la interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 390/2021 que recayó al recurso de reconsideración intentado contra el auto de nueve de diciembre de dos mil veinte; y por otra parte, abarcar y pronunciarse sobre los diversos actos reclamados por el quejoso en su demanda. Al efecto, el órgano colegiado acotó en su ejecutoria que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en los siguientes: i) La interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 390/2021 que recayó al recurso de reconsideración intentado contra el auto de nueve de diciembre de dos mil veinte. ii) El acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte. iii) La omisión de ordenar al Actuario levantar en tiempo y forma la notificación correspondiente sobre el traslado de la demanda reconvencional (atribuida a los secretarios). iv) La omisión de levantar en tiempo y forma la notificación correspondiente sobre el traslado de la demanda reconvencional (atribuida a los Actuarios). v) La promulgación del artículo 399 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Siendo los enumerados en los incisos del ii) al v), los que, en opinión del órgano revisor, no fueron atendidos en el auto de radicación emitido por este juzgado. 3.1 Actos intraprocesales. En ese sentido, debe decirse, que respecto al acto reclamado consistente en: i) El acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se trata de un acto intraprocesal, en virtud de que el reclamo que la parte quejosa plantea sobre el mismo, se hace consistir en que a través de este proveído se tuvo a su contraparte por contestando en tiempo y forma la demanda reconvencional. Lo que inclusive fue impugnado a través del recurso de reconsideración resuelto mediante la interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno. En estrecha relación a lo anterior, la parte quejosa describió en su demanda de amparo como actos reclamados: iii) La omisión de ordenar al Actuario levantar en tiempo y forma la notificación correspondiente sobre el traslado de la demanda reconvencional y iv) La omisión de levantar en tiempo y forma la notificación correspondiente sobre el traslado de la demanda reconvencional. Por lo que hace a estos dos actos, el reclamo de la parte quejosa se hace consistir en que con la omisión atribuida a las responsables se permitió que se tuviera a la demandada reconvencional contestando en tiempo y forma la reconvención presentada, lo que en su opinión no se hizo dentro del plazo de oportunidad para ello. Es decir, la parte quejosa no reclama esas omisiones porque a la fecha subsista alguna omisión o inactividad de parte de las responsables en llevar a cabo el emplazamiento de la demanda reconvencional a su contraparte, sino porque en su opinión esa supuesta omisión permitió que se les tuviera por contestando en tiempo y forma la reconvención. Lo que evidencia que en los mismos términos su reclamo se endereza en contra de una cuestión meramente procesal relacionada con la oportunidad de la contestación de la demanda por parte de la demandada reconvencional, no así de alguna omisión que retarde o no respete los plazos de ley dentro del procedimiento de origen. Por lo que se refiere al acto reclamado consistente en: v) La promulgación del artículo 399 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en diverso punto más delante se proveerá sobre los motivos de su improcedencia. 4. Se reitera desechamiento. En atención a lo ordenado por el tribunal colegiado, a efecto de proveer respecto de la procedencia en la admisión o no de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. La disposición legal citada prevé que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia en cuestión precisa que para desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Como se señaló, en el caso, la parte quejosa presentó su demanda de amparo, indicando como actos reclamados, entre otro, los siguientes: i) La interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 390/2021 que recayó al recurso de reconsideración intentado contra el auto de nueve de diciembre de dos mil veinte. ii) El acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte. iii) La omisión de ordenar al Actuario levantar en tiempo y forma la notificación correspondiente sobre el traslado de la demanda reconvencional (atribuida a los secretarios). iv) La omisión de levantar en tiempo y forma la notificación correspondiente sobre el traslado de la demanda reconvencional (atribuida a los Actuarios). Al respecto, como lo determinó el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al resolver el recurso de queja administrativa 135/2021, y en atención a lo expuesto en el punto 3.1 de este auto, se considera que los actos reclamados precisados se encuentran estrechamente relaciones, pues el reclamo esencial en torno a estos se hace consistir en que mediante el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, el juez responsable tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda reconvencional a la albacea María de Jesús Salinas Castorena y de los herederos universales, pero en opinión de la parte quejosa esa contestación resulta extemporánea. Lo que permite advertir que sobre estos actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, a diferencia de la ley de la materia abrogada, que no contenía una definición de los actos de ejecución irreparable, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, estableció que por éstos debe entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente pudiera llegar a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, como son la vida, la libertad personal o de tránsito, la propiedad, posesión, entre otros. En el caso, la narrativa de los antecedentes de los actos reclamados, plasmados en la demanda bajo protesta de decir verdad por parte del quejoso, generan convicción de que los mismos no conllevan por sí una ejecución de imposible reparación. Es así, porque de conformidad con los preceptos legales en que se apoya esta determinación, cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados en juicio, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el impetrante, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. Así las cosas, la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Los actos de imposible reparación emitidos dentro de un juicio, se distinguen porque afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos como la libertad, la propiedad, etcétera; cuyos efectos perniciosos no son susceptibles de repararse o de anularse con el hecho de que el afectado obtenga finalmente una sentencia que le favorezca, porque aunque así fuera, seguiría quedando vestigio de la afectación provocada con el acto relativo. Por el contrario, cuando un acto intraprocesal no provoca las consecuencias señaladas, de obtenerse un fallo favorable en el juicio, se anularía cualquier afectación que se pudiera provocar con aquél acto. En efecto, tratándose de violaciones procesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material (real y actual) a derechos sustantivos; esto es, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, que con motivo de la afectación causada, dicha lesión no se destruya ni aun con la obtención de una sentencia definitiva favorable en juicio. En ese orden de ideas, los actos intraprocesales que no vulneran derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Así, para establecer la procedencia del amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, éstas necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho. De lo cual se sigue que son dos las condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el juicio ordinario: i) Se trate de actos que afecten materialmente derechos; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, ii) Los derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos; expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, porque en éstos la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estos aspectos se encuentran acotados en la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso a estudio, los actos reclamados identificados en los incisos del i) al iv) no le producen al quejoso una afectación material (real y actual) a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que haga procedente esta instancia constitucional, cuenta habida que la consecuencia de los actos se traduce únicamente en sujetar a las partes a continuar con la tramitación del juicio de origen por sus etapas correspondientes al haberse tenido por contestada la demanda reconvencional, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo. Por lo que, será hasta el dictado del fallo definitivo en el juicio de origen, cuando esos actos estrechamente relacionados entre sí pudieran tener como consecuencia una afectación material a derechos sustantivos de la recurrente, si la sentencia es adversa a sus intereses. Así entonces, esos actos no colman los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, ya que no constituyen una violación de carácter irreparable, en virtud de que sólo tienen efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es así, porque en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de la afectación que se reclama desaparezcan en caso de que la parte que se dice agraviada obtenga un resultado favorable a sus intereses en el procedimiento natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se señaló, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. En tales condiciones, es evidente que no se está en presencia de actos de imposible reparación pues no se vulnera ningún derecho sustantivo del accionante, como lo sería la propiedad, posesión o la libertad, menos aún su derecho de defensa en el asunto de origen. Al respecto, es de citarse la tesis de jurisprudencia número 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tal razón, los actos señalados como reclamados, deben combatirse cuando se impugne la sentencia definitiva o fallo que ponga fin al juicio, por ser de los reconocidos, en caso, de que así fuera, como una violación al procedimiento, en términos de los artículos 172, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que los criterios invocados no se contraponen a las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo; por tanto, continúan vigentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. 4.1 Improcedencia del amparo sobre la norma reclamada. Por otra parte, se tiene que el quejoso también señaló como acto reclamado la promulgación del artículo 399 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, porque en su concepto atenta contra el principio de igualdad, equidad y continuidad, al considerar que en los casos de darse la reconvención de la demanda principal, debe establecerse que resulta innecesario emplazar a la parte reconvenida. Como se puede apreciar, el reclamo que realiza la parte quejosa en torno a esa norma procesal, se encuentra estrechamente vinculado con los anteriores actos reclamados, es decir, con el emplazamiento a la parte demandada reconvencional y que en su opinión permitió que se le tuviera contestando en tiempo y forma la reconvención. Sin embargo, respecto de aquellos actos reclamados en los que el precepto tildado de inconstitucional tiene su acto de aplicación, la demanda de amparo se considera improcedente, Ante ello, resulta conveniente precisar que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente de amparo y no la ley o reglamento. Así, la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro; de ahí que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento. Por lo que, si el quejoso reclamó la promulgación del artículo 399 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, aplicado según refiere a través de los restantes actos reclamados, al resultar improcedente el juicio de amparo por lo que a aquellos se refiere, por vía de consecuencia, la ley debe correr idéntica suerte, al estar estrechamente vinculados los actos y no poder desvincularse el uno con el otro, pues es precisamente el acto de aplicación el que causa perjuicio al promovente y no la ley en sí. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios jurisprudenciales emitidos sobre ese tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia invocadas.
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