Santiago Santana Gallardo Gutierrez

Expediente 2014/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2014/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2018

Partes del expediente

  • Santiago Santana Gallardo Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el comunicado de cuenta signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad, a través del cual en atención al oficio 45238/2018, por el que le fue solicitado el expediente agrario 75/2014 de su índice, a fin de que el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, se encuentre en aptitud de resolver el recurso de revisión interpuesto en autos; al respecto refiere que dicho expediente fue enviado a este órgano jurisdiccional como apoyo al informe justificado rendido en el diverso juicio de amparo 638/2018, por lo que solicita la devolución del mismo. Atento a lo anterior, hágase saber a la autoridad responsable, que una vez revisados los autos que integran el juicio de amparo 638/2018 del índice de este Juzgado, se advierte que dichas documentales no fueron remitidas al citado sumario constitucional. **

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, en particular el proveído de quince de junio del año en curso (foja 59), mediante el cual se reservó proveer respecto a las pruebas testimonial e inspección ocular ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto se encontraran debidamente emplazadas la totalidad de las partes en el presente juicio de garantías. Por tanto, con fundamento en lo previsto por el segundo párrafo, del artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se admite dicha prueba testimonial, a cargo de los testigos *** mismos que la parte quejosa se compromete a presentarlos debidamente identificados el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo; apercibido que en caso de no presentarlos en los términos indicados sin causa justificada se tendrá por desierta dicha prueba, por falta de interés; por lo que, con fundamento en los artículos 167 y 174 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del arábigo 2°, córrase traslado a las partes con las copias simples del interrogatorio sobre el cual versará la prueba en mención; además, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, presenten su pliego de repreguntas, si quisieran hacerlo, sin perjuicio de que puedan formularlas directamente en la diligencia, previa calificación de las preguntas y repreguntas que se hagan en su caso. Por otra parte, la parte quejosa, ofreció prueba de inspección judicial consistente en la inspección ocular que habrá de practicar el funcionario judicial en el domicilio donde se llevó a cabo el emplazamiento de la quejosa, el cual se encuentra ubicado en *** referente a que se de fe de los puntos que se precisan en su ocurso de cuenta; se admite parcialmente la misma, únicamente por lo que atañe a los incisos a, c, d, y e; con la precisión de que los puntos marcados bajo los incisos b, f y g, se desechan por su falta de idoneidad para el objeto de que se plantea, según se precisa en el párrafo siguiente. Se dice lo anterior, toda vez que la parte quejosa con dicha prueba pretende acreditar que la notificación y emplazamiento, fueron ilegalmente realizados, pues a su decir, el actuario notificador no se cercioró que en ese domicilio no habita ni tiene su negocio la persona jurídica que representa; sin embargo, de los puntos sobre los cuales versa dicha prueba se advierte que los antes indicados - b, f y g -, pueden ser desahogados con diverso medio de prueba como la testimonial y, otros, inclusive como la documental, pues el funcionario judicial que se designe para desahogar la inspección únicamente puede dar fe de todo aquello que pueda apreciar con sus sentidos en relación a las peticiones que formula el quejoso; por ende, no puede realizar cualquier apreciación o consideración valorativa; de ahí que, es inconcuso que la inspección judicial no es el medio de convicción apto para lograr el objeto planteado respecto de los mencionados puntos, pues, en el caso, las probanzas testimonial y documental serían las idóneas. Cobra aplicación, la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, en su actualización de dos mil uno, cuyo rubro y texto señalan: "***Por tanto, con fundamento en el arábigo 119 de la Ley de la Materia, córrase traslado a las partes con las copias simples de los puntos sobre los que versará la prueba de inspección judicial del inmueble de que se trata; además, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva, si a su interés legal conviene, amplíen los puntos sobre los que versará el medio de convicción en cita En la inteligencia de que, una vez transcurrido el término otorgado en el párrafo que antecede y no hubieren ampliado los puntos estipulados por la parte quejosa, se entenderá su desinterés y se proveerá lo relativo para su desahogo, en los términos anunciados por la parte quejosa. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. *

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo en vigor, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinte de agosto del presente año (fojas 59 a 83). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepic, Nayarit, por conducto de quien legalmente lo represente, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico del tesorero responsable, para que le ordene a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá a cada una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por Ernesto Iván Arias Álvarez, en su carácter de autorizado en términos restringidos de la parte promovente del presente juicio de garantías Leticia Gastélum Lomelí, representación que se le reconoció por auto de veinticuatro de abril del año en curso (fojas 20 y 21), a través del cual solicita se declare ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se requiera a la autoridad responsable el cumplimiento dado a dicha determinación. Sin embargo, debe decirse que con independencia que de párrafos precedentes se aprecia que se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en el presente sumario, lo cierto es que el promovente carece de personalidad para promover en este sumario constitucional, ya que si bien en el escrito inicial de demanda se le designó como autorizado de la parte quejosa, lo cierto es que lo fue en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; es decir, sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y no en términos amplios, ello por así haberlo solicitado el promovente; de ahí que, no se encuentre facultado para promover a nombre del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable a página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "***

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