SANTIAGO SAHAGÚN HERNÁNDEZ y Otros.

Expediente 2291/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2291/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Santiago Sahagún Hernández
  • SANTIAGO SAHAGÚN HERNÁNDEZ y Otros.
  • MARÍA SAHAGÚN HERNÁNDEZ y Otros.
  • Alba Elena Hernández Acedo
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • ALBA ELENA HERNÁNDEZ ACEDO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el dieciocho de febrero del año en curso, el representante legal de la responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de febrero de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XXXII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como los arábigos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a los quejosos María Sahagún Hernández, Santiago Sahagún Hernández y Alba Elena Hernández Acedo, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $123,931.68 pesos por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de documento otorgado fuera de territorio del estado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de los conceptos que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional." Luego, en auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se recibió la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, donde dicho tribunal desechó el recurso de revisión intentado por la responsable denominada Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y se requirió por el cumplimiento al ente denominado Recaudador de Rentas de la secretaría en comento y al superior jerárquico indicado en dicho proveído. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A). Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracciones I y XXXIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para que las autoridades responsables no apliquen a los quejosos María Sahagún Hernández, Santiago Sahagún Hernández y Alba Elena Hernández Acedo, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas; B). Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devolviera a la parte quejosa la cantidad de $123,931.68 pesos por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de documento otorgado fuera de territorio del estado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; sin relevar de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de los conceptos que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales; además, devolver la cantidad correspondiente debidamente actualizada. Así, mediante oficio signado por la delegada de las autoridades responsables pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que se había efectuado a la parte quejosa transferencia por el monto total de $127,096.89 (ciento veintisiete mil noventa y seis pesos 89/100 moneda nacional). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $123,931.68 (ciento veintitrés mil novecientos treinta y un pesos 68/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $128,837.29 (ciento veintiocho mil ochocientos treinta y siete pesos 29/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal no ha sido devuelta en su totalidad. Luego, para mayor comprensión de la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el uno de noviembre de dos mil dieciocho, y la responsable efectuó la devolución de la cantidad indicada a la parte quejosa el treinta y uno de enero de dos mil veinte, por la cantidad de $127,096.89 (ciento veintisiete mil noventa y seis pesos 89/100 moneda nacional). Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho al mes de diciembre de dos mil diecinueve. Lo anterior es así, toda vez que el diecisiete de diciembre de ese año, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que con motivo del cierre del ejercicio fiscal, por disposición del artículo 22 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Estado de Nayarit y derivado del período vacacional se habían cancelado todos los movimientos de pago, hasta la apertura del presupuesto del ejercicio fiscal dos mil veinte; luego, el diez de enero de dos mil veinte, dicha delegada informó que los datos requeridos de la parte quejosa, había sido remitidos a la Dirección General de Tesorería de dicha dependencia, para su trámite. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el octubre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de diciembre de dos mil diecinueve; esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440; y para el mes de diciembre de dos mil diecinueve fue de 105.934. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.044302050473186. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $123,371.68 (ciento veintitrés mil trescientos setenta y un pesos 68/100 moneda nacional), (cantidad que resulta de descontar la obligación de la cuota mínima por cada uno de los conceptos que se establecieron en el recibo de pago) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $128,837.29 (ciento veintiocho mil ochocientos treinta y siete pesos 29/100 moneda nacional); por lo que, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $5,465.54 (cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 54/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $127,096.89 (ciento veintisiete mil noventa y seis pesos 89/100 moneda nacional); es decir, tuvo un faltante de $1,740.40 (mil setecientos cuarenta pesos 40/100 moneda nacional). Sin embargo, por proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se le requirió por dicho faltante. Posteriormente, por oficio y anexo recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho de febrero de este año, el Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director General Jurídico, informó el cumplimiento total a la resolución de amparo. Ello, porque adjuntó los documentos con que acreditó haber efectuado a la parte quejosa transferencia por el monto de $580.13 (quinientos ochenta pesos 13/100 moneda nacional), a cada uno de los quejosos, danto un total de $1,740.39 (mil setecientos cuarenta pesos 39/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio por un aparte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/1/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con la circular CAP/3/2020, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero dos mil veintiuno, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/1/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. En este expediente se encuentra en etapa de ejecución. Ello, en razón de que se encentra pendiente de que la autoridad responsable dé cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. SE AGREGA OFCIO. Téngase por recibido el libelo signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en vías de cumplimiento a la sentencia amparadora, solicita lo siguiente: 1. Se requiera a la parte quejosa a efecto de que proporcione los datos referidos en el oficio de mérito, para estar en posibilidades de acatar la ejecutoria de amparo. 2. Se le otorgue un término de quince días contados a partir de la recepción de dichos documentos para dar cumplimiento al fallo protector. Ahora, respecto a lo que pide la autoridad oficiante en el punto número uno, dígase que por auto de trece de enero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio ********************, de diez de enero de ese mismo año, signado por la delegada de la autoridad responsabledel Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, quien informó que remitió a la Dirección General de Tesorería, los datos proporcionados por el quejoso, para efecto de llevar a cabo la trasferencia correspondiente. Así también, por auto de seis de febrero de dos mil veinte, la citada autoridad mediante oficio ********************de treinta y uno de enero de dos mil veinte, remitió en cumplimiento a la sentencia de amparo, copia de la transferencia efectuada a la parte aquí quejosa, mismas que refirió amparaban la cantidad condenada en autos; de ahí que se advierte que dicho ente responsable cuenta con los datos necesarios para devolver a la quejosa la cantidad faltante que le fue requerida por este Juzgado. Por otro lado, en atención a lo solicitado por el ente responsable en el punto número dos, respecto de la prórroga solicitada, dígasele que se le concede una prórroga de cinco días, contados a partir de que reciba el oficio que derive del presente acuerdo, a fin de que dé cumplimiento al fallo protector emitido. En la inteligencia de que continúan vigentes los apercibimientos efectuados en autos. 6. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 6.1. Por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas. 6.2. Por lista a la parte quejosa, la que deberá publicarse en la entrada de este juzgado. Notifíquese en los términos indicados.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el proveído de veintiocho de noviembre del año en curso (foja 170), a través del cual se requirió a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días, diera cumplimiento al fallo protector concedido en autos, sin que hasta la fecha haya dado acatamiento con el mismo. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de veintiocho de noviembre del presente año. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Delegada de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. No pasa inadvertido que el ocurso de cuenta se encuentre dirigido al sumario 1649/2019; sin embargo, de su contenido se desprende que corresponde a este expediente, de ahí que se considere un error de precisión. Notifíquese.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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