Santiago Rojas Ortiz

Expediente 579/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
579/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Santiago Rojas Ortiz
  • Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales (Presidente, Secretario Y Tesorero) de Tenencia de Huáncito Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de enero de dos mil veintitrés. Incorpórese al sumario el escrito signado por Ma. Eugenia Ordaz Ruiz, apoderada jurídica del quejoso Santiago Rojas Ortiz; y en su atención, como lo solicita, hágase la devolución de los documentos que indica, toda vez que en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, la sentencia dictada en este juicio, causó ejecutoria. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las constancias que solicita, previa razón de recibo que se deje en autos para debida constancia. Finalmente, se tienen como autorizados para recibir los documentos y las copias que solicita, a las personas que indica en su ocurso. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria Iván Paredes Escobar, quien da fe.

  2. Principal

    En dieciocho de enero de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el folio 577. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos, para que obre como corresponda el escrito signado por Ranulfo Torres Aguilar; en su atención, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a acordar favorablemente a su petición, virtud a que no cuenta con carácter reconocido dentro del presente juicio, ni le han sido conferidas por las partes las facultades amplias a que se refiere el precepto legal citado. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.

  3. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos del diecisiete de enero de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria María Teresa Torres Espinoza, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 579/2021, en atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acordes al Acuerdo General 20/2021. Posteriormente, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al juez con las documentales, ofrecidas por la promovente de amparo en su escrito de demanda. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, formuló pedimento ministerial; mientras que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la representante social citada expresando alegatos y al resto de las partes por precluido su derecho de formularlos. En consecuencia, al no existir más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo 579/2021, promovido por Ma. Eugenia Ordaz Ruíz, en representación de Santiago Rojas Ortiz, contra actos de los Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales (Presidente, Secretario y Tesorero), de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, Ma. Eugenia Ordaz Ruíz, en representación de Santiago Rojas Ortiz, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades: "III.- Como responsable señaló a los Ciudadanos Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales (Presidente, Secretario y Tesorero); y, Jefe de Tenencia de Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán;. IV.- Reclamo de las responsables señaladas actos de discriminación en perjuicio de mi mandante, por la razón que él, es originario de la comunidad étnica de Cherán, Michoacán, esto es, originario de la región de la meseta Tarasca, y no de la localidad de Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán". El promovente precisó que se violaron los derechos humanos de su representado reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 22 constitucionales; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el veinte de octubre de dos mil veintiuno; y en auto de esa misma data, se ordenó registrarla con el expediente 579/2021 (fojas 56 a 61), previno a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, manifestara bajo protesta de decir verdad, cual era específicamente el acto que reclamaba a cada uno de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y al Jefe de Tenencia, de la población de Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo. Asimismo, para que precisara, en qué consistía el acto reclamado que señalaba como violatorio del artículo 22 de la Constitución Federal, así como la autoridad o autoridades a quienes concretamente se los atribuía. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda. Mediante escrito presentado ante este órgano de control constitucional, el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno (fojas 63 a 66), la promovente expuso: ".Ahora bien, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO que de manera específica reclamé de cada una autoridad a quien señalé como responsable del acto, lo siguiente: 1°.- Quiero aclarar que si bien es cierto que al señalar como responsables a los Ciudadanos Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales (Presidente, Secretario y Tesorero)," esto fue con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Agraria, además, el quejoso directo ignora si existe una reglamento interno en la Comunidad que especifique las funciones de cada integrante, es por ello, insisto, que el acto reclamado se le atribuyó al Comisariado de Bienes Comunales como un solo "Ente", y de manera concreta el acto que se le reclama a dicha autoridad, es el siguiente: La discriminación por su origen étnico, ya que mi mandante nació en la Comunidad Indígena de Cherán, Michoacán, como quedó probado con la copia certificada de su acta de nacimiento que adjunté a la demanda de inicio; ya que el quejoso directo fue obligado a abandonar su domicilio por no haber nacido en la Comunidad Indígena de Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán, además de haber sido amenazado de muerte.. 2°.- Del Jefe de Tenencia de la Comunidad de Háncito, Municipio de Chilchota, Michoacán, reclama mi mandante: El cobro inusitado de la cantidad de 750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de aportación o cooperación para la celebración anual de la fiesta patronal, ya que dicha cantidad no corresponde a la tarifa; aportación económica para la procesión de cuaresma, aportación para la celebración de la fiesta de la asunción; para la celebración de la fiesta de octava Corpus; para la celebración del grito de independencia; para la celebración de la fiesta de todos los Santos; aportación para aguinaldos; 24 faenas al año como multa por inasistencia al año; mantenimiento de agua potable al año. En auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a Ma. Eugenia Ordaz Ruíz, dando cumplimiento a la prevención realizada; por lo que, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reservó proveer respecto de la existencia de terceros interesados hasta en tanto obraran en autos los informes justificados; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto de ejecución en la población de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual, este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda, así como de su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa Ma. Eugenia Ordaz Ruíz, en representación de Santiago Rojas Ortiz, reclama: Del Representante, Secretario del Representante y Tesorero del Representante de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo: Actos de discriminación por razón de raza cometidos contra el quejoso Santiago Rojas Ortiz. Del Jefe de Tenencia de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo: El cobro de la suma de setecientos cincuenta mil pesos, por concepto de aportación para la celebración anual de la fiesta patronal, procesión de cuaresma, celebración de la fiesta de asunción, fiesta de octava de corpus, grito de la independencia, celebración de todos los santos, de aguinaldo, veinticuatro faenas al año como multa por inasistencia, y mantenimiento de agua potable. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En esta instancia constitucional, como se precisó, la parte quejosa reclama de los Integrantes (Representante, Secretario del Representante y Tesorero del Representante) de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo, actos de discriminación por razón de raza cometidos contra el quejoso Santiago Rojas Ortiz. Asimismo, reclama del Jefe de Tenencia de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo, el cobro de la suma de setecientos cincuenta mil pesos, por concepto de aportación para la celebración anual de la fiesta patronal, procesión de cuaresma, celebración de la fiesta de asunción, fiesta de octava de corpus, grito de la independencia, celebración de todos los santos, de aguinaldo, veinticuatro faenas al año como multa por inasistencia, y mantenimiento de agua potable. En su escrito de demanda, expuso, que el doce de octubre de dos mil veintiuno, aproximadamente entre las once y doce del día, llegaron a su domicilio los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y el Jefe de Tenencia de la población de Huáncito, municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo. Indicó que, en ese momento albañiles realizaban una obra de remodelación en su domicilio; y de viva voz las responsables le dijeron que tenía que largarse del lugar, porque era "indio de otra tierra"; además, que debía pagar la cantidad de setecientos cincuenta mil pesos por concepto de aportación a fiestas patronales y demás eventos; y que si de alguna manera podía ser aceptado en la comunidad era que tenía que pagar por cada inmueble que tuviera la cantidad de tres mil pesos. Señaló que, las autoridades responsables lo amenazaron que si no pagaba la cantidad de setecientos cincuenta mil pesos, no garantizaban su vida. Al respecto, el Representante, el Secretario del Representante y el Tesorero del Representante de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 100, 97 y 103). En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales la citada autoridad al rendir su informe justificado negó su existencia, correspondía a la quejosa acreditarlo, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esas negativas. Dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción del que se desprenda que las responsables cometieron los actos de discriminación alegados por el quejoso, ya que no ofreció, ni desahogó medio de convicción eficaz para acreditar tales cuestiones. En efecto, la parte quejosa exhibió junto a su escrito de demanda, los siguientes documentos: Tres comprobantes de recibo de pago, expedidos por la Tesorería de Chilchota, Michoacán, de los que se advierte que Santiago Rojas Ortiz, pagó las cuotas correspondientes al impuesto predial y recargados respecto de los inmuebles con cuenta predial números 01-1702-2-114415, 01-1702-1-003754 y 01-1702-1-000987 (fojas10 a 12). Copia certificada del acta de nacimiento de Santiago Rojas Ortiz, expedida por el Director del Registro Civil en Michoacán, de la cual se advierte que nació el veinticinco de julio de mil novecientos cincuenta y ocho en Cherán, Michoacán (foja 13). Copias certificadas del testimonio que contiene la resolución correspondiente al procedimiento que sobre diligencias de información testimonial ad-perpetuam para suplir título escrito de dominio, expediente 976/95, ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo, promovidas por Santiago Rojas Ortiz, respecto de una fracción poniente de la finca urbana ubicada en la calle de Pino Suarez, número veintidós, de Huáncito, tenencia del municipio de Chilchota, Michoacán (fojas 20 a 36). Copias certificadas del testimonio autorizado de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, número 219/2002, que sobre información testimonial ad-perpetuam para suplir título escrito de dominio promovió Santiago Rojas Ortiz (fojas 38 a 47). Escritura privada número siete mil ochocientos cuarenta y siete, de quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro, relativa al contrato de compraventa de una fracción de inmueble, respecto del predio rústico denominado "Prexaro", ubicado en la tenencia del Municipio de Chilchota, Michoacán, otorgada por Carmen Macias Hernández, en favor de Santiago Rojas Ortiz (fojas 48 a 55 del tomo de pruebas). Las documentales de referencia merecen pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos documental que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin embargo, no son aptos para acreditar los actos de discriminación alegados por la parte quejosa. Lo anterior es así, pues por lo que respecta a la copia certificada del acta de nacimiento de Santiago Rojas Ortiz (foja 13), únicamente acredita el estado civil de las personas, así como que nació el veinticinco de julio de mil novecientos cincuenta y ocho en Cherán, Michoacán (foja 13). Por lo que respecta, a los documentos descritos en los apartados 3 al 5, únicamente acreditan los traslados de dominio respecto de los bienes inmuebles ahí descritos en favor de Santiago Rojas Ortiz. Mientras que de los comprobantes de recibos de pago descritos en el apartado 1, únicamente se acredita que el aquí quejoso realizó los pagos del impuesto predial respecto de los bienes cuya cuenta predial ahí se indica. Empero, ninguna evidencia arrojan respecto de la existencia de los actos de discriminación que dice Santiago Rojas Ortiz sufrió por parte del Representante, Secretario del Representante y del Tesorero del Representante de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo; tampoco de los actos que dice el quejoso ocurrieron el doce de octubre de dos mil veintiuno. Luego, si las autoridades indicadas negaron el acto de discriminación que se le atribuye, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de la autoridad no fue desvirtuada. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado al Jefe de Tenencia de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo, consistente en el cobro de la suma de setecientos cincuenta mil pesos, por concepto de aportación para la celebración anual de la fiesta patronal, procesión de cuaresma, celebración de la fiesta de asunción, fiesta de octava de corpus, grito de la independencia, celebración de todos los santos, de aguinaldo, veinticuatro faenas al año como multa por inasistencia, y mantenimiento de agua potable. Al respecto, dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que el oficio con el que le fue solicitado el informe de ley, se entregó el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, tal y como se advierte del aviso de entrega del servicio de mensajería con el que se remitió. Sin embargo, no es dable presumir cierto la existencia del acto de referencia. Lo anterior es así, pues como quedó evidenciado en párrafos precedentes, el quejoso no acreditó la existencia de los actos de discriminación de los que dice fue víctima por parte de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, municipio de Chilchota, lo que resulta relevante tomando en consideración que dichos actos, están estrechamente relacionados con el cobro de dinero que le atribuye al Jefe de Tenencia señalado como responsable, al haber ocurrido en el mismo evento (doce de octubre de dos mil veintiuno). Asimismo, de las constancias del presente juicio de amparo, tampoco se advierte la existencia de dato alguno que revele la existencia del cobro reclamado. Sin que pase desapercibido que con el escrito de aclaración de demanda la parte quejosa exhibió copia simple de un documento signado por el Jefe de Tenencia, el Representante Comunal y el Juez Menor de Tenencia, todos de la Tenencia de San Sebastián Huáncito, municipio de Chilchota (foja 67), que contiene un pliego de derechos y obligaciones para todos los ciudadanos que residen o se encuentran fuera de la población y acrediten ser propietarios de los bienes inmuebles que se encuentren dentro de la jurisdicción de esa localidad, entre las que se encuentra una serie de cuotas por concepto de aportación para la celebración de fiesta patronal de veinte de enero, la procesión de cuaresma, del desfile de primavera, entre otros. Empero, dicho documento no es eficaz para acreditar la existencia del cobro de la cantidad de setecientos cincuenta mil pesos, que el quejoso reclama del Jefe de Tenencia de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo. Lo anterior, porque se trata de una copia fotostática simple que carecen de valor probatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tal como lo establece su precepto 2°, atendido a su naturaleza y a que no obra en autos otro elemento que, relacionado con aquélla, pudiera generar convicción de que el acto reclamado exista. Es aplicable, la jurisprudencia 3ª./J. 3/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NO TIENEN VALOR PROBATORIO Y EL JUEZ NO DEBE ORDENAR DE OFICIO SU COTEJO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, aun cuando no hubiesen sido objetadas ni puesto en duda su exactitud, pues esa objeción resulta innecesaria para negarles el valor de que legalmente carecen, no estando facultado el juez federal, ante la exhibición de copias de esa naturaleza, para ordenar, de oficio, su cotejo, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo". De ahí que las pruebas reseñadas no acrediten la existencia de los actos reclamados de los Integrantes (Representante, Secretario del Representante y Tesorero del Representante) de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo, consistente en actos de discriminación por razón de raza cometidos contra el quejoso Santiago Rojas Ortiz. Así, como del Jefe de Tenencia de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo, consistente en el cobro de la suma de setecientos cincuenta mil pesos, por concepto de aportación para la celebración anual de la fiesta patronal, procesión de cuaresma, celebración de la fiesta de asunción, fiesta de octava de corpus, grito de la independencia, celebración de todos los santos, de aguinaldo, veinticuatro faenas al año como multa por inasistencia, y mantenimiento de agua potable. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de juicio. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dicen SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Alegatos. En otro aspecto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la fiscal adscrita a este juzgado; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Eugenia Ordaz Ruíz, en representación de Santiago Rojas Ortiz, contra los actos que reclamó de las autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.

  4. Principal

    En veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Del estado que guardan los autos, se advierte que, en proveído de diez de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con los informes justificados de las autoridades responsables Representante, Secretario y, Tesorero de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de San Sebastián Huáncito, Municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo; por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los referidos informes. En consecuencia, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL programada para el día de hoy, señalándose en su lugar las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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