Santiago Moreno Velazquez

Expediente 12/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
12/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Santiago Moreno Velazquez
  • Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Michoacán de Ocampo, Uruapan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. Resolución y efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: Con base en el estudio de las constancias del expediente de origen, declare el cierre de instrucción y hecho lo anterior, dentro de los diez días siguientes, formule por escrito el proyecto de laudo a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Causa ejecutoria. Una vez que la sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector: La citada autoridad responsable realizó lo siguiente: En proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, declaró cerrado el periodo de instrucción y dejó los autos del expediente en estado de emitir el proyecto de laudo. El diez de marzo de dos mil veintitrés, formuló por escrito el proyecto de laudo y por auto de esa misma fecha, ordenó entregar una copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Finalmente, el veinticuatro de marzo del año en curso, celebró la audiencia de discusión y votación del proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, por ende, se elevó a la categoría de laudo. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales del quejoso, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    En veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo el folio 3930. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.********************1. SE RECIBE OFICIO. Agréguese a los autos, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Uruapan, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia del laudo dictado el pasado veinticuatro del mes y año en curso, dentro del expediente ordinario laboral J-Vll-417/2016, de su índice.********************2. SE DA VISTA A LAS PARTES. Con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, dese vista a la partes, para que dentro del término de TRES DÍAS, manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, este órgano de control constitucional con desahogo de la vista o sin ella, se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    En diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió de la siguiente forma:****************************************Del tres al dieciséis de marzo del dos mil veintitrés, toda vez que fue notificado mediante lista de acuerdos el uno del mes y año en curso.****************************************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.****************************************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.********************1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Ahora, de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, se aprecia que el efecto de concesión es el siguiente:********************"SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO.********************Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo a la parte quejosa, es a efecto que la autoridad responsable Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad de Uruapan:********************Con base en el estudio de las constancias del expediente de origen, declare el cierre de instrucción y hecho lo anterior, dentro de los diez días siguientes, formule por escrito el proyecto de laudo a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. ****************************************Cabe precisar que el amparo y protección de la Justicia concedido no es extensivo para los actos posteriores a los antes analizados, ya que los alcances de la concesión del amparo deben de limitarse en función de los actos reclamados y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúan dichos actos dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo".********************3. REQUERIMIENTO. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Uruapan, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, se sirvan cumplir con la sentencia de mérito, de la cual oportunamente se les envió copia certificada; lo que deberán hacer del conocimiento, por una sola vía, al correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx.********************Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el seis de enero de dos mil veintitrés, Santiago Moreno Velázquez, por conducto de su apoderado jurídico Jorge Ahuizotl Núñez Aguilar, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "3.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene ese carácter: LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SIETE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN; . 4.- ACTOS RECLAMADOS: Tienen ese carácter: La OMISIÓN de la autoridad responsable de emitir el acuerdo correspondiente en los plazos previstos por la ley. Quedando el expediente en un estado de inmovilidad procesal, con la consecuente afectación a la parte actora". La promovente expuso que se violó en su perjuicio el derecho humano de legalidad reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El seis de enero de dos mil veintitrés, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y el nueve del mismo mes y año, se registró con número de expediente 12/2023; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021; lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos omisivos dentro de juicio por parte de un tribunal de trabajo, y presentó la demanda en esta ciudad, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción . SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo: La omisión de emitir el acuerdo de cierre de instrucción y dictar laudo definitivo dentro del juicio J-VII-417/2016, promovido por Santiago Moreno Velázquez, frente a Agroservicios Orgánicos Abwornd Sociedad Anónima de Capital Variable y otros. TERCERO. CERTEZA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Es cierta la omisión reclamada a la Junta Especial Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias relativas al juicio laboral de origen; documental con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Del estudio oficioso de las causas de improcedencia, que exige el artículo 62 de la Ley de Amparo , en el presente asunto no se advierte actualizada ninguna de ellas, ni tampoco fueron hechas valer por las partes. Tiene sustento, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Virtud a lo anterior, procede analizar los conceptos de violación expuestos. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. La quejosa aduce que la responsable ha vulnerado en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia, establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los términos procesales que la Ley Federal del Trabajo ordena, en virtud de que no emite el laudo en el plazo razonable. Dicho concepto de violación es fundado, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón a que el presente asunto versa sobre materia laboral y el impetrante es el trabajador. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 39/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 333, Tomo II, Septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 200727, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones." El artículo 17, segundo párrafo constitucional, dispone: En cuanto a la Constitución Federal, en lo conducente establece: "Artículo. 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Por su parte, los numerales 884, 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la vigente (aplicable al caso de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la actual), establece lo siguiente: "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito". Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley". Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Del citado artículo constitucional, se arriba a las siguientes conclusiones: a) En esa norma constitucional se tutela a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. b) Entre los diversos derechos fundamentales que se prevén en el citado precepto está el relativo al acceso efectivo a la administración de justicia; debiendo precisar que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. c) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. d) Los plazos y términos que se establezcan en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido se deben encontrar justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. e) Ante tales elementos, resulta inconcuso que en el artículo 17 constitucional se tutela a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el de acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso en el cual, se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes, para tal efecto; pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que no se puede ejercer al margen de los cauces establecidos por el legislador. De una interpretación armónica de dicha norma constitucional con los diversos numerales 884, 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, se observa que, la Junta al concluir el desahogo de las pruebas, concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito y que una vez formulados éstos, previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. Es decir, en caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta; dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. Enseguida, la Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Transcurrido el término el término de ocho días, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006, interpretó la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde, esencialmente, definió que la violación a dicha garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, con dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En el caso, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el juicio se siguió en rebeldía por la parte patronal, que se solicitó la apertura de alegatos y cierre de instrucción, que para el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable emite oficios para mejor proveer y estar en condiciones de conocer la identidad del responsable de la relación laboral con el trabajador y que después de ello, no ha emitido el laudo, a pesar de haber transcurrido ya más de dos años, ocasionándole que la impartición de justicia en el tribunal sea excesivamente lento afectándole sus derechos constitucionales como trabajador. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias del expediente J-VII-417/2016, con el valor probatorio previamente conferido, del que se advierte que una vez emplazada la parte demandada, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Siguiendo con el trámite, el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se concedió a las partes, el término legal de dos días hábiles a efecto de que formularan sus respectivos alegatos con el apercibimiento legal de que en caso de no hacer manifestación alguna se les tendría por no formulados los mismos, notificación que se realizó de forma personal al apoderado jurídico de la parte actora y por lista a la demandada. Enseguida, el seis de noviembre de dos mil diecinueve, el Presidente de la Junta responsable emitió un acuerdo que dice: " JUNTA ESPECIAL NÚMERO SIETE. EXPEDIENTE NÚMERO ORD. J-VII-421/2016 ALONDRA MARBELLA CUIRIZ RODRÍGUEZ VS JUAN DE DIOS ALMONTE Y OTROS ASUNTO: SE EMITE ACUERDO. Uruapan, Michoacán, 06 seis de noviembre del año 2019, dos mil diecinueve. LA JUNTA ACUERDA: I. Tomando en consideración que para la parte actora y demandada a la fecha de hoy no dieron cumplimiento al requerimiento hecho en acuerdo de fecha 04 cuatro de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, a efecto de que formularan sus respectivos alegatos, es por ello que se tiene por no realizando los mismos y por perdido su derecho para hacerlo con posterioridad; II. EL LIC. MANUEL AYALA REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SIETE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CERTIFICA: QUE DENTRO DEL PRESENTE EXPEDIENTE NO QUEDAN PRUEBAS PENDIENTES POR DESAHOGAR, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA LEGAL. III. Vista la certificación que antecede y con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término legal de 03 TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta sus efectos la notificación que del presente, se realice, manifiesten su conformidad con la certificación que antecede, APERCIBIDAS que en caso de no hacerlo dentro del término concedido, si hubiere pruebas por desahogar se les tendrá por desistidos de las mismas; IV.- Se COMISIONA al actuario de la adscripción para que con copia autorizada del presente proveído se sirva NOTIFICAR, ENTERAR Y APERCIBIR a las partes ACTORA y DEMANDADA en su domicilio señalado en autos para tal efecto y en caso de no tenerlo, en términos del artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así y con fundamento en los artículos 17, 18, 19, 620, 685, 721, 741, 742, 743 y 870 al 883 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, lo acuerda y firma. ". Dicha determinación se ordenó notificar a las partes mediante lista. Por escritos presentados en fechas diecisiete de junio y siete de julio de dos mil veintiuno, el apoderado jurídico de la parte actora solicitó la continuación del juicio, y adicionalmente en el último de los escritos se realizara la investigación tendiente a conocer el nombre correcto del trabajador (sic), pues señaló que al parecer el nombre de la empresa es "AvoWorld Internacional de México o Avo World", a fin de estar en condiciones de determinar correctamente al responsable de la relación laboral con el trabajador actor. Mediante acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta de Conciliación responsable, en atención al escrito del actor, proveyó que se hace la aclaración al auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual esa actuante asentó erróneamente número de expediente así como las partes que integran el juicio, siendo lo correcto: EXPEDIENTE NUMERO ORD. 417/2016 SANTIAGO MORENO VELÁZQUEZ VS AGROSERVICIOS ORGÁNICOS ABWORND S.A DE C.V y otros, aclaración que hizo para todos los efectos legales a que hubiera lugar; en cuanto al nombre de la patronal, señaló que debe estarse al auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve. De dichos antecedentes se reitera que es fundado el motivo de inconformidad, pues ciertamente la autoridad responsable transgrede en su perjuicio la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que a la fecha ha incumplido con su obligación de declarar cerrada la instrucción, como lo exige el segundo párrafo del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior es así, pues existe certificación por parte del Secretario de la Junta Local, quien hizo constar que en el juicio ordinario seguido por el trabajador hoy quejoso Santiago Moreno Velázquez, ya no quedan pruebas por desahogar, con la que se dio vista a las partes por el término de tres días para que expresaran su conformidad con dicha certificación, sin que ninguna de ellas haya expresado ni acreditado que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron; por lo que, de conformidad con el artículo 885 de la referida ley, le correspondía la obligación de proceder, de oficio, hacer la declaratoria de cierre de instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formular por escrito el proyecto de laudo, actuaciones que como se ve, no se han emitido desde el seis de noviembre de dos mil diecinueve; con lo que se incumple también con los principios procesales de economía, concentración y sencillez previstos por la Ley Federal del Trabajo, cuya naturaleza es de carácter social, debe garantizar la pronta e imparcial administración de justicia al sector socialmente desprotegido. Es aplicable, la jurisprudencia IV.3°.T.J/57 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito , que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". A su vez, por analogía tiene aplicación al caso, la tesis X.1°.99 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito , que indica: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EXCEDIÉNDOSE DEL TÉRMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse." Por tanto, lo procedente es CONCEDER a Santiago Moreno Velázquez, la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo a la parte quejosa, es a efecto que la autoridad responsable Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad de Uruapan:  Con base en el estudio de las constancias del expediente de origen, declare el cierre de instrucción y hecho lo anterior, dentro de los diez días siguientes, formule por escrito el proyecto de laudo a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Cabe precisar que el amparo y protección de la Justicia concedido no es extensivo para los actos posteriores a los antes analizados, ya que los alcances de la concesión del amparo deben de limitarse en función de los actos reclamados y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúan dichos actos dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis 2a. CV/2013 (10a.) que modifica la jurisprudencia 45/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Santiago Moreno Velázquez, contra el acto reclamado a la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Uruapan, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso sexto y para los efectos precisados en el correlativo séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve

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