Santiago Perez de la Cruz

Expediente 564/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
564/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Santiago Perez de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, en atención a que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo, dentro del plazo ... se declara que el auto por el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. ..ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. .. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ***********, promoviendo en su carácter de defensor particular de ********contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Itsmo, Oaxaca, fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 564/2021, por otra parte, dese de alta en el sistema correspondiente. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado ... De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de análisis de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudiesen allegar las partes al proceso. .. En el presente juicio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la disposición legal transcrita, se observa que establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en que el quejoso, previo al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. No obstante, la normativa transcrita también establece diversas excepciones al principio de definitividad, es decir, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que proceden contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." ... Sin que en el caso concreto se actualice alguna de las hipótesis mencionadas, por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que procede en contra el citado acto reclamado; ello, por las razones que a continuación se expondrán. Lo anterior se afirma en razón de que, cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, o afectaciones a la garantía de administración de justicia pronta y expedita, así como el derecho de audiencia pública, señalados en el diverso numeral 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, existe obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. En ese sentido, se impone precisar que los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicite. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Así, los artículos transcritos prevén expresamente el recurso de revocación, el cual debe agotarse previamente al juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, transcrito. Es importante destacar que, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Por lo que, se puede afirmar que contra el auto que reclama la parte quejosa, procede el recurso de revocación, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva, por lo cual, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación. Lo que en el caso cobra actualidad, ya que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 507/2019, por el cual se señala fecha para la audiencia de debate el veintidós de marzo de dos mil veintidós, es decir, se trata de una resolución de mero trámite; por tanto, resulta incuestionable que antes de la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió impugnar el auto que en esta instancia constitucional reclama, a través del recurso ordinario de revocación, de conformidad con los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, el acto reclamado no se encuentra en los casos de excepción que prevé el propio numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues estos no son de los de atención privilegiada o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de aquellos que afecten la libertad personal; no es tercero extraño, ya que es parte en el expediente de origen citado; y finalmente, la procedencia del medio de defensa citado no está sujeto a una interpretación adicional; por tanto, la parte quejosa está obligada a agotarlo, previamente, a solicitar la protección constitucional; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. En ese sentido, se reitera que aun cuando el acto reclamado cause un perjuicio irreparable, existe la obligación de agotar el recurso procedente, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, aunado a que el recurso de que se trata resulta procedente, eficaz e idóneo para obtener la pretensión de la quejosa. .. Es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113 de la ley de la materia. Infórmese a la parte quejosa que no ha lugar a tener como señalado el número de teléfono celular y correo electrónico que indica, para oír y recibir notificaciones, toda vez que dicho medio no se encuentra previsto dentro de los supuestos enunciados en los artículos 26 y 30, de la Ley de Amparo. No obstante, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 inciso II, del Acuerdo General 21/2020, se tiene por señalado el número de teléfono celular ****y correo electrónico **** únicamente para entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones como se lo impone el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágasele mediante lista de acuerdos. ..En el entendido que tiene expedito su derecho para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7, del Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del PJF, los que acudan a este órgano jurisdiccional deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, SE EXHORTA A LA PARTE QUEJOSA A QUE, DE SER POSIBLE Y NO OBSTANTE LAS PROBABLES DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA ELLO, CONTINÚE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO MEDIANTE EL ESQUEMA DE JUICIO EN LÍNEA; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrá presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62, del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. Se instruye al Secretario de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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