Santiago Pérez De la Cruz
Expediente 533/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Santiago Pérez De la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo, dentro del plazo ... se declara que el auto por el que se desechó la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes...remítase el expediente de que se trata como concluido al ARCHIVO de este órgano jurisdiccional para su resguardo. .. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito; mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo ********** del índice de este órgano jurisdiccional, asimismo, comunica el testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial *******, de su índice, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Santiago Pérez de la Cruz, en la que resolvió lo siguiente: "R E S U E L V E: PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. El Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, es competente para conocer del juicio de amparo *********** , de su índice, promovido por Santiago Pérez de la Cruz, contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, así como su ejecución a cargo del Director del Centro de Readaptación Social Número Tres, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Notifíquese; (.)" Tomando en consideración la determinación adoptada por el Tribunal de Alzada, este juzgado federal se avoca al conocimiento del presente asunto. ... el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ..Al respecto, es necesario decir que en el presente juicio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Asimismo, debe tenerse en cuenta lo preceptuado por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De los artículos transcritos, se observa que establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en que el quejoso, previo al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Por tanto, los actos contra los cuales procede el juicio de amparo, cuando derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, los que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. No obstante, la normativa transcrita también establece diversas excepciones el principio de definitividad, es decir, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que proceden contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. ..Sin que en el caso concreto se actualice una de las hipótesis mencionadas, por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que procede en contra el citado acto reclamado, con base en las razones que a continuación se expondrán. Lo anterior se afirma en razón de qué, cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, o afectaciones a la garantía de administración de justicia pronta y expedita, así como el derecho de audiencia pública, señalados en el diverso numeral 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. En ese sentido, de las precisiones realizadas por la superioridad al momento de resolver en definitiva el conflicto competencial 1/2020, se advierte que la autoridad responsable y el acto reclamado son los siguientes: .. Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La orden de traslado de veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, del Centro de Reinserción Social número 7 de Tehuantepec, Oaxaca al Centro de Readaptación Social Número Tres, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Asimismo, dicha orden de traslado fue pronunciada por la responsable en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, lo anterior es así, toda vez en la demanda de amparo la parte quejosa manifestó lo siguiente: "A) DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSBALE ORDENADORA, le reclamo LA ORDEN DE INTERNAMIENTO al Centro de Readaptación Social número 3 (TRES) de la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, estado de Oaxaca, del imputado vinculado a proceso *****, dentro de la Causa Penal número 507/2019, por la que se le dictó la Medida Cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa de manera Definitiva mientras dure el proceso, dictada en audiencia de Vinculación a Procesos en ampliación de término constitucional a la resolución de la situación jurídica del antes ya nombrado (hoy Quejoso), el día veinticuatro de noviembre del año dos mil diecinueve, por la Licenciada *********, Juez de Control (.). (.) DEL MINUTO 13:03:01 AL 1304:22, DICTA EL TRASLADO E INTERNAMIENTO VOZ DE LA JUEZ DE CONTROL: DEL MINUTO 13:03:01, EN EL CIUDADANO DENZEL JIMÉNEZ DEBERÁ SER INTERNADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA MARÍA IXCOTEL, OAXACA, Y EL CIUDADANO SANTIAGO PÉREZ DE LA CRUZ Y JONATHAN RUIZ PACHECO, DEBERÁN SER INTERNADOS EN EL CERESO 03 DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, (.)". Al respecto, se impone destacar que el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece lo siguiente: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." En ese contexto, es evidente que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues de conformidad con el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; en contra de la orden de traslado pronunciada en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal *****, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, procede el recurso de apelación el cual tiene por objeto que la determinación sea revocada, modificada o confirmada por el tribunal de alzada. Es por ello que el traslado reclamado al ser emanado de una autoridad jurisdiccional, le es aplicable el principio de definitividad, es decir, la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa previsto el numeral 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir al juicio de amparo. ...Ello es así, porque el juicio de amparo es improcedente cuando se señalan como actos reclamados, aquéllos contra los cuales el afectado pudo haber interpuesto un recurso ordinario de defensa, que podría revocarlo, modificarlo o nulificarlo; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad, la vía constitucional no es la procedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. .. Sin que en el caso concreto se haya actualizado el supuesto de excepción previsto en la última parte del inciso c) de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo anterior, toda vez que contra dichas determinaciones se cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento judicial en el que se pueden desahogar pruebas y no violentar su derecho humano de audiencia y debido proceso de la parte quejosa; lo anterior, hace que sea obligatorio el agotar el medio de defensa establecido por el multicitado numeral 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ..En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63, ambos numerales de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Asimismo, conviene precisar que esta determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en este acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en esta vía. Razón por la cual, es de mayor beneficio para la quejosa que, desde ahora, tenga conocimiento, el resultado de la procedencia de su pretensión; y así, evitarle la práctica de un trámite innecesario en atención al derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Además, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. ... Notifíquese; y personalmente mediante lista a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio 42423/2019 signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que devuelve la demanda de amparo promovida por Santiago Pérez de la Cruz, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y otra autoridad, así como siete copias de la demanda de amparo, toda vez que ese órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por este Juzgado el dieciséis de diciembre del año en curso, en consideración que estima que la orden de ingreso al Centro de Readaptación Social número tres, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se trata de un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, siendo de tracto sucesivo, porque desde la emisión de esa orden hasta su conclusión, se llevaron a cabo una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, y al quedar internado en dicho centro penitenciario se agotaron sus efectos con motivo de la ejecución. ..pues la orden que dio la Juez de Control comenzó a ejecutarse en Tehuantepec, Oaxaca, ya que en ese lugar se encuentra el centro penitenciario en el que estaba privado de su libertad el quejoso, y continuó ejecutándose en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, pues ahí está ubicado el Centro de Readaptación Social número tres, donde ahora está recluido el quejoso; motivo por el cual, estima que este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la demanda de amparo, por ser el que previno en el conocimiento del asunto. .se arriba a la conclusión que cuando se señala como acto reclamado en un juicio de amparo, una orden de traslado ya ejecutada, dicho acto encuadra,. en cuanto establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pues, como se explicó, una orden de traslado comprende tres momentos: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto y, el tercer momento es aquél por el cual se ingresa al reo en el nuevo centro de reclusión, etapa ésta con la que culmina la ejecución de la orden.. es incuestionable que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, misma que se surte a favor del similar con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, toda vez que el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en donde se ejecutó el acto reclamado, no se encuentra dentro de los municipios en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción territorial, como lo establece el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.lo es el Juez de Distrito que devuelve la demanda de amparo, entonces, siendo ello signo de conflicto competencial, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que resuelva en consecuencia. Comuníquese esta decisión al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para los efectos legales. tomando en consideración que el quejoso SANTIAGO PÉREZ DE LA CRUZ, se encuentra privado de su libertad personal en el Centro de Readaptación Social número tres, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, .gírese atento exhorto electrónico a través del módulo de Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva notificar este proveído al aludido amparista, en el lugar de reclusión. . desde este momento, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de diligencia en el presente juicio de amparo;. se realicen notificaciones personales y a las autoridades, en zona conurbada;.
- Principal
...Agréguese a los presentes autos el oficio...del Secretario del Juzgado Décimo primero de Distrito en el Estado de Oaxaca,...mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto...dese de baja dicha comunicación oficial y acúsese el recibo de estivo respectivo...gírese atento exhorto electrónico ...al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec,....se sirva notificar el proveído de dieciséis de este propio mes, y el presente, al quejoso...quien se encuentra privado de su libertad...23/
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