Santiago Otañez Rosalia

Expediente 784/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
784/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Santiago Otañez Rosalia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de depuración y/o destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente.

  2. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE LA CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por RSO, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Municipio de Amecameca y otras, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 784/2020-IV. Del contenido de la demanda, se desprende que la promovente, reclama: "La legal e indebida orden de retiro de mi puesto, así como de mis mercancías, violentando tajantemente con ello la garantía de audiencia y debido procedimiento preceptuado por los artículo 14 y 16, Constitucionales.." De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 113, de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de la causa de improcedencia se operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto en el que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, así como con el 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibido el escrito de demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, en ciertos casos la impresión de la huella dactilar o, como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En el presente asunto, cabe precisar que sin que genere a este juzgador Federal presunción de que el escrito de demanda haya sido presentado con firma autógrafa de la peticionaria de amparo, habida cuenta que en la papeleta de turno se advierte en el apartado de "Firma:" la palabra "NO", lo que permite evidenciar que el personal de la Oficina de Correspondencia Común, al recibir el escrito de garantías que se acuerda asentó razón de que el mismo fue exhibido sin firma autógrafa de la probable peticionaria de amparo, máxime si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada a través del buzón judicial establecido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por lo que es responsabilidad exclusiva del promovente verificar que los asuntos que depositen en dichos buzones judiciales estén en sobre u otro empaque similar, debidamente firmados, integrados y dirigidos a los órganos jurisdiccionales de que se trate, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen: "Artículo 10. Oficinas de Correspondencia Común (en adelante "OCC"). El trabajo y las labores de las OCC se regirán por las siguientes reglas: II. El personal adscrito a las OCC realizará labores presenciales y remotas, conforme al esquema descrito a continuación: b) Dado que la recepción de asuntos se realizará mediante los buzones judiciales, el personal que acuda a realizar labores presenciales contará con el equipamiento de seguridad necesario y se encargará de abrir los paquetes depositados para digitalizarlos, verificar que la documentación se encuentre dirigida a los órganos jurisdiccionales a los que presta servicio o auxilia, registrarlos y preparar su envío físico. En todo caso deberá asentarse si la documentación presentada se recibe con firma autógrafa, anexos, originales o copias o cualquier otra cuestión relevante. Para la digitalización de los documentos se dará prioridad a los de carácter urgente, incluso cuando su volumen sea mayor de 20 MB, lo que implica una excepción a la política de digitalización del Consejo. Cuando la urgencia en la tramitación de un asunto lo requiera, la conectividad del personal que labore de manera remota falle, o cuando las cargas de trabajo lo permitan, el personal que se encuentre físicamente en la OCC podrá colaborar con el turno de los asuntos. Artículo 11. Funcionamiento de los buzones judiciales. Es responsabilidad exclusiva de las personas usuarias verificar que los asuntos que depositen en los buzones judiciales estén en sobre u otro empaque similar, debidamente firmados, integrados y dirigidos a los tribunales de Circuito o juzgados de Distrito a los que presta servicio la OCC de que se trate. Al realizar el depósito, la propia persona promovente genera su acuse con el reloj fechador que se encuentra integrado al buzón, mientras que la boleta de turno se enviará por correo electrónico a las partes que lo proporcionen. Con independencia de lo anterior, las personas promoventes pondrán consultar el turno de sus asuntos en los listados que se colocan físicamente en las OCC, en un espacio de libre consulta al público.". Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° fracción I, interpretando a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por el Secretario adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito, así como de la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE), del escrito de demanda que obra en el expediente que se actúa. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. De ahí que se desecha la demanda de amparo, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. En atención a que la parte promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en ...., mismo que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y numeral 26, fracción III, de la Ley de la Materia, téngase como tal la lista que se publica en los estrados de este juzgado. Sin embargo atendiendo la naturaleza del presente proveído, se comisiona al Actuario de su adscripción a efecto de que notifique el presente auto a la parte quejosa corriéndole traslado con copia del presente proveído. En el entendido que la diligencia de que se trata, deberá tomar en cuenta todas las medidas que se encuentran señaladas por los protocolos para proteger su integridad y, en caso de encontrarse en una situación de riesgo, deberá suspender la diligencia y asentar por que no la llevó a cabo, esto, para estar en condiciones de proveer lo conducente. Medida que se adopta de conformidad Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales, por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y de la circular SECNO/5/2020, signada por Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dirigida a los Titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Para lo cual, se habilitan días y horas inhábiles, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo; asimismo, se faculta ampliamente al Juez exhortado para realizar las diligencias necesarias, a fin de llevar a cabo la encomienda antes referida. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · 9,414 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano