Santiago Abad Valdez
Expediente 1048/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Santiago Abad Valdez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, por el cual, informa que ha sido objeto de actos de molestia por parte de la autoridad responsable, con motivo de la concesión del amparo y solicita: Este juzgado se pronuncie sobre los actos de molestia de los que refiere ha sido objeto. Se requiera a la autoridad responsable remita copia certificada de las actuaciones que justifiquen los actos de molestia que refiere. Se expida a su costa copia certificada de las actuaciones que integran este expediente. II. Se requiere aclare petición. Por cuanto hace las peticiones enunciadas en primero y segundo orden, indíquese al promovente que para que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de acordar lo conducente, deberá precisar si su intención es promover algún incidente o recurso, de los previstos en la Ley de Amparo, pues al ser imprecisa sus peticiones en este aspecto, no es posible advertir en forma clara y precisa su pretensión dentro del trámite de este asunto y acordar en consecuencia. Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, notifíquese personalmente este acuerdo al agente del Ministerio Público dela Federación adscrito, para los fines que a su representación social competa. III. Solicitud de expedición de copias. expídase y entréguese personalmente o por conducto de la persona que autoriza para tal efecto, la copia que solicita expediente en que se actúa, previa identificación a satisfacción de este Juzgado, y razón que de su recibo obre en autos, para debida constancia legal; mismas que serán entregadas una vez que la propia carga del órgano jurisdiccional lo permita, y el centro de fotocopiado ajeno a este órgano jurisdiccional se encuentre habilitado para tales efectos, ya que por el momento se encuentra cerrado dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19. Entrega de copias. En atención a lo anterior, se indica al ocursante que para la comparecencia respectiva de entrega de copias deberá generar cita a través del "Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias", al que hace referencia el artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, a efecto de que pueda generar su código QR, y se le permita el acceso a este órgano jurisdiccional. Diligencia que deberá desahogarse en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en ella. En el entendido que ante la eventual generación de la cita correspondiente y obtención del código QR, en caso de que no se reúnan las condiciones para su desahogo, sin poner en riesgo la salud en integridad física de las personas que intervengan, se reservara su verificativo hasta en tanto se reúnan las condiciones para ello. III. Reproducción electrónica. No obstante lo anterior, se indica al promovente que tiene a su disposición, la reproducción electrónica del presente asunto a través de medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada a la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente, así como la consulta electrónica de las constancias del expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. IV. Solicitud de autoridad responsable. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Neza Palacio, Estado de México, por medio del cual informa que no se la sido notificado el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por el cual se le requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, toda vez que no obra en autos constancia de la entrega del oficio correspondiente, remítasele copia del mencionado acuerdo, en el entendido que el plazo para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Y PERSONALMENTE POR OFICIO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL TERCER TURNO DE NEZA PALACIO, ESTADO DE MÉXICO. Así lo proveyó y firma ÁNGELA TERESITA DE JESÚS ESTRADA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, ante Brianda Ivette Pacheco Flores, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Santiago Abad Valdez, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintitrés, con sede en Texcoco, Estado de México y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1048/2020-II. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el presente juicio constitucional es improcedente, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de la causa de improcedencia se operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto en el que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo de la que se advierte que el acto reclamado por el quejoso consistente en la orden de desalojo emitida en el expediente agrario 186/2007, relacionado con el diverso 301/1997, ambos del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintitrés con sede en Texcoco, Estado de México, promovido por Víctor Manuel Nolasco Valdez, en contra del aquí quejoso Santiago Abad Valdez, en el que se dictó sentencia definitiva el siete de febrero de dos mil doce, en la cual, se resolvió lo siguiente: "RESUELVE PRIMERO.- Se reitera la insubsistencia legal de la sentencia pronunciada en este juicio agrario 186/2007 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez. SEGUNDO.- Es improcedente la acción de nulidad que ejercitó VÍCTOR MANUEL NOLASCO VALDEZ al haber prescrito su derecho a accionar en términos del artículo 61 de la Ley Agraria. Por tanto, resulta firme y definitivo el acuerdo tomado en la asamblea de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y nueve, celebrada en el ejido de San Martín Cuautlalpan, Municipio de Chalco, Estado de México, por cuanto hace a la asignación a favor de SANTIAGO ABAD VALDEZ respecto de la parcela 975 Z1 P2/3, ubicada en el paraje denominado "El Potrero de la Compañía"; e improcedente la nulidad del certificado de posesionario número 335195, expedido al último de los nombrados. TERCERO.- Consecuencia de lo anterior, se declara que SANTIAGO ABAD VALDEZ tiene mejor derecho a usar y disfrutar la parcela 975 Z1 P2/3 a que se refiere el resolutivo que antecede. CUARTO.- Se declara que SANTIAGO ABAD VALDEZ no demostró los elementos constitutivos de la acción de prescripción, que por reconvención ejercitó sobre la parcela 1355, ubicada en el paraje "San Agustín el Venturero" e improcedente que se le expida un certificado parcelario sobre ese bien ejidal. QUINTO.- Al haberse acreditado que la parcela 1355 a que se refiere el resolutivo que antecede corresponde en cuanto a su titularidad a VÍCTOR MANUEL NOLASCO VALDEZ, como titular del certificado de derechos agrarios 551762 en consecuencia, se condena a SANTIAGO ABAD VALDEZ a reivindicarle y entregarle materialmente dicho bien. SEXTO.- Gírese oficio a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional para que se le expida de manera gratuita a Víctor Manuel Nolasco Valdez, un certificado parcelario sobre la parcela 1355. SÉPTIMO.- Es improcedente el pago de gastos y costas, así como el de daños y perjuicios que reclamó VÍCTOR MANUEL NOLASCO VALDEZ. OCTAVO.- En virtud de que las constancias que obran en el expediente 301/97, que fueron materia de valoración al emitirse esta sentencia, ya obran agregadas a fojas de la 1932 a la 1943, no ha lugar a decretar un nuevo engrose de las mismas. NOVENO.- Mediante atento oficio, remítase copia de esta sentencia, al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en vía de informe del cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el día veinte de octubre de dos mil once, en el amparo directo 740/2011, que se registró como expediente auxiliar 482/2011 del índice del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. DÉCIMO.- Notifíquese a las partes y al comisariado ejidal de manera personal. DÉCIMO PRIMERO.- En su oportunidad procesal archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. (.)" Entonces, de la lectura minuciosa e integral de la narración de hechos y conceptos de violación redactados por la parte quejosa, se desprende que el acto reclamado fue emitido después de concluido el juicio y está pendiente la ejecución de la sentencia, dictada por la autoridad responsable, por lo que la demanda de amparo que nos ocupa es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV, del artículo 107, todos de la Ley de Amparo.1 Los citados dispositivos establecen una de las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, en que tratándose de actos de ejecución de sentencia, únicamente podrá promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo cual implica que contra las resoluciones intermedias no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones procesales cuando se combata la última resolución. . . . Consecuentemente, respecto de los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio (que no se traten de ejecución de sentencia o la resolución definitiva del remate), que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, como en la especie, sólo pueden reclamarse en vía amparo cuando éste se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. Por ende, este Juzgado de Distrito considera que el acto reclamado se emitió a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, mismo que se encuentra dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia emitida por la autoridad responsable, toda vez que no se trata de un acto autónomo o destacado en el que deba analizarse por separado. Ello es así, ya que la razón de limitar la procedencia de juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que se entorpezca. En ese orden, conforme a lo narrado, es evidente que la parte quejosa reclama un acto intermedio, pronunciado dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia, que en sí, atendiendo a la naturaleza del juicio de origen, no constituye la última resolución dictada en aquélla fase ejecutiva, pues es claro que en ella no se reconoce el cumplimiento total de la sentencia ni declara la imposibilidad material o jurídica para ese cumplimiento; ni tampoco se trata de la resolución que concluya con un procedimiento autónomo que se dé en esta etapa, circunstancia que hace improcedente la tramitación del juicio de protección constitucional. En efecto, en el caso en particular el acto reclamado puede ser una determinación encaminada a dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. Por tanto, el acto reclamado no constituye la última actuación procesal en ejecución de sentencia, pues en el mismo, no se hace pronunciamiento alguno respecto de tener por cumplida totalmente la sentencia definitiva en el juicio de mérito. Por tales razones, se encuentra actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes citada, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. . . . En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se desecha de plano la demanda de amparo, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. IV. Domicilio procesal y autorizados. Se le tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado por así haberlo solicitado. Se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Manuel Carlos Contreras González y Adrián García Martínez, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), mientras que a las diversas personas se les tiene por autorizados de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 24 de la citada ley. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. VI. Reproducción electrónica de constancias Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos.
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