Santiago Hernández Sánchez

Expediente 160/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
160/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
28/07/2017

Partes del expediente

  • Santiago Hernández Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de quince días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del proveído de veintinueve de junio pasado (fojas 183 a 185), que tuvo por cumplida la ejecutoria en el presente juicio de amparo, transcurrió del siete al veintisiete de julio del presente año, toda vez que fue notificada el cinco del mismo mes, descontándose de dicho cómputo los días que mediaron previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que realizara pronunciamiento alguno al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214 de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita; se señala como fecha probable para su depuración una vez transcurrido el plazo de cinco años.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el treinta de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintinueve de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. De acuerdo con los antecedentes del juicio de amparo, para poder determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado por el cual se concedió el amparo, este órgano jurisdiccional determinó que la autoridad responsable vulneró el derecho fundamental del quejoso, previsto en el artículo 17 constitucional, pues de conformidad con tal precepto legal, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Por ello, se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables Jefe de Estado Mayor, Comandante, Asesor Jurídico adscrito, y Subjefe de Estado Mayor, todos de la Treinta y Cuatro Zona Militar, con residencia en esta ciudad: 1. Dejaran insubsistente la determinación de siete de marzo de dos mil diecisiete, que contiene la imposición del correctivo disciplinario consistente en arresto por ocho días, así como la graduación de la misma referida medida disciplinaria, impuesta al aquí solicitante de la tutela constitucional, y 2. De considerarlo necesario, dictaran una nueva determinación, la cual pudiera ser en el mismo sentido, pero respetando el derecho de audiencia del quejoso, que en esta resolución se estimó infringido; en el entendido que, de insistir en imponer la medida disciplinaria, deberá tomar en consideración el tiempo cumplido por el solicitante de amparo con motivo de esa sanción." Ahora, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento por las autoridades responsables, se advierte que atendieron los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: El catorce de junio de dos mil diecisiete, el Jefe de Estado Mayo, así como el Comandante y Asesor Jurídico, todos de la Treinta y Cuatro Zona Militar, emitieron los oficios de los que de su contenido se advierte lo siguiente: "(.) al respecto, hago de su conocimiento que en términos de lo señalado en el punto resolutivo segundo de dicha sentencia de amparo, se comunicó al impetrante de garantías que este Cuartel General declaraba insubsistente el correctivo disciplinario de 7 Mar. 2017, quedando sin efecto alguno; lo cual se hace del conocimiento de ese Órgano Jurisdiccional de la Federación para los efectos legales a que haya lugar, en términos de lo dispuesto por lo artículos 77, 192 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, como se acredita con la copia certificada del oficio No. AJ/284-2017/015395 de nueve de junio" La anterior transcripción evidencia que las responsables acataron el efecto del fallo protector, toda vez que dejó sin efectos el correctivo disciplinario efectuado al quejoso el cual lo hizo del conocimiento mediante el oficio AJ/284-2017/015395, según se advierte de la constancia actuarial que obra en el presente sumario. En ese sentido, se advierte que las autoridades responsables acataron los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo y, por ende, restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental que le había sido vulnerado. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 201, fracción I, y 202, del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa, por el término de quince días, a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del numeral 196 de la ley de la materia.

  3. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de dieciséis de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Agréguense a los presentes autos los oficios y anexos de cuenta, signados por el Jefe de Estado Mayor, Comandante, Asesor Jurídico en ausencia del Oficial del Servicio de Permanencia y Subjefe de Estado Mayor, todos de la Treinta y Cuatro Zona Militar, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese orden, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a las autoridades responsables Comandante, Jefe de Estado Mayor, Subjefe de Estado Mayor y Oficial del Servicio de Permanencia, todos de la Treinta y Cuatro Zona Militar, con sede en esta ciudad, mediante proveído de dos de junio de dos mil diecisiete (fojas 154 a 156), para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo, mismo que transcurrió del seis al ocho de junio del año en curso, sin que a la fecha lo hayan realizado. En consecuencia, POR ÚLTIMA OCASIÓN requiérase a las autoridades antes mencionadas, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que se les notifique el presente proveído, cumplan con la sentencia de amparo. Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa que se determinará de acuerdo con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, la cual podrá ser de cien a mil veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si las autoridades responsables demuestran y hacen del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifican la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria concesoria de amparo, si es injustificado, no las exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195 de la legislación en consulta. No obstante, a efecto de vencer lo contumaz de las autoridades antes mencionadas, conforme al párrafo tercero del artículo 192 de la ley de la materia, gírese atento oficio telegráfico al General Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, en su carácter de Superior Jerárquico, para que ordene a las autoridades responsables Comandante, Jefe de Estado Mayor, Subjefe de Estado Mayor y Oficial del Servicio de Permanencia, todos de la Treinta y Cuatro Zona Militar, con sede en esta ciudad, a cumplir con la ejecutoria de amparo.

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