Santiago Carlos Cortés Maldonado
Expediente 91/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Santiago Carlos Cortés Maldonado
Actuaciones
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el cinco de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de dos de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso alguno dentro del término legal; se declara que el auto que desechó la demanda, HA CAUSADO ESTADO, se ordena el archivo del presente asunto, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el diecisiete de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de doce de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Recepción de Incompetencia Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica a este Órgano Jurisdiccional el contenido del proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo indirecto 63/2016-III-B de la estadística de dicho órgano jurisdiccional, el cual consideró que carece de competencia para resolver y pronunciarse sobre el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Santiago Carlos Cortés Maldonado, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Así pues, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, anexó a su oficio de cuenta lo siguiente: Original del juicio de amparo indirecto 63/2016-III-B de su estadística. 4 copias relativas a la demanda de amparo promovida por Santiago Carlos Cortés Maldonado. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Aceptación de competencia. En términos del artículo 38 invocado, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, se avoca al conocimiento del escrito inicial de demanda promovida por Santiago Carlos Cortés Maldonado, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 91/2016. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad señalada como responsable ordenadora y ejecutora: a) El haber decretado mediante auto de fecha catorce de enero del año en curso 2016, desechar mis pruebas documentales ofrecidas en los incisos C) y D) de mi escrito de contestación de demanda, así como la confesional a cargo de la parte demandada GERARDO REYES PUC CAN, y la testimonial de LAURA CORTES ACOSTA y JUAN CORTES MALDONADO, sin que haya sido escuchado en juicio dentro del mismo expediente, por razón de que a su juicio no se cumplió con el numeral 1198 del Código de Comercio y por ende negó darles entrada a las mismas siendo que dicha disposición afecta mis derechos humanos fundamentales de impartición de justicia y mi garantía debida de seguridad a un proceso. b) El no haberse pronunciado mediante auto de fecha catorce de enero del año en curso 2016, sobre la prueba: Excepción y falta de personalidad de la parte actora, misma que fue ofrecida en tiempo y forma." Esto es, el quejoso reclama a la autoridad señalada como responsable el desechamiento y la falta de pronunciamiento de diversos medios probatorios dentro del juicio ejecutivo mercantil 85/2015-B. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del estudio correlativo de la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio, cuando: sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, dado que especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo cual cobra relevancia, toda vez que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos. En el caso concreto que nos ocupa, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que los actos reclamados antes señalados no afectan derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Es decir, la quejosa reclama de la autoridad responsable el desechamiento y la falta de pronunciamiento de diversos medios probatorios en el juicio ejecutivo mercantil 85/2015-B. En tales condiciones, el acto de autoridad no es de imposible reparación, condición necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; por el contrario se está en presencia de un acto en el cual se desecharon medios probatorios, lo que constituye una violación procesal en términos del artículo 172, fracción XII, en relación con la diversa III, del mismo numeral, de la ley de la materia, que únicamente puede combatirse a través de la vía de amparo directo. Así las cosas, se colige que los actos reclamados no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la quejosa contenidos en la Constitución General de la República, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Por ende, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con los actos reclamados, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la sentencia que ponga fin al juicio resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el fallo definitivo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 164, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, contrario sensu, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Igualmente, en lo conducente la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3811, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, que establece: "PRUEBAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA ADMISIÓN DE LAS. El juicio de garantías es notoriamente improcedente contra el auto que admite una prueba ofrecida por la contraparte del quejoso, porque dicho auto no causa agravio irreparable al agraviado, ya que éste tiene defensas que oponerle dentro del procedimiento, y por otra parte, al admitirse una prueba, no se hace la calificación de la misma, ya que eso corresponde a la sentencia de fondo que se pronuncie en el juicio." Finalmente, la diversa tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 608, Tomo X, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LAS ADMITE. De conformidad con la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución General de la República, el mismo es improcedente contra el acuerdo que admite pruebas, porque no constituye un acto en el juicio que tenga ejecución irreparable, pues sólo produce efectos intraprocesales, ya que esos medios de convicción admitidos se analizarán y evaluarán en la sentencia definitiva que en él se dicte, la que puede ser favorable al promovente de amparo, caso en el cual ningún perjuicio le causará el acto reclamado, pero si fuere adversa a sus intereses, entonces los perjuicios que le origine la resolución reclamada, pueden ser reparados por medio del amparo directo, en los términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), del pacto federal, y 158, 159, fracción VII, y 161 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, todo lo expuesto permite sostener, como se ha venido haciendo, que los actos reclamados consistentes en el desechamiento de pruebas y la omisión de pronunciarse respecto al diverso medio probatorio no tienen sobre el quejoso una afectación a sus derechos de imposible reparación, sino se trata de posibles violaciones a derechos procesales o adjetivos, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Domicilio procesal y autorizada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Horacio García Méndez, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles; publicación de datos personales; capturas y anotaciones en el expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. En términos de los artículos 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados.
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