Santiago Hernández Mier Y Teran
Expediente 1203/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Santiago Hernández Mier Y Teran
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintisiete de julio de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio FECC/DJ/AMP/66/2020, veintiuno de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Fiscal Coordinador adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con el informe de mérito, relaciónese y tómese en consideración al verificarse la audiencia constitucional relativa.Asimismo, se da nueva cuenta con los oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/781/2021 y INSEJUPY/IMMOBB/DJ/AR/782/2021, ambos de siete de julio del año en curso, signado por la Directora y el Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, al que adjuntaron diversas constancias, en las que se advierten que la situación registral del tablaje catastral número 4228 del municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán, con registro del folio electrónico 716582 ha cambiado, en virtud de que se canceló el cierre de registro inscrito sobre el tablaje de referencia, esto en atención al punto resolutivo tercero del acuerdo de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en los autos de la carpeta de investigación C1/10/2019, por el Fiscal Coordinador Adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye el cierre de partida registral ordenado por el Fiscal Coordinador de la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación en el Combate a la Corrupción de la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Yucatán , respecto del tablaje rústico número 4228, del municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán, con registro del folio electrónico 716582, y demás consecuencias derivadas del cierre de partidas. Al remitir su oficio de veintiuno de los corrientes, el Fiscal Coordinador adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, informó que por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, giró un oficio al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, para que proceda a dejar sin efectos las medidas referidas en los oficios FECC/UILECC-MII/179/2020 y FECC/UILECC-MII/294/2020, de once de marzo y veintiocho de febrero ambos de dos mil veintiuno. Por su parte, la Directora y el Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en sus oficios de INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/781/2021 y INSEJUPY/IMMOBB/DJ/AR/782/2021, ambos de siete de julio del año en curso, adjuntaron diversas constancias, en las que se advierten que la situación registral del tablaje catastral número 4228 del municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán, con registro del folio electrónico 716582 han cambiado, en virtud de que en fecha dieciocho de junio último, canceló la cierre de registro inscrito sobre el tablaje de referencia, esto en atención al punto resolutivo tercero del acuerdo de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en los autos de la carpeta de investigación C1/10/2019, en la que también se acordó el archivo temporal de la citada carpeta; constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º.Por tanto, se tiene que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la Fiscalía responsable ordenó dejar sin efectos la orden de cierre de la partida registral del tablaje rústico número 4228 del municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán, derivada del oficio FECC/UILECC-MII/294/2020, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, que en esta vía defiende la parte quejosa.Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio que ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable el cierre de partida registral ordenado por el Fiscal Coordinador Adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación en el Combate a la Corrupción de la Vicefiscalía Especializada del Estado de Yucatán, respecto del tablaje rústico número 4228, del municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán, con registro del folio electrónico 716582, y demás consecuencias derivadas del cierre de partidas, ordenado mediante oficio FECC/UILECC MII/294/2020, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la carpeta de investigación C1/10/2019.Ahora bien, en el caso de las constancias relativas al oficio rendido por el Fiscal Coordinador adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, mismo que se agrega en autos, se advierte por acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, giró un oficio al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, para que proceda a dejar sin efectos las medidas referidas en los oficios FECC/UILECC-MII/179/2020 y FECC/UILECC-MII/294/2020, de once de marzo y veintiocho de febrero ambos de dos mil veintiuno; y por su parte, la Directora y el Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en sus oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/781/2021 y INSEJUPY/IMMOBB/DJ/AR/782/2021, ambos de siete de julio de dos mil veintiuno, refieren que ya canceló la cierre de registro inscrito sobre el tablaje de referencia, desde el dieciocho de junio último.Por tanto, se tiene que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la Fiscalía responsable ordenó dejar sin efectos la orden de cierre de la partida registral del tablaje rústico número 4228, del municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán, con registro del folio electrónico 716582, derivada del oficio FECC/UILECC-MII/294/2020, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, que en esta vía defienden el quejoso. Lo anterior, pues como ya se dijo, fue por medio del oficio FECC/UILECC MII/294/2020, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, que en autos de la carpeta de investigación C1/10/2019, se ordenó se tomarán medidas necesarias para preservar, entre otros, el tablaje rústico número 4230, del municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán, con registro del folio electrónico 716582; comunicación que fue dejada sin efectos por la propia responsable. Por todo lo anterior, se tiene que a la fecha en que se promovió la demanda de amparo, esto es, dos de julio del año en curso, ya se había ordenado la cancelación del cierre de la partida registral del tablaje rústico número 4228, del municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán, con registro del folio electrónico 716582, derivada del oficio FECC/UILECC-MII/294/2020, de veintiocho de febrero de dos mil veinte; de ahí, que el acto reclamado se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo.Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si la existencia del acto u omisión no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte impetrante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la inexistencia de la omisión reclamada radicó en que al momento de que la parte quejosa promovió la demanda de amparo, no existía el cierre de registro que aduce respecto del tablaje que refiere es de su propiedad, ya que con anterioridad ésta, la autoridad responsable había ordenado la cancelación del cierre de registro reclamado.De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del cierre de registro reclamado, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de una orden de cierre de registro que no subsiste.En consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia.Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes:ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto u omisión reclamada deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuarla, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por las autoridades responsables actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que el Fiscal Coordinador adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el que giró oficio al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, para que proceda a dejar sin efectos las medidas referidas en los oficios FECC/UILECC-MII/179/2020 y FECC/UILECC-MII/294/2020, de once de marzo y veintiocho de febrero ambos de dos mil veintiuno, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia del cierre de registro reclamado, al constar que el mismo fue cancelado en fecha anterior a la promoción de la demanda.En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden.Por lo antes expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe
- Principal
Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Directora y el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta cada autoridad, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Santiago Hernández Mier y Terán, contra el acto que reclama del Fiscal Coordinador de la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación en el Combate a la Corrupción de la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y de otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1203/2021-III, y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias de mérito completas y legibles, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el citado correo electrónico. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, téngase como domicilio de los quejosos, para oír y recibir notificaciones, el que indican para tal efecto en su demanda de amparo; y como sus autorizados, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dichas personas, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), téngase como dirección de correo electrónico de la parte quejosa y como su número de celular, los proporcionados en el escrito de demanda de amparo; ello a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Ahora bien, la parte quejosa proporciona los nombres, roberto_castellanos, NuriAG, LEON_ESCALANTE, Andrea 9608 y otros, para el acceso y consulta del expediente electrónico; por tanto, se acuerda de conformidad la solicitud de la parte promovente, y se autorizan el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través de los citados usuarios, por lo que podrá promover en el mismo con su nombre de usuario. En el propio tenor, de la lectura del escrito de cuenta se advierte que existe solicitud expresa para recibir notificaciones vía electrónica; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto por medio de los usuarios "roberto_castellanos, NuriAG, LEON_ESCALANTE, Andrea 9608 y otros", para los efectos legales a que haya lugar. Hágase lo anterior conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Tómese nota de los correos proporcionado por la parte quejosa, que se encuentran plasmados en la boleta de Oficialía de Partes Común, a fin de mantener comunicación no procesal con la misma. En diverso orden, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, y la instrumental de actuaciones por el quejoso adjuntó a su demanda de amparo, para ser relacionadas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se ordena la apertura de los cuadernos incidentales, toda vez que se advierte que la parte quejosa señaló que se reservaba el derecho de solicitar la suspensión de los actos reclamados.
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