Santiago Enrique Santana Baas
Expediente 1065/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Santiago Enrique Santana Baas
Actuaciones
- Principal
MESA I. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el veintiuno de agosto del año en curso, emitió la sentencia interlocutoria en autos del expediente laboral 130/2016, del índice de la referida responsable. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión por parte de la autoridad de continuar con el procedimiento respecto del desahogo de la audiencia incidental; todo ello en autos del expediente laboral 130/2016, del índice de la citada responsable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión por parte de la autoridad de continuar con el procedimiento respecto del desahogo de la audiencia incidental; todo ello en autos del expediente laboral 130/2016. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias certificadas, que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, adjuntó con su informe con justificación, se desprende que el veintiuno de los corrientes, emitió sentencia interlocutoria resolviendo la cuestión incidental planteada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, de la cual depende el Centro de Reinserción Social del Estado, declarándose competente para seguir conociendo del referido juicio 130/2016, fijando el seis de septiembre de dos mil diecinueve, a las doce horas, para la continuación de la audiencia en su etapa de Demanda, Excepciones, Pruebas, Alegatos y Resolución; documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Magistrado responsable, emitió la sentencia correspondiente, proveyéndose respecto de lo solicitado por la parte aquí quejosa en el expediente laboral 130/2016, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no continuó con el procedimiento de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la sentencia dictada el veintiuno de agosto del presente año, por la referida autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por SANTIAGO ENRIQUE SANTANA BAAS, contra un acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Perteneciente al Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Dése la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientos unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de la Materia vigente. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, de conformidad con el artículo 5o, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, se estima que les recae el carácter de terceros interesados, a la Secretaría General de Gobierno y Centro de Reinserción Social del Estado, por ser la contra parte en el juicio laboral de origen; atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la citada ley de la materia, gírese atentos oficios a la Secretaría General de Gobierno y Centro de Reinserción Social del Estado, para efecto de hacerle saber la admisión de la demanda que nos ocupa, al que se adjuntará copia simple de ella e indíquesele que con tal carácter puede comparecer a juicio si a sus intereses conviniere, comunicándole la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas de instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, para ser valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Ahora en cuanto al carácter de tercero interesado que le pudiera recaer a Francisco Javier Brito Herrera, se reserva acordar lo conducente en tanto se recepción el informe justificado, en donde se advierta el domicilio en el cual pueda ser emplazada a juicio. En cuanto a la prueba documental que menciona, y la que cita como prueba instrumental de actuaciones, no se accede a tenerlas por anunciadas, toda vez que no las adjuntó a su escrito inicial de demanda; esto, sin perjuicio, de ser ofrecidas en la audiencia constitucional relativa, dado que es el momento procesal con el que se contará con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio señalado en la demanda de amparo, y como sus autorizados para tal efecto a Orlando Catzín Duran, Héctor Jesús González Bolio, Delia Margarita Escareño Chan, Héctor Jesús González Bolio, Alejandro de Jesús Herrera Lazo y Luis Fernando Tuz Ek, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo.
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