Santiago Beltrán Villalvazo

Expediente 1015/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1015/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Santiago Beltrán Villalvazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, y con su contenido, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, téngase como prueba las copias autentificadas del proceso penal número 217/2019 de su índice y el disco versátil digital (DVD) que adjuntó al citado informe, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia; el cual será devuelto, una vez que se concluya el controvertido constitucional. Asimismo, guárdese por separado el DVD en cita, en la secretaría de la mesa V, con los datos de identificación correspondiente. Por otro lado, atento a que del estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha, y que en esta data se ha otorgado vista a las partes con el informe justificado de la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se defiere la referida audiencia y se fijan las trece horas con diez minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo, signado por el Secretario de Acuerdos "B", adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 40, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en atención a su contenido; téngasele dando cumplimiento al requerimiento de dos de los cursantes, e informando las gestiones realizadas por dicho Tribunal a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. Es de destacarse que mediante proveído de dos del presente mes y año, se ordenó requerir a la Dirección General de Legislación, Consulta y Pago de Predios, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en la Ciudad de México, autoridad que se encuentra vinculada al cumplimiento del fallo protector, informara a este órgano jurisdiccional las gestiones realizadas por esa oficina, respecto de la ejecutoria de amparo, por lo que una vez que obre en autos dicha información, se proveerá lo que legalmente corresponda. Notifíquese.dmg

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que mediante acuerdo de veintisiete de marzo del año en curso, se requirió al juez responsable diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son los siguientes: 1. Notifique personalmente al procesado -aquí quejoso-, en el lugar de su reclusión, el nombre de la defensora que tiene designada en el citado proceso expediente; así como la determinación emitida en el recurso de apelación que interpuso contra el auto de formal prisión emitido en la que originalmente era la causa penal ********************/2014 y posteriormente adquirió el número ********************/2017. 2. Ordene el desahogo de los careos entre el procesado con sus coacusados; notificando personalmente al quejoso el auto respetivo en el lugar de su reclusión. 3. Realice las gestiones necesarias, con el empleo de los medios de apremio correspondientes, a fin de que el procesado pueda recibir copia certificada de las constancias que integran la causa penal ********************/2017 y acumuladas ********************/2017, ********************/2018 y ********************/2018, de su índice." Asimismo, se aprecia que en proveído de trece de abril del año que transcurre, se tuvo al juez responsable informando que respecto al primero de los efectos en la ejecutoria en comento, por una parte, ordenó girar exhorto al Juez Segundo del Ramo Penal con sede en Tepic, Nayarit, para notificar al quejoso que su defensor es el licenciado ********************, y que por otra parte, giró exhorto a fin de notificarle la resolución de fecha seis de agosto del dos mil veintiuno, dictada por los magistrados integrantes de la Quinta sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y relativo al toca de apelación ********************/2019, en donde se confirmó el auto de formal prisión de fecha trece de octubre del dos mil dieciocho, relativo al proceso penal de origen; empero, no remitió las constancias de las que se aprecie dicha circunstancia. De igual forma, se advierte que por acuerdo de dieciocho de julio del año en curso, en cuanto hace al efecto en la ejecutoria de amparo consistente en que el quejoso reciba copia certificada de las constancias que integran la causa penal ********************/2017 y acumuladas ********************/2017, ********************/2018 y ********************/2018, de su índice, el juez responsable informó que entregó al quejoso un tomo de la causa penal (la cual consta de quince tomos), y que una vez que el quejoso lo lea le será sustituido por el tomo siguiente cada tres meses por así haberlo solicitado expresamente. Ahora bien, agréguese el oficio 3481/2023 con anexos, del Juez Primero de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual informa las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual remite copia certificada de diversas actuaciones en el proceso penal de origen, de las que se advierte lo siguiente: Que se llevaron a cabo los careos entre el aquí quejoso ********************, y los coprocesados ********************, ********************según se advierte de las diligencias remitidas por la autoridad responsable, así como el disco versátil que para tal efecto remitió. Sin embargo, respecto a los careos entre el citado quejoso y los diversos coprocesados ********************e********************no se pudieron llevar a cabo en la fecha prevista por las razones ahí expuestas. No obstante, señaló el veintinueve de octubre del año en curso, para el desahogo de la diligencia por cuanto hace a ********************mientras que por lo que hace a ********************e********************señaló el veintitrés de noviembre del año que transcurre para su desahogo. Sin embargo, por cuanto a los diversos coacusados ********************y ********************no señala la fecha en que deberá llevarse la diligencia de careos procesales con el aquí quejoso ********************. Bajo la relatadas condiciones, se requiere al Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partid de que surta efectos la notificación del oficio que se gire para tal efecto, remita copia certificada de las constancias de las que se advierta lo siguiente: 1. Que notificó a ******************** el nombre de la defensora que tiene designada en el proceso penal de origen; así como la determinación emitida en el recurso de apelación que interpuso contra el auto de formal prisión emitido en la que originalmente era la causa penal ********************/2014 y posteriormente adquirió el número ********************/2017. 2. Realice las gestiones necesarias a fin de que el procesado pueda recibir copia certificada de las constancias que integran la causa penal ********************/2017 y acumuladas ********************/2017, ********************/2018 y ********************/2018, de su índice. Sin que para ello deba condicionar su entrega a los tiempos que el quejoso estime para su lectura, pues el análisis de los autos es independiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y por tanto, no debe quedar sub judice a la voluntad del impetrante. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de las medidas de seguridad que adopte el centro de reclusión, y que derivan de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las cuales pueden abarcar la regulación de la cantidad de documentos que puede tener al mismo tiempo la parte quejosa en su estancia, pues lo que se busca es lograr un equilibrio entre la entrega de los documentos que remita el juez del orden común y garantizar la seguridad interna del centro federal. 3. Informe el resultado de la diligencia prevista para el veintinueve de octubre del año en curso, de los careos procesales entre ********************y el quejoso; y por cuanto a los diversos coacusados ********************y ********************cuál fue la fecha fijada para dicha diligencia, y en su caso el resultado dado a la misma. Y si bien, por lo que hace a ********************e********************señaló el veintitrés de noviembre del año que transcurre para su desahogo, una vez llevados a cabo los careos de mérito, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En tal virtud, se le indica a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. En ese sentido con la finalidad de que la justicia sea pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le proporciona el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional 3jd7cto@correo.cjf.gob.mx y el número telefónico 2299236700 extensión 1101, con la finalidad de confirmar su recepción. De igual forma, debe destacarse que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, continua sin dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que sólo se limita en enviar oficios de gestiones, lo que implica un actuar evasivo respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, cuyos efectos están adecuadamente precisados y, si no se han alcanzado es, en buena medida, por su falta de apoyo, pues no basta para ello que giren instrucciones genéricas, sin dar el seguimiento adecuado a sus mandatos, ni tramitar los procedimientos que correspondan ante la falta sistemática de acatamiento a lo instruido, pues como se ha advertido, ha sido omisa en cumplir con la sentencia, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Por lo que hágase de su conocimiento que se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 192 de la misma ley, que consiste en remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de conformidad en los artículos 258, 262, fracción V, 267, fracción I, 269 y 271 de la Ley de Amparo, los cuales disponen las sanciones penales para el caso de no acatar la ejecutoria de amparo. Notifíquese...

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, mediante el cual remite el escrito adjunto de ampliación de demanda, con tres copias del mismo, firmado por el quejoso Santiago Beltrán Villalvazo. DESECHAMIENTO Con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable y, por ende, se impone desechar de plano la ampliación de demanda de amparo. Para tal efecto, procede traer a contexto el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de derechos fundamentales, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien suscribe y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En armonía con lo anterior, procede traer a contexto la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. .[.]" Del precepto aludido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes. En efecto, tal como lo precisa el dispositivo mencionado, el presente juicio es improcedente contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, exceptuando de lo anterior, los casos en que el acto reclamado carezca de fundamentación. En el caso, del escrito de ampliación de demanda se advierte que el quejoso señala lo siguiente: 1) Reitera como acto reclamado el auto de vinculación a procesos de siete de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 217/2019 por los delitos de secuestro exprés y robo especifico; y, 2) Señala como nuevo acto reclamado la orden de traslado del Módulo Preventivo de Setenta y Dos Horas, con domicilio en Prolongación Cuauhtémoc sin número, colonia Playa Linda en Veracruz, Veracruz, en el que se encontraba por virtud de la prisión preventiva justificada que le fue impuesta por una temporalidad de dos años como medida cautelar del proceso penal que se le instruye, a un Centro de Reinserción Social distinto. Como se observa, la parte quejosa pretende ampliar la demanda de amparo señalando como nuevo acto reclamado una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuido a una autoridad administrativa, esto es, sin intervención judicial. En ese sentido, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que es un acto que se dicta dentro de procedimiento, por lo que antes de promover el juicio constitucional en su contra se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 27/2021emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2023736, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad.Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad querige en el amparo." De igual forma, ilustra lo anterior, la tesis sustantada por la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3506, Libro 2, junio de 2021, tomo IV, materias penal y común, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2023190, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Por lo expuesto, si en el caso la parte promovente del amparo no observó el principio de definitividad en relación con el acto reclamado en la demanda atinente a la orden de traslado a un penal distinto del en que se encuentra, dado que no agotó la controversia judicial; lo que procede es considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, ante la manifiesta e indudable configuración de la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de demanda respecto de los actos reclamados. Notifíquese personalmente al promovente. ..

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