Sandra Vazquez Dorantes

Expediente 600/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
600/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Sandra Vazquez Dorantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente recurriera el auto de diecinueve de julio del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio 600/2023-2; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el nueve de agosto de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte promovente Gabriel Andrés Campoli, quien se ostentó como defensor particular de Sandra Vázquez Dorantes, Miguel Ángel Fabre Pasarón y Yoreli Tolentino Sánchez, a fin de que cumpliera con la prevención efectuada mediante proveído de veintinueve de junio de este año; en tal razón, se hace efectivo el apercibimiento decretado en esos autos, por lo que con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. Consecuentemente, se deja sin efectos lo actuado en el presente juicio y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese, personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 19 DE JULIO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte promovente Gabriel Andrés Campoli, quien se ostentó como defensor particular de Sandra Vázquez Dorantes, Miguel Ángel Fabre Pasarón y Yoreli Tolentino Sánchez, a fin de que cumpliera con la prevención efectuada mediante proveído de veintinueve de junio de este año; en tal razón, se hace efectivo el apercibimiento decretado en esos autos, por lo que con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. Consecuentemente, se deja sin efectos lo actuado en el presente juicio y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese, personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 29 DE JUNIO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales signada por Gabriel Andrés Campoli, quien se ostenta como defensor particular de Sandra Vázquez Dorantes, Miguel Ángel Fabre Pasarón y Yoreli Tolentino Sánchez, y un anexo; fórmese expediente con el número ********************/2023-2; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CONSIDERACIÓN RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO SOLICITADA Por otra parte, no ha lugar a conceder la suspensión de plano del acto reclamado solicitada por la parte quejosa, respecto a que "SE ORDENE LA INMEDIATA LIBERTAD DE SANDRA VÁZQUEZ DORANTES, MIGUEL ÁNGEL FABRE PASARÓN Y YORELI TOLENTINO SÁNCHEZ, BAJO LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS QUE FIJE ESTE JUZGADO DE DISTRITO A EFECTOS DE PRIVILEGIAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DEL QUE GOZAN COMO DERECHO HUMANO Y SE LE REPARE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS QUE SE LE VIENEN EJECUTANDO"; esto, dado la prisión preventiva que refiere el promovente no debe subsistir actualmente en perjuicio de sus defensos; lo anterior, dado que no se aprecia que el acto reclamado esté dentro de los supuestos que señala el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el citado precepto, o aquellos que de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Así, del análisis de la demanda se advierte que en el particular no procede otorgar esa suspensión porque no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento, por lo que, en todo caso, es materia de suspensión incidental; misma que si bien, también solicita, será materia de pronunciamiento una vez que se cumpla con la prevención que más adelante se expondrá. Y es que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, lo que no acontece en la especie, máxime que de la demanda se desprende que el promovente presentó incidente para la revisión de la media cautelar de sus patrocinados. Además, para conceder la suspensión de plano debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y no de la calificación que de estos realice la parte quejosa, pues, como ya se estableció, no se está en presencia de un acto que obligue a este juzgador a decretar la suspensión de plano y de oficio. Sirve de apoyo a lo argumentado, la tesis VI.1o.A.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1458, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 179731, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." PREVENCIÓN Ahora, para emitir el pronunciamiento que corresponda, procede traer a contexto los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Articulo 108. La demanda de amparo indirecto deberá´ formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá´ acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así´ bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá´ señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá´ señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De los preceptos transcritos se advierten los requisitos que debe contener la demanda, en la inteligencia que si se omite alguno de los requisitos de la demanda, el juzgador se encuentra obligado a requerir al demandado para que subsane dichas irregularidades. En esa guisa, del ocurso de cuenta se advierte que el promovente de amparo acude a esta vía constitucional doliéndose de "LA ILEGAL, INCONSTITUCIONAL E INCONVENCIONAL RETENCIÓN EN PRISIÓN PREVENTIVA CUANDO SE ENCUENTRA CUMPLIDO EL PLAZO POR EL QUE FUERA DECRETADA SIN HABER SIDO MODIFICADA O AMPLIADA, resultando dichas resoluciones violatorias de los derechos humanos y/o garantías de mis representados, por los motivos y razones que se expresarán en los conceptos de violación que más adelante se plantearán". Asimismo, del apartado de "ANTECEDENTES" se observa que presentó incidente de revisión de la medida cautelar impuesta a sus defensos, al estar próximo su vencimiento, pero que el juzgador de origen decidió que no era necesario debatir ni cambiar la medida cautelar debido a que quedaban aún días de vigencia de la misma y que podrían incluso salir libres los justiciables bajo sentencia absolutoria, por lo que desechó su petición. Indica a su vez que, luego de los incidentes que planteó, el juzgador penal ha suspendido las audiencias y que ". a la fecha 29 de Junio de 2023, no se ha realizado ni notificado audiencia alguna de revisión, modificación, sustitución o ampliación del plazo de medida cautelar.". Lo anterior genera incertidumbre respecto de los argumentos que esgrime, a efecto de tener por satisfechos los requisitos establecidos en el arábigo 108 de la ley de la materia, dado que se desprenden imprecisiones importantes que dotan de oscuridad a la demanda de amparo e impide que se provea de forma adecuada lo que legalmente sea procedente, específicamente en cuanto a los actos que reclama y sus respectivos antecedentes. Y si bien es cierto que el artículo 76 de la Ley de Amparo contempla la obligación de los órganos jurisdiccionales de corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; también lo es que no pueden pronunciarse sobre actos de autoridad que no hayan sido reclamados por el justiciable, ante lo cual debe existir claridad respecto de quienes son las autoridades señaladas como responsables y el acto de que cada autoridad se reclama. Apoya lo anterior, en lo conducente y por su alcance, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo I, Libro 63, febrero de 20119, materia constitucional, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019200, de título y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." (El énfasis es añadido) Consecuentemente, con fundamento en los arábigos 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1) Precise puntualmente cuál o cuáles son los actos que reclama, especificando si lo que combate es la omisión de la autoridad responsable de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que se vea lo conducente a la revisión de la medida cautelar impuesta a sus patrocinados en los autos del proceso penal 100/2022 o la subsistencia de la prisión preventiva bajo la que se encuentran éstos. 2) Tomando en cuenta la presente data, indique si dicha audiencia ya tuvo verificativo y, en caso afirmativo, el resultado de ésta. 3) Hecho lo anterior, deberá manifestar cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen el o los actos reclamados que precise, los cuales deben ser narrados de manera ordenada y cronológica. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención que se realiza en el término concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Se destaca a la parte quejosa que el objetivo de la prevención que ahora se formula es fijar correctamente la litis constitucional, requisito que a la postre representa un beneficio para el solicitante de la protección federal al momento de realizar el estudio de la constitucionalidad del acto y una posible restitución en el goce del derecho humano violentado; además de que contribuye al adecuado trámite del juicio de amparo. Ello, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; de lo que se obtiene la tutela al derecho de acceso a la justicia, entendido como un valor social que debe ser realizado. La prevención también se justifica en la medida en que en el juicio de amparo indirecto la adecuada exposición de los antecedentes crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a al juicio, puesto que en esta etapa inicial es el único elemento con el que se cuenta para tomar las decisiones que conlleva la presentación de la demanda. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES De conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "caxg670603hnemxb02" para que las notificaciones de los acuerdos correspondientes a este expediente se realicen vía electrónica a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. De conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario "caxg670603hnemxb02" para que pueda ingresar, consultar y notificarse vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Respecto al domicilio convencional para oír y recibir notificaciones que indicó, se toma nota para los efectos que haya lugar, sin que en el caso se ordene realizarlas en el mismo, en virtud de lo ordenado en el párrafo que antecede. DATOS DE CONTACTO Ahora, ténganse por señalados el correo electrónico y número telefónico proporcionados; en la inteligencia de que en términos del en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dichos medios se utilizarán como medios de contacto, ya que no son medios de notificación previstos por la ley de la materia...

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