Santiago Balcazar López
Expediente 720/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Santiago Balcazar López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Santiago Balcázar López, hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, la copia certificada del expediente laboral 2060/2009, la cual obra por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 720/2021-9, promovido por Santiago Balcázar López, contra los actos que reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, el treinta de junio de dos mil veintiuno, recepcionado el uno de julio del año en cita, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco y turnado a este órgano el dos siguiente, Santiago Balcázar López, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La omisión de ejecutar el laudo de catorce de diciembre de dos mil diez, dictado en el expediente laboral 2060/2009. La omisión del perito valuador, para emitir el avalúo correspondiente respecto al bien inmueble embargado en autos del juicio laboral 2060/2009. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe justificado Foja 1 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Negó los actos reclamados. 21 2 Director de Amparos y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del Estado, en ausencia del Fiscal General y de los Vicefiscales de Delitos comunes y de los Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas, de esa dependencia. Negó los actos reclamados. 54 3 Sergio Manuel García Pérez, Perito Valuador en Bienes Inmuebles adscrito a la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Negó los actos reclamados. 64 y 65 SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 720/2021-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de ejecutar el laudo de catorce de diciembre de dos mil diez, dictado en el expediente laboral 2060/2009. La omisión del perito valuador, para emitir el avalúo correspondiente respecto al bien inmueble embargado en autos del juicio laboral 2060/2009. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Director de Amparos y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del Estado, en ausencia del Fiscal General y de los Vicefiscales de Delitos comunes y de los Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas, de esa dependencia y Sergio Manuel García Pérez, Perito Valuador en Bienes Inmuebles adscrito a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto reclamado (fojas 54, 64 y 65), refiriendo que no fue posible realizar el avalúo correspondiente, en virtud de que el inmueble embargado en autos de juicio laboral 2060/2009, se encontraba cerrado y para realizar la diligencia encomendada se necesitaba que dicho inmueble estuviera abierto. Para corroborar lo anterior, las autoridades adjuntaron a su informe copia certificada y copia simple del oficio 1202/2019, de doce de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Ing. Sergio Manuel García Pérez, dirigido al expediente laboral 2060/2009. Documento que goza de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitido por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En esas condiciones, resulta indudable que es inexistente el acto reclamado consistente en la omisión del perito valuador, para emitir el avalúo correspondiente respecto del bien inmueble embargado en autos del juicio laboral 2060/2009, dado que, manifestó la imposibilidad que tuvo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para llevar a cabo la encomienda que le fue asignada; por tanto, se sobresee el presente juicio de amparo respecto a dichas autoridades, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de Ley de Amparo. Por otra parte, la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye consistente en la omisión de ejecutar el laudo de catorce de diciembre de dos mil diez, dictado en el expediente laboral 2060/2009. Al respecto, de las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente laboral 2060/2009, documento que goza de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitido por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley. Se advierte la inexistencia del acto reclamado, ya que dentro del presente sumario no se desprende que el impetrante de amparo haya gestionado lo conducente al respecto ante la autoridad responsable para que ésta estuviera vinculada a actuar en consecuencia. De lo anterior, se destaca que el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Junta emitió un acuerdo en el juicio laboral 2060/2009, en el cual, en lo que aquí interesa, tuvo por recibido el oficio 1202/2019, de doce de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Ing. Sergio Manuel García Pérez, perito valuador designado en autos del juicio natural, en el que el perito en mención, expresó la imposibilidad para cumplir con lo ordenado en la comparecencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho. Por lo antes narrado, la junta responsable requirió a los demandados y condenados Héctor Cárdenas Solís y Julia Isabel Alamilla Ávila, para que en el término de tres días manifestaran por escrito los horarios y días en que se encuentra disponible el inmueble embargado, con el fin de que el perito valuador recabara los elementos necesarios para emitir la actualización de avalúo, para así proceder con la diligencia de remate respectiva. En esa razón de las constancias allegadas por la responsable, se desprende que en el auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, fue notificado a la parte actora, por conducto de su apoderado legal Hugo flores Ovando, el once de junio de dos mil diecinueve. De ahí que, del análisis íntegro de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el expediente natural que se analiza, no se advierte que la parte quejosa haya elevado petición por escrito ante la autoridad laboral para impulsar el procedimiento de ejecución del laudo. Asimismo, de las constancias allegadas al sumario no se advierte promoción alguna pendiente de acordar, por lo que se está ante una omisión genérica de proveer las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; es decir, no es suficiente que la parte quejosa refiera que la responsable no ha dictado las medidas necesarias contempladas en la ley para que se dé cumplimiento al laudo, específicamente el dejar de despachar ejecución del laudo firme que obre en autos, pues tal y como ha quedado precisado en los párrafos que anteceden, el procedimiento de ejecución requiere necesariamente el impulso procesal del promovente ante la autoridad laboral para continuar con el mismo. De ahí la inexistencia de la omisión atribuida a la autoridad laboral. En ese sentido, debe precisarse que para que se actualice una omisión como la que se reclama, debe existir previamente una obligación correlativa o una facultad constitucional que ineludiblemente constriña a la autoridad responsable de que se hace mérito a realizarla, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. Así lo expuesto, resulta lógico y jurídicamente razonable, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio, de manera que si la parte quejosa promovió este juicio para combatir la omisión genérica de la autoridad laboral de llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo en los términos que refiere, es evidente que no existe el acto omisivo atacado en el juicio de amparo que nos ocupa, en los términos que han quedado precisados. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materias Común, Laboral, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia de actos. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. No pasa inadvertido que en el presente juicio de amparo aún no se cuente con el emplazamiento de los terceros interesados, dado que no fue posible su localización en los domicilios que aparecen en autos y los proporcionados por las partes de este juicio; sin embargo, en el caso se reclama una omisión en el procedimiento de ejecución de laudo y en virtud del sentido de esta sentencia, se estima que no le causa afectación a dicha parte, razón por la que a fin de no retardar el dictado de la sentencia de fondo, se estimó innecesario su emplazamiento mediante edictos; máxime que como se mencionó, al sobreseerse el juicio de amparo, no le causa ninguna afectación jurídica a los terceros interesados. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Santiago Balcázar López, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado criptográficamente por Gerardo Candelario Jiménez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, señala como domicilio de los terceros interesados Comercializadora Omega del Golfo, sociedad anónima de capital variable, a través de su representante legal, Héctor Cárdenas Solís y Julia Isabel Alamilla Ávila, el ubicado en calle Hidalgo número 202 altos, despacho 2, colonia Centro de esta Ciudad. En ese tenor, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que proceda a emplazar a los terceros interesados Comercializadora Omega del Golfo, sociedad anónima de capital variable, a través de su representante legal, así como a Héctor Cárdenas Solís y Julia Isabel Alamilla Ávila, en el domicilio señalado en el párrafo que antecede, les haga entrega de una copia de la demanda de amparo, y les notifique los proveídos de cinco, veinte, veintiuno de julio, cinco de agosto y dos de septiembre, así como el presente proveído y les entregue copia de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, les comunique que con tal carácter pueden comparecer a este asunto en defensa de sus intereses si lo estiman pertinente. Para dar margen a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la constancia actuarial de veinticinco de octubre del año actual, en la cual el Actuario Judicial de la adscripción manifestó la imposibilidad que tuvo para emplazar a los terceros interesados Comercializadora Omega del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal, Héctor Cárdenas Solís y Julia Isabel Alamilla Ávila, toda vez que en el domicilio señalado para tal efecto, el ciudadano que lo atendió le informó que los abogados que llevaban ese asunto tienen más de un año que se fueron de ahí, asimismo que no conoce a los terceros interesados y no los representan legalmente. En ese contexto, para una pronta impartición de justicia, tal como lo establece el artículo 17 de la Carta Magna, con apoyo en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con relación en la fracción II del ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos legales la notificación de este acuerdo, proporcione el domicilio actual y correcto en donde puedan ser emplazados a juicio los citados terceros interesados. En el entendido que de no hacerlo en el plazo concedido, este órgano jurisdiccional procederá a la investigación del domicilio de dicha parte, y una vez agotado este recurso, y de no lograrse su localización, en términos de la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos que correrán a su costa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 538, Tomo XIV, julio de 2004, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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