Santiago Álvarez Salazar
Expediente 1283/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1283/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Santiago Álvarez Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Santiago Álvarez Salazar; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO, se ordena que, una vez que transcurran TRES AÑOS a partir de la presente fecha, se proceda a su DEPURACIÓN, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1283/2022-8, promovido por ***********, por conducto de Daniel Juárez Solar, contra los actos que reclama del Director de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el cinco de agosto de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y turnado a éste órgano jurisdiccional en esta misma fecha, Daniel Juárez Solar en favor de Santiago Álvarez Salazar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADO "I. Incomunicación. II. Deportación. III. La restricción al derecho de libre tránsito dentro del territorio mexicano... IV. El aseguramiento y retención ILEGAL del directo quejoso." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Director de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco 2 Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en Villahermosa. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y PREVENCIÓN. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano a favor del quejoso Santiago Álvarez Salazar, a fin de que cesaran inmediatamente los actos consistente en privación de la libertad, alojamiento y/o detención fuera del procedimiento y cualquier otro que pusiera en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a los quejosos del goce de la garantía individual peticionada y se establecieron las bases para que la autoridad responsable diera el debido cumplimiento. De igual forma, se ordenó al actuario de la adscripción diera fe de la integridad física y requiriera al directo quejoso Santiago Álvarez Salazar, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta manifestaran si ratificaba o no la demanda de amparo de que se trata en el entendido que de no hacerlo se tendrá por no presentada, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejarían sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Ratificada que fue la demanda, por proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 1283/2022-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: Incomunicación. Actos que afectan la dignidad e integridad personal, en relación a las condiciones sanitarias en que se encuentran durante su alojamiento en la Estación Migratoria. La restricción al libre tránsito dentro del territorio nacional. La detención fuera del procedimiento, al exceder de las treinta y seis horas. Orden de deportación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA ORDEN DE INCOMUNICACIÓN Y ACTOS QUE AFECTEN LA DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES SANITARIAS EN QUE SE ENCUENTRAN DURANTE SU ALOJAMIENTO. De los artículos 63, fracción IV y 74, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, se determina que no es cierto el acto reclamado al Director (en su denominación correcta) y Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos, todos de la Estación de Migración de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, consistente en la orden de incomunicación y actos que afecten la dignidad e integridad personal, en relación a las condiciones sanitarias en que se encuentran durante su alojamiento; pues la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado en nombre de las precitadas autoridades responsables específicamente negó su existencia. Por lo que al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Máxime que de las constancias que obran el presente juicio de amparo, se advierte que la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, se constituyó ante la Estación Migratoria de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, entrevistándose con el quejoso Santiago Álvarez Salazar , quien en su humanidad dio fe del estado físico y de las condiciones en que se encuentra la parte quejosa, haciendo constar al respecto lo siguiente: ".Seguidamente, le (s) pregunto al (los) quejoso (s) si ha(n) sido objeto de malos tratos, tortura física o psicológica por parte de la autoridad responsable a lo que manifiesta (n) que no, ante ello a través de mis sentidos, doy fe del estado físico y condiciones en que se encuentre (n) y advierto que: Doy fe de tener ante mi presencia al citado quejoso y advierto a simple vista que no presenta heridas o hematomas en su cuerpo hasta donde puedo ver, lo anterior se corrobora con el dicho de la (sic) aludido quejoso al manifestar que no ha recibido por parte de las autoridades responsables ningún tipo de maltrato, ni físico, ni sicológico, que le han dado un trato decente, que recibe sus tres alimentos y que tiene un espacio donde dormir, que llegó a la estación migratoria el jueves veintiocho de julio del presente año". De lo anterior, se desprende que la fedataria de la adscripción hizo constar que tuvo comunicación con el quejoso, sin que éste manifestara que se encontrara incomunicado, y que la autoridad hubiere realizado actos que afectaran su dignidad e integridad personal, en relación a las condiciones sanitarias en que se encuentran durante su alojamiento. Inspección judicial que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 161, 163, 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º, pues fue desahogada con las formalidades de ley y por el funcionario facultado para ello dentro del ámbito de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis con registro 235930, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Segunda Parte, Volumen 63, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "INSPECCION JUDICIAL PRACTICADA POR ACTUARIO DE JUZGADO DE DISTRITO. VALIDEZ.- Las diligencias de inspección judicial practicadas por los actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que los actuarios tienen la capacidad legal para practicarlas y el resultado de éstas tiene el valor de prueba plena, pues el actuario está investido por disposición de la ley de fe pública". Asimismo, de las copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, obran el acta de presentación de veintiocho de julio de dos mil veintidós, donde en el punto segundo se hizo constar que al quejoso se le proporcionó acceso a comunicación telefónica. Aunado a lo anterior, se encuentra también el formato de enseres básicos de aseo personal, firmada por el quejoso donde manifiesta que desde su ingreso a esa estación migratoria el veintiocho de julio de dos mil veintidós, y durante todo el tiempo que duró su estancia ahí le fue proporcionado kit de aseo personal (jabón, pasta y cepillo dental, shampoo y desodorante), papel higiénico, colchoneta, cobija y gel antibacterial; formato de comidas, donde se señala que se le proporcionó desayuno, comida y cena, el tiempo que estuvo ahí alojado. Documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. En esa medida, por un parte, -contrario a lo alegado por los quejosos de mérito en su libelo de amparo- de la diligencia realizada por la fedataria de la adscripción se desprende que no han estado incomunicados; por lo que, resulta evidente que el citado acto atribuido a las autoridades responsables no existe. Aunado a lo anterior, el promovente no aportó prueba alguna apta que desvirtuara el contenido de las documentales descritas, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento y que sustentó con las constancias que remitió la autoridad a su informe justificado. Justifica lo anterior, la tesis aislada con registro 2018533, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la página 256, Tomo I, de Diciembre de 2018, Libro 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO.- Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores". En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los mismos. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS MARCADOS COMO 3, 4 Y 5. La Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" de la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en representación del Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado admitieron parcialmente los actos reclamados consistentes en la orden de detención, retención, privación de la libertad y deportación emitida en su contra y su ejecución; aunado a ello, de las constancias que anexó a su referido informe evidencia la certeza de los actos que se le reclama de ahí que, deban tenerse por ciertos. Documentos a los que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetadas su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese sentido, esta juzgadora estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace a los actos reclamados, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 193758, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca los actos mismos, y estos dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los actos, que pueden verse acompañada o no de la insubsistencia misma de los actos, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto de los actos reclamados han desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1). El veintiocho de julio de dos mil veintidós, fue presentado el quejoso a la Estación Migratoria en Villahermosa, para efectos de que se resolviera su situación jurídica migratoria. 2) Mediante escrito de demanda recibido el cinco de agosto de dos mil veintidós, a través del portal en línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, Daniel Juárez Solar en favor de Santiago Álvarez Salazar, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal. 3) Posteriormente, el diez de agosto del año en curso, se otorgó salida provisional de la estación migratoria a Santiago Álvarez Salazar, sujetándolo al control de firmas semanalmente ante el Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, los actos reclamados se hicieron consistir en la detención ejecutante con fines de "aseguramiento/alojamiento/detención", en la Delegación Regional y Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, la orden de deportación, así como su restricción libre tránsito dentro de la República Mexicana, y siendo que como ya se precisó, desde el diez de agosto de dos mil veintidós, al aquí quejoso Santiago Álvarez Salazar, se le otorgó salida de la estación migratoria. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaba siendo objeto por parte de la autoridad responsable, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repuso al quejoso en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y quinto, de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de seis de julio pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 1961 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. 1 Artículo 196. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. ANTECEDENTES Por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Lidia Cristhell Córdoba de la Cruz y Héctor Gabriel Méndez Irissón, contra el acto reclamado a la Directora General del Registro Civil del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad: Inconforme con la anterior determinación la Subcoordinadora de Asuntos Jurídicos de la Coordinación de Asuntos Jurídicos en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, interpuso recurso de revisión que fue registrado con el número 71/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Mediante oficio recibido el veinte de mayo de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 71/2022 de su índice, de la que se advierte que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Lidia Cristhell de la Cruz y Héctor Gabriel Méndez Irissón, contra los actos de la Directora General del Registro Civil del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, para los efectos especificados en el considerando tercero de esta ejecutoria". Mediante oficios recibidos el catorce y veintitrés de junio, y cinco de julio de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el fallo protector. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". 2 ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo se otorgó la protección de la justicia federal a los quejosos para que la autoridad responsable: a) No aplique en el registro de nacimiento de la menor a que hace referencia el certificado de alumbramiento con folio 027994800, de treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el artículo 48 del Código Civil para el Estado de Tabasco, esto es, para que no le aplique en el presente ni en el futuro, dicho precepto legal, hasta que no se modifique la normativa de mérito; Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. b) Como consecuencia de lo anterior, deje insubsistente el oficio SG/DGRC/O/3935/2021, de ocho de noviembre de dos mil veintiuno y, en su lugar, instruya el registro del nacimiento de la menor a que hace referencia el certificado de alumbramiento con folio 027994800, de treinta y uno de enero del aludido año, exhibido por Lidia Cristhell Córdoba de la Cruz y Héctor Gabriel Méndez Irissón, en la forma propuesta en el escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, esto es, con el nombre de iniciales "I.I.C.", es decir, con el apellido materno del padre primero y apellido paterno de la madre en segundo lugar. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por oficio SG/DGRC/CJ/2946/2022, de ocho de junio de dos mil veintidós, comunicó al Oficial 02 del Registro Civil de Centro, Tabasco, que efectúe las acciones necesarias en caso de que la parte quejosa comparezca a realizar los trámites relacionados con la menor de identidad reservada. Asimismo, mediante oficio SG/DGRC/CJ/2989/2022 de veintidós de junio de dos mil veintidós, comunicó a Lidia Christhell Córdova de la Cruz y Héctor Gabriel Méndez Irrisón, que se dejó sin efectos el diverso oficio SG/DGRC/O/3935/2021, de ocho de noviembre de dos mil veintiuno; y que podrán comparecer a realizar los trámites del registro de su menor hija, en días y horas hábiles, sin que se le aplique en el presente ni en el futuro el artículo 48 del Código Civil para el Estado de Tabasco, hasta que no se modifique la normativa de mérito. Oficio en el cual consta la firma de recepción por parte de los impetrantes de amparo. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por José Alfaro Gerónimo y José Jerónimo Hernández, autorizados de la parte quejosa, el segundo de los citados en términos amplios de la Ley de la Materia, mediante el cual, realizan diversas manifestaciones respecto al trato dado a las gestiones inherentes al cumplimiento del fallo protector y en lo medular, solicitan: a) que se tenga como autoridad vinculada al Gobernador del Estado de Tabasco, en carácter de superior jerárquico de la Secretaría de Educación de esta entidad, b) se aperture el incidente de inejecución de sentencia respectivo y c) se requiera la entrega del cheque depositado ante el Tribunal responsable, así como la exhibición de las constancias relativas a las descuentos y aportaciones correspondientes. Ahora bien, por lo que hace a la petición marcada con el inciso a), es menester señalar lo que dispone los artículos 192, 194 y 197 de la Ley de Amparo: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." "Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo." "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." En razón a lo anterior, a fin de velar por el debido cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo y como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de autoridad vinculada a Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Interino del Estado de Tabasco. Ello, aun cuando no se le señalara como autoridad responsable en la ejecutoria de amparo, pues sí tiene o debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está obligada a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica. Por lo que, de conformidad con el precitado numeral, todas las autoridades que tengan intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades a que alude la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Por tanto, requiérasele a la referida autoridad vinculada para que, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, en el ámbito de sus facultades, auxilie a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, a fin de brindarle los medios necesarios para el cabal cumplimiento del fallo protector, esto es: "Con la mayor celeridad posible, implemente las medidas idóneas y eficaces, empleando los instrumentos jurídicos a su alcance a fin de que, salvaguardando la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a efecto de lograr la plena ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 372/2014 de su índice, consiste la condena de pago impuesta a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, por la cantidad de $306,116.75 (trecientos seis mil ciento dieciséis pesos 75/100 M.N.) en favor de Armida Uco Romero (.)". En el entendido de que las sumas precitadas, pueden ser ajustadas de acuerdo a los pagos que se hayan cubierto de manera anticipada, los convenios celebrados al respecto y las actualizaciones de los importes relativos. Por tanto, se le solicita que lleve a cabo el trámite correspondiente en breve término, para que se efectúe el referido pago; en el caso de que el presupuesto autorizado sea insuficiente o surgiera algún impedimento para cumplir lo requerido, se le instruye para que busque alguna otra opción para satisfacer lo solicitado, lo cual deberá informar en el plazo que se le concede en el presente auto. Sobre el particular, deberá tener en cuenta lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XX/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Tomo XV, abril de 2002, página 12, con número de registro 187083, del siguiente rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO." Apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le aplicará a cada uno multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00. (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". En cuanto a la solicitud marcada con el inciso b), dígase al promovente que deberá estar a lo acordado en el proveído de ocho de julio del año actual. Y en lo tocante al inciso c), de la revisión practicada a las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, se advierte que por acuerdo de veintidós de julio de la presente anualidad, se tuvo a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, informado que por escrito de once julio último, exhibió ante el Tribunal responsable el original del título de crédito de cinco del precitado mes, expedido por el banco BBVA, con número de cuenta 00118236828, cheque 0000003 a favor de la aquí quejosa Armida Uco Romero, por la cantidad de $41,050.66 (cuarenta y un mil pesos 66/100 moneda nacional), por lo que, se otorgó el término de tres días a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para efecto de que remita copia certificada del acuerdo recaído a dicho ocurso, el cual, se encurta transcurriendo toda vez que el oficio 25401/2022 a través del cual se le realizó dicho requerimiento, le fue entregado el dos de agosto actual; por lo que, una vez que transcurra dicho plazo se acordara lo conducente. Notifíquese.
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