Santiago Atehortua Mejia
Expediente 1590/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Santiago Atehortua Mejia
- Subrepresentante Federal de la Oficina Local de Representación del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, B. C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse concedido la suspensión de plano, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
Mexicali, Baja California, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que obran en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 737/2022 del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se advierte que el once de octubre de dos mil veintidós, la Subdirectora de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, dictó resolución para determinar la salida de la estación migratoria de los quejosos Santiago Atehortua Mejía y Esteban Anclares Jiménez o Juan Esteban Anclares Jiménez, por sus propios medios. Ahora bien, dado que dichas documentales permiten establecer el paradero de la parte quejosa, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente en relación con este juicio de amparo, se levanta la suspensión del procedimiento decretada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós. En ese sentido, de las constancias que se agregan, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ha sobrevenido la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos reclaman en esencia, su detención y como consecuencia de ello, la incomunicación y la posible de deportación. Luego, en el caso se actualiza la causa de improcedencia aludida, porque de las documentales previamente valoradas se obtiene que la autoridad migratoria el once de octubre de dos mil veintidós, la Subdirectora de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, dictó resolución para determinar la salida de la estación migratoria de los quejosos Santiago Atehortua Mejía y Esteban Anclares Jiménez o Juan Esteban Anclares Jiménez, por sus propios medios, lo que les permitió abandonar la estación migratoria respectiva y retornar a su país. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien es cierto que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa estaba detenida en la estación migratoria, tal afectación a su esfera jurídica cesó una vez que se emitió resolución administrativa en la que se determinó su salida de la estación migratoria por sus propios medios. De modo que todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, respecto de la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; y en atención a su contenido, remítase copia certificada de las constancias que solicita y hágase de su conocimiento que el presente juicio de amparo, mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 15, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se ordenó la suspensión del procedimiento y se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, toda vez que se dio vista a la parte promovente, con la razón actuarial en la cual el actuario de la adscripción asentó que el quejoso no se encontraba alojado en la instalación migratoria de esta ciudad, con objeto de que informara el domicilio en el que actualmente se encuentra el quejoso, a fin de que este Juzgado estuviera en aptitud de localizarlo y lo requiriera respecto de la ratificación o no la demanda que nos ocupa, sin que diera contestación al mismo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y las manifestaciones vertidas por la autorizada de la parte quejosa, recibidas en auto de once de agosto de dos mil veintidós y con el escrito de cuenta mediante el cual solicita se atiendan las manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector, a continuación se determina si se encuentra cumplida la sentencia. Antecedentes En el caso, Keiri Natzelly González Valdez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Gobernador y Congreso del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en el que reclamó la aprobación, sanción, promulgación y orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado, del artículo 10, fracción II, inciso A) número 3 y 5, subinciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2022 y los artículos 10 y 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali para el Ejercicio fiscal 2022.. En sentencia de siete de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa, para que la autoridades que sean vinculadas al cumplimiento, por razón de sus funciones llevaran a cabo acciones administrativas a fin de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del artículo 10, fracción II, inciso A), numerales 3 y 5, y su respectivo subinciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2022, que contempla el derecho de expedición de placas y de tarjeta de circulación por primera vez; asimismo, para que se restituyera a la agraviada las cantidades que pagó, únicamente relativas al artículo antes mencionado y conceptos señalados. Determinación que causó ejecutoria el dieciocho de abril de dos mil veintidós, al no recurrirse por las partes. Actos relativos al cumplimiento del fallo Luego, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación de la Secretaría de Hacienda, con sede en esta ciudad, remitiendo el oficio 224823 mediante el cual remitió constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de las que se advierte que el nueve de agosto de dos mil veintidós, devolvió la cantidad $ 3,016.88 (tres mil dieciséis pesos con 88/100 moneda nacional) que pagó la quejosa por concepto de derecho de expedición de placas y de tarjeta de circulación por primera vez, en la que se aprecia la firma de recibido de la quejosa. Documental que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2º de la misma Ley, tiene valor probatorio pleno. Manifestaciones de la parte quejosa Por su parte, la quejosa realizó manifestaciones mediante escrito recibido en auto de once de agosto del presente año, en el que señaló que le fueron devueltas las cantidades que pagó por los conceptos de derecho de expedición de placas y de tarjeta de circulación por primera vez; sin embargo, estima que el monto devuelto no resarce cabalmente la violación del derecho protegido por la sentencia de amparo, al no devolverse las cantidades actualizadas en términos del artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Baja California. Calificación de los actos relativos al cumplimiento Bajo ese contexto, el suscrito estima que la sentencia de amparo no se encuentra colmada, ya que respecto del total de las cantidades que fueron cobradas por concepto de derecho de expedición de placas y de tarjeta de circulación por primera vez contenidos en los preceptos reclamados y que de acuerdo a los autos, a la postre fueron devueltas a la quejosa por las responsables, no se advierte que se haya hecho la correspondiente actualización, lo cual es una cuestión accesoria a la cantidad principal, de la que se ordenó la devolución, aun cuando no se haya establecido en la sentencia que concedió el amparo. Por tanto, en razón de que si el cumplimiento de la sentencia de amparo involucraba la devolución de la cantidad relativa al pago de los derechos materia del presente juicio, la autoridad responsable quedaba obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que como se estableció en la sentencia dictada, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de derecho violado; por lo que no puede considerarse cumplida la ejecutoria de amparo. La jurisprudencia aludida, se identifica con el número 2a./J. 13/2008, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." En consecuencia, resulta procedente requerir de nueva cuenta a las autoridades vinculadas al cumplimiento Secretaría de Hacienda del Estado y Recaudador de Rentas Secretaría de Hacienda del Estado, para que dentro del término de tres días contadas a partir de que reciban el oficio relativo, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo, en los términos indicados. Con el apercibimiento que, de no hacerlo así dentro del término señalado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que serán remitidos los autos originales del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en turno con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley citada. Asimismo, se les apercibe que de no cumplir en los términos indicados, se podrá considerar que incurren en evasivas injustificadas o tramite ilegal lo cual también constituye causa para la inejecución de la sentencia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, registro 2007914, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Finalmente, respecto a la solicitud de la promovente de que se realicen las notificaciones electrónicas en el presente juicio, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la legislación aplicable y lo previsto en el Acuerdo General de 12/2020 de referencia, a partir de esta determinación, háganse vía electrónica a la parte promovente que se trata, al usuario proporcionado en autos, dado que así lo solicita expresamente.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes
- Sandra Rocio Ruiz Arreola1266/2023
- Sandra Rocio Ruiz Arreola1296/2021
- Sandra Yovana Escobar Villavicencio625/2020
- Sandro Ernesto Valenzuela Acosta142/2015
- Sandy Ojeda Tellez571/2022
- Sanjuana Espinoza Campos8/2020
- Santiago Burgoin Peralta1439/2021
- Santiago Fuentes Ramon1293/2021
- Santiago Reseck Duarte465/2023
- Santiago Romero Osorio128/2023
- SANTIAGO VIDAURI CASTRO y Otros.37/2016
- Santiago Vidauri Castro85/2015