Sandy Ojeda Tellez

Expediente 571/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
571/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Sandy Ojeda Tellez
  • Titular del Instituto Nacional de Migracion, en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que consta que mediante auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se recibió oficio remitido por el Instituto Nacional de Migración por conducto del Sub Representante Federal en Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual envió informe sobre la suspensión de plano decretada en el presente juicio, informando que el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se otorgó un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas al quejoso Sandy Ojeda Téllez de nacionalidad cubana, con el cual abandonó definitivamente las instalaciones donde se encontraba alojado. En efecto, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional ataques a la libertad personal y la deportación fuera de todo procedimiento. Atento a lo anterior, de lo informado por la responsable se colige que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, del informe sobre las suspensión de plano decretada en el presente juicio y del anexo que remitió la autoridad responsable, consistente en documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas al quejoso Sandy Ojeda Téllez de nacionalidad cubana, con el cual abandonó definitivamente las instalaciones donde se encontraba alojado. Constancias a las que les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -veintinueve de abril de dos mil veintidós-, el reclamo de la parte quejosa era que se encontraba sufriendo ataques a la libertad personal y la posible deportación, tal afectación cesó una vez que la responsable otorgó un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas al quejoso Sandy Ojeda Téllez de nacionalidad cubano, con el cual abandonó definitivamente las instalaciones donde se encontraba alojado. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable otorgó el permiso correspondiente al quejoso. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación del mandamiento judicial reclamado, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con cuarenta y ocho minutos del siete de junio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Vista la certificación que antecede, en la que consta que mediante auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se recibió oficio remitido por el Instituto Nacional de Migración por conducto del Sub Representante Federal en Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual envió informe sobre la suspensión de plano decretada en el presente juicio, informando que el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se otorgó un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas al quejoso ... de nacionalidad cubana, con el cual abandonó definitivamente las instalaciones donde se encontraba alojado. En efecto, del estudio integral que se efectúa a la 27/02/24 04:14:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.1e ISRAEL ZEPEDA MERÍN demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional ataques a la libertad personal y la deportación fuera de todo procedimiento. Atento a lo anterior, de lo informado por la responsable se colige que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/981 , como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, del informe sobre las suspensión de plano decretada en el presente juicio y del anexo que remitió la autoridad responsable, consistente en documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas al quejoso Sandy Ojeda Téllez de nacionalidad cubana, con el 1 Registro 196820. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Novena Época. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". 27/02/24 04:14:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.1e ISRAEL ZEPEDA MERÍN Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 571/2022-8 ??????????????? cual abandonó definitivamente las instalaciones donde se encontraba alojado. Constancias a las que les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 2022 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -veintinueve de abril de dos mil veintidós-, el reclamo de la parte quejosa era que se encontraba sufriendo ataques a la libertad personal y la posible deportación, tal afectación cesó una vez que la responsable otorgó un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas al quejoso Sandy Ojeda Téllez de nacionalidad cubano, con el cual abandonó definitivamente las instalaciones donde se encontraba alojado. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable otorgó el permiso correspondiente al quejoso. 2 Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal. 27/02/24 04:14:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.1e ISRAEL ZEPEDA MERÍN En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la 27/02/24 04:14:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.1e ISRAEL ZEPEDA MERÍN Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 571/2022-8 ??????????????? improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación del mandamiento judicial reclamado, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 27/02/24 04:14:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.1e ISRAEL ZEPEDA MERÍN Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con cuarenta y ocho minutos del siete de junio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 27/02/24 04:14:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.1e ISRAEL ZEPEDA MERÍN Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 571/2022-8 ??????????????? Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL PROMOVENTE EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Agréguese el oficio que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual en estricto acatamiento a la suspensión de plano decretada en autos, informa, en lo que interesa, que se entregó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas al quejoso Sandy Ojeda Téllez, por lo que abandonó definitivamente la estación migratoria de esta ciudad, remitiendo para el efecto las constancias con la que apoya su informe. Por tanto, requiérase a Alejandro Martínez Portugal, quien promovió la demanda de amparo en representación del quejoso, a fin de que en el momento de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe el domicilio en el que actualmente se encuentra el antes mencionado, a efecto de que este Juzgado esté en aptitud de localizarlo y requerirlo para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor. Con el apercibimiento, que de no atender lo requerido en este auto, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237 y 238 de la Ley de Amparo; lo anterior sin perjuicio de que esta autoridad provea lo que considera pertinente. 27/02/24 04:14:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.1e ISRAEL ZEPEDA MERÍN

  4. Principal

    Agréguese el oficio que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual en estricto acatamiento a la suspensión de plano decretada en autos, informa, en lo que interesa, que se entregó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas al quejoso ..., por lo que abandonó definitivamente la estación migratoria de esta ciudad, remitiendo para el efecto las constancias con la que apoya su informe. Por tanto, requiérase a ..., quien promovió la demanda de amparo en representación del quejoso, a fin de que en el momento de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe el domicilio en el que actualmente se encuentra el antes mencionado, a efecto de que este Juzgado esté en aptitud de localizarlo y requerirlo para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor. Con el apercibimiento, que de no atender lo requerido en este auto, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237 y 238 de la Ley de Amparo; lo anterior sin perjuicio de que esta autoridad provea lo que considera pertinente.

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