Santiago Aldrete Contreras y Otros.
Expediente 556/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Santiago Aldrete Contreras y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite el Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 10516/2019 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de once de julio de dos mil diecinueve y se le devolvió un tomo de pruebas que allegó para la substanciación del presente juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de junio del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil M-0269/2019 (un tomo), que remitió el Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en esta ciudad, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 495/2019-I, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de un asunto del índice de este Juzgado, así como la copia cotejada de la demanda de amparo y anexos, presentada por *********** y ***********, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 556/2019-II. De la copia cotejada de cuenta, se advierte que en proveído de veinticuatro de los actuales, en el juicio de amparo aludido en el párrafo precedente, se determinó hacer la separación del juicio de amparo promovido por *********** y ***********, en razón de que se estimó que los actos reclamados son diversos y se encuentra desvinculados; por tanto, se procede a proveer lo relativo respecto de la demanda instaurada poa los citados quejosos en contra del acto consistente en el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil M-0269/2019, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta localidad. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo dicha guisa, a propósito del acto reclamado, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del quejoso ***********, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con la finalidad de capitalizar la causal de improcedencia invocada, es necesario establecer los antecedentes siguientes: 1. Ante el Juzgado Cuarto Menor Civil de esta urbe, ***********, en su calidad de endosataria en procuración de ***********, demandó en la vía ejecutiva mercantil de *********** (quejoso), el pago de la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M. N.), entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente M0269/2019. 2. Por proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio; razón por la cual, se ordenó llevar a cabo la diligencia encomendada. 3. Cabe señalar que no pudo llevarse a cabo la diligencia encomendada; siendo hasta el momento el estado procesal que guarda el controvertido de origen, sin que a la fecha se haya dictado sentencia en el contencioso de origen. Dicho esto, debe decirse que el suscrito estima que previo a la promoción del presente juicio, el quejoso tuvo que haber impugnado dicho acto mediante el recurso de revocación contenido en los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M. N.). Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil M-0269/2019 de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta localidad; y si el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta mencionar que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, puede comparecer al procedimiento de origen, donde aún no se ha emitido sentencia definitiva. Por ello, se insiste que el peticionario de amparo ***********, previo a instar este juicio debió interponer el señalado medio de impugnación para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. De igual modo, respecto a la diversa quejosa ***********, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en concatenación del diverso numeral 5o, fracción I, ambos de la Ley de la Materia, que a la letra estatuyen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" La citada disposición, implica la exigencia de que la parte quejosa resienta un agravio en sus derechos fundamentales como requisito infranqueable para pedir la protección de la Justicia de la Unión a través del juicio de amparo, lo cual se relaciona estrechamente con el contenido del artículo 6º de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, lo que se conoce como principio de instancia de parte agraviada. Asimismo, el artículo 5º, fracción I, de la legislación en consulta, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En términos generales, existe interés jurídico cuando el peticionario de amparo cuenta con una tutela que se regula bajo determinados preceptos legales, que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Esta idea, se encuentra implícita en la descripción de los elementos genéricos de la acción de amparo, donde el gobernado se identifica con el sujeto activo, titular de la acción; la autoridad responsable tiene el carácter de sujeto pasivo, pues contra ella se dirige la pretensión; el objeto, lo constituye la obtención de la protección de la Justicia de la Unión, a efecto de que el sujeto activo sea restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales; y la causa de la acción se presenta en dos vertientes, una causa remota, identificada con la existencia de un derecho, y una causa próxima, referida a una situación de hecho, contraria o lesiva de ese derecho o prerrogativa. En todo caso, es necesario acreditar, primero, que se disfruta de un derecho con arreglo a la ley; y después, que se resiente la violación o el desconocimiento de ese derecho. Ambos extremos (titularidad y afectación) son necesarios para acreditar el interés jurídico, porque el que no goza legalmente de un derecho, en puridad, no puede resentir una privación del mismo; mientras que aquel que no ve amenazado su derecho, no tiene necesidad alguna de buscar protección constitucional para emprender su defensa. De tal suerte, la quejosa tiene la carga de acreditar su interés jurídico a fin de poder ejercer la acción de amparo y, en este sentido, tiene que evidenciar que su acción cumple con el elemento relativo a la causa eficiente, en sus dos vertientes, remota y próxima, esto es, por un lado, que se ubica en una situación tutelada por un derecho subjetivo público, y por otro lado, que existe un ataque o infracción en su contra. Ahora bien, con la finalidad de exponer por qué se actualiza la causal de improcedencia de mérito, es necesario señalar que del análisis de las constancias que como justificación a su informe remitió la juez responsable, se desprende que: 1. Ante el Juzgado Cuarto Menor Civil de esta urbe, ***********, en su calidad de endosataria en procuración de ***********, demandó en la vía ejecutiva mercantil de *********** (quejoso), el pago de la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M. N.), entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente M0269/2019. 2. Por proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio; razón por la cual, se ordenó llevar a cabo la diligencia encomendada. 3. Cabe señalar que no pudo llevarse a cabo la diligencia encomendada; siendo hasta el momento el estado procesal que guarda el controvertido de origen, sin que a la fecha se haya dictado sentencia en el contencioso de origen. De la narrativa anterior, en lo que interesa, se desprende que: La aquí quejosa no es parte formal en el procedimiento del cual emanó el acto reclamado, por lo que en el presente juicio constitucional se ostenta con el carácter de tercera extraña en sentido estricto; La Juez Cuarto Menor de esta localidad, dictó el auto de requerimiento de pago, embargo (en su caso) y emplazamiento en contra de ***********, y, Dicho auto de exequendo no se ha llevado a cabo. En ese sentido, tomando en consideración que el auto reclamado por la quejosa ***********, se dictó únicamente en contra del demandado ***********, es incuestionable que dicha determinación, por sí sola, no le irroga perjuicio alguno a la solicitante del amparo y, por ende, no lesiona su interés jurídico, pues no es parte en el controvertido de origen, no fue emitida en su contra y no se le embargó ningún bien de su propiedad; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Se afirma lo anterior, pues para la procedencia del juicio constitucional no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecta algún derecho tutelado por la ley a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad lesiona su esfera jurídica, lo que en la especie no ocurre, dado que el auto de mandamiento en forma no fue dictado en contra de la aquí quejosa ni de sus bienes, sino únicamente en contra de ***********, y respecto de sus bienes, quien funge como parte demandada en el controvertido de origen, motivo por el cual no podría afectar los derechos de propiedad respecto de los bienes que, según dice, son de su propiedad. Por tanto, si el auto de que se duele la quejosa no fue dictado en su contra, es inconcuso que, por sí solo, no afecta su interés jurídico. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causas de improceder en estudio, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Humberto Salinas Blanco, en virtud de que obra su cédula 2555981, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y solo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Vladimir Alberto Contreras Domínguez, por así haberlo solicitado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a ***********. Con las constancias recibidas, se ordena formar un tomo de prueba para mejor manejo del expediente, en la inteligencia de que se seguirá actuando en el presente cuaderno. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
Visto el auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 495/2019-I, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de un asunto del índice de este Juzgado, así como la copia cotejada de la demanda de amparo y anexos, presentada por *********** y ***********, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 556/2019-II. De la copia cotejada de cuenta, se advierte que en proveído de veinticuatro de los actuales, en el juicio de amparo aludido en el párrafo precedente, se determinó hacer la separación del juicio de amparo promovido por *********** y ***********, en razón de que se estimó que los actos reclamados son diversos y se encuentra desvinculados; por tanto, se procede a proveer lo relativo respecto de la demanda instaurada poa los citados quejosos en contra del acto consistente en el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil M-0269/2019, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta localidad. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo dicha guisa, a propósito del acto reclamado, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del quejoso ***********, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con la finalidad de capitalizar la causal de improcedencia invocada, es necesario establecer los antecedentes siguientes: 1. Ante el Juzgado Cuarto Menor Civil de esta urbe, ***********, en su calidad de endosataria en procuración de ***********, demandó en la vía ejecutiva mercantil de *********** (quejoso), el pago de la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M. N.), entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente M0269/2019. 2. Por proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio; razón por la cual, se ordenó llevar a cabo la diligencia encomendada. 3. Cabe señalar que no pudo llevarse a cabo la diligencia encomendada; siendo hasta el momento el estado procesal que guarda el controvertido de origen, sin que a la fecha se haya dictado sentencia en el contencioso de origen. Dicho esto, debe decirse que el suscrito estima que previo a la promoción del presente juicio, el quejoso tuvo que haber impugnado dicho acto mediante el recurso de revocación contenido en los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M. N.). Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil M-0269/2019 de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta localidad; y si el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta mencionar que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, puede comparecer al procedimiento de origen, donde aún no se ha emitido sentencia definitiva. Por ello, se insiste que el peticionario de amparo ***********, previo a instar este juicio debió interponer el señalado medio de impugnación para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. De igual modo, respecto a la diversa quejosa ***********, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en concatenación del diverso numeral 5o, fracción I, ambos de la Ley de la Materia, que a la letra estatuyen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" La citada disposición, implica la exigencia de que la parte quejosa resienta un agravio en sus derechos fundamentales como requisito infranqueable para pedir la protección de la Justicia de la Unión a través del juicio de amparo, lo cual se relaciona estrechamente con el contenido del artículo 6º de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, lo que se conoce como principio de instancia de parte agraviada. Asimismo, el artículo 5º, fracción I, de la legislación en consulta, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En términos generales, existe interés jurídico cuando el peticionario de amparo cuenta con una tutela que se regula bajo determinados preceptos legales, que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Esta idea, se encuentra implícita en la descripción de los elementos genéricos de la acción de amparo, donde el gobernado se identifica con el sujeto activo, titular de la acción; la autoridad responsable tiene el carácter de sujeto pasivo, pues contra ella se dirige la pretensión; el objeto, lo constituye la obtención de la protección de la Justicia de la Unión, a efecto de que el sujeto activo sea restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales; y la causa de la acción se presenta en dos vertientes, una causa remota, identificada con la existencia de un derecho, y una causa próxima, referida a una situación de hecho, contraria o lesiva de ese derecho o prerrogativa. En todo caso, es necesario acreditar, primero, que se disfruta de un derecho con arreglo a la ley; y después, que se resiente la violación o el desconocimiento de ese derecho. Ambos extremos (titularidad y afectación) son necesarios para acreditar el interés jurídico, porque el que no goza legalmente de un derecho, en puridad, no puede resentir una privación del mismo; mientras que aquel que no ve amenazado su derecho, no tiene necesidad alguna de buscar protección constitucional para emprender su defensa. De tal suerte, la quejosa tiene la carga de acreditar su interés jurídico a fin de poder ejercer la acción de amparo y, en este sentido, tiene que evidenciar que su acción cumple con el elemento relativo a la causa eficiente, en sus dos vertientes, remota y próxima, esto es, por un lado, que se ubica en una situación tutelada por un derecho subjetivo público, y por otro lado, que existe un ataque o infracción en su contra. Ahora bien, con la finalidad de exponer por qué se actualiza la causal de improcedencia de mérito, es necesario señalar que del análisis de las constancias que como justificación a su informe remitió la juez responsable, se desprende que: 1. Ante el Juzgado Cuarto Menor Civil de esta urbe, ***********, en su calidad de endosataria en procuración de ***********, demandó en la vía ejecutiva mercantil de *********** (quejoso), el pago de la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M. N.), entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente M0269/2019. 2. Por proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio; razón por la cual, se ordenó llevar a cabo la diligencia encomendada. 3. Cabe señalar que no pudo llevarse a cabo la diligencia encomendada; siendo hasta el momento el estado procesal que guarda el controvertido de origen, sin que a la fecha se haya dictado sentencia en el contencioso de origen. De la narrativa anterior, en lo que interesa, se desprende que: La aquí quejosa no es parte formal en el procedimiento del cual emanó el acto reclamado, por lo que en el presente juicio constitucional se ostenta con el carácter de tercera extraña en sentido estricto; La Juez Cuarto Menor de esta localidad, dictó el auto de requerimiento de pago, embargo (en su caso) y emplazamiento en contra de ***********, y, Dicho auto de exequendo no se ha llevado a cabo. En ese sentido, tomando en consideración que el auto reclamado por la quejosa ***********, se dictó únicamente en contra del demandado ***********, es incuestionable que dicha determinación, por sí sola, no le irroga perjuicio alguno a la solicitante del amparo y, por ende, no lesiona su interés jurídico, pues no es parte en el controvertido de origen, no fue emitida en su contra y no se le embargó ningún bien de su propiedad; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Se afirma lo anterior, pues para la procedencia del juicio constitucional no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecta algún derecho tutelado por la ley a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad lesiona su esfera jurídica, lo que en la especie no ocurre, dado que el auto de mandamiento en forma no fue dictado en contra de la aquí quejosa ni de sus bienes, sino únicamente en contra de ***********, y respecto de sus bienes, quien funge como parte demandada en el controvertido de origen, motivo por el cual no podría afectar los derechos de propiedad respecto de los bienes que, según dice, son de su propiedad. Por tanto, si el auto de que se duele la quejosa no fue dictado en su contra, es inconcuso que, por sí solo, no afecta su interés jurídico. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causas de improceder en estudio, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Humberto Salinas Blanco, en virtud de que obra su cédula 2555981, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y solo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Vladimir Alberto Contreras Domínguez, por así haberlo solicitado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a ***********. Con las constancias recibidas, se ordena formar un tomo de prueba para mejor manejo del expediente, en la inteligencia de que se seguirá actuando en el presente cuaderno. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Sandra Zamudio García594/2020
- Sandro Hernández Alcántar779/2014
- Sanjuana Aboytes Guerrero402/2020
- Sanjuana Jasso Fernández391/2019
- Sanjuana Ponce Pérez749/2016
- Santiago Aldrete Contreras y Otros.495/2019
- Santiago Cena Arias1049/2018
- Santiago Davila Rebolla906/2014
- Santiago Dávila Rebollar954/2014
- Santiago Enrique Vega Villagómez640/2017
- Santiago Guerrero Suaste739/2017
- Santiago Hernández Bustos663/2021