Santiago Aldrete Contreras y Otros.
Expediente 495/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Santiago Aldrete Contreras
- Santiago Aldrete Contreras y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones I y III párrafo primero, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y se negó la medida suspensional; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, en específico de las manifestaciones vertidas por el Juez Quinto Menor de esta localidad, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, llega al convencimiento de que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del quejoso ***********, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con la finalidad de capitalizar la causal de improcedencia invocada, es necesario establecer los antecedentes siguientes: 1. Ante el Juzgado Quinto Menor Civil de esta urbe, ***********, en su calidad de endosataria en procuración de ***********, demandó en la vía ejecutiva mercantil de *********** (quejoso), el pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.), entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente 0260/2019-M. 2. Por proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio; razón por la cual, se ordenó llevar a cabo la diligencia encomendada. 3. Cabe señalar que no pudo llevarse a cabo la diligencia encomendada; siendo hasta el momento el estado procesal que guarda el controvertido de origen, sin que a la fecha se haya dictado sentencia en el contencioso de origen. Dicho esto, debe decirse que el suscrito estima que previo a la promoción del presente juicio, el quejoso tuvo que haber impugnado dicho acto mediante el recurso de revocación contenido en los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M. N.). Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil 0260/2019-M, de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de esta localidad; y si el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta mencionar que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, puede comparecer al procedimiento de origen, donde aún no se ha emitido sentencia definitiva. Por ello, se insiste que el peticionario de amparo ***********, previo a instar este juicio debió interponer el señalado medio de impugnación para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, por lo que respecta al quejoso Santiago Aldrete Contreras, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Resta mencionar que no constituye obstáculo para sobreseer fuera de audiencia, el hecho de que los Jueces Civiles Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de Partido; los Jueces Menores Civiles Segundo, Tercero y Sexto, así como el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, todos de esta localidad, al momento de rendir su informe justificado hayan negado la existencia del acto a él atribuido (con excepción del actuario que fue señalado en su calidad de ejecutor); en función de que su negativa fue categórica, de ahí que sea ocioso esperar hasta el momento en que se celebre la audiencia constitucional, debido a que el peticionario no podrá acreditar su existencia; además, la decisión asumida tiene como fin respetar el principio de expedites en la impartición de justicia establecido en el magno 17 constitucional. De igual modo, no obsta que las responsables Jueces Menores Civiles Primero y Sexto hayan aceptado el acto reclamado al quejoso ***********, ya que, del análisis efectuado a las constancias que como justificación remitieron a su informe, se desprende que dichos juicios a la fecha se encuentran totalmente concluidos y archivados; de ahí, que no ha lugar a tenerles por cierto dicho acto, por no encontrarse vigente auto de ejecución alguno dirigido contra ***********. De igual modo, procede sobreseer en el presente juicio, por lo que respecta a la diversa quejosa ***********, en virtud de que las responsables no afirmaron de que hayan emitido acto alguno en su contra, asimismo, la peticionaria del amparo no aportó al presente sumario medio de convicción alguno tendientes a desvirtuar lo contrario; de ahí que, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 63, fracción IV, de la ley en comento, y en acatamiento a la jurisprudencia número 310, publicada en la página 209, del Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo". Razón por la cual, no constituye obstáculo para sobreseer fuera de audiencia, el hecho de que las responsables al momento de rendir su informe justificado no hayan hecho afirmación respecto de acto alguno en contra de ***********, de ahí que sea ocioso esperar hasta el momento en que se celebre la audiencia constitucional, debido a que la peticionaria no podrá acreditar su existencia; además, la decisión asumida tiene como fin respetar el principio de expedites en la impartición de justicia establecido en el magno 17 constitucional.
- Principal
Visto el estado de autos, en específico de las manifestaciones vertidas por el Juez Quinto Menor de esta localidad, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, llega al convencimiento de que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del quejoso ***********, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con la finalidad de capitalizar la causal de improcedencia invocada, es necesario establecer los antecedentes siguientes: 1. Ante el Juzgado Quinto Menor Civil de esta urbe, ***********, en su calidad de endosataria en procuración de ***********, demandó en la vía ejecutiva mercantil de *********** (quejoso), el pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.), entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente 0260/2019-M. 2. Por proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio; razón por la cual, se ordenó llevar a cabo la diligencia encomendada. 3. Cabe señalar que no pudo llevarse a cabo la diligencia encomendada; siendo hasta el momento el estado procesal que guarda el controvertido de origen, sin que a la fecha se haya dictado sentencia en el contencioso de origen. Dicho esto, debe decirse que el suscrito estima que previo a la promoción del presente juicio, el quejoso tuvo que haber impugnado dicho acto mediante el recurso de revocación contenido en los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M. N.). Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil 0260/2019-M, de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de esta localidad; y si el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta mencionar que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, puede comparecer al procedimiento de origen, donde aún no se ha emitido sentencia definitiva. Por ello, se insiste que el peticionario de amparo ***********, previo a instar este juicio debió interponer el señalado medio de impugnación para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, por lo que respecta al quejoso Santiago Aldrete Contreras, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Resta mencionar que no constituye obstáculo para sobreseer fuera de audiencia, el hecho de que los Jueces Civiles Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de Partido; los Jueces Menores Civiles Segundo, Tercero y Sexto, así como el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, todos de esta localidad, al momento de rendir su informe justificado hayan negado la existencia del acto a él atribuido (con excepción del actuario que fue señalado en su calidad de ejecutor); en función de que su negativa fue categórica, de ahí que sea ocioso esperar hasta el momento en que se celebre la audiencia constitucional, debido a que el peticionario no podrá acreditar su existencia; además, la decisión asumida tiene como fin respetar el principio de expedites en la impartición de justicia establecido en el magno 17 constitucional. De igual modo, no obsta que las responsables Jueces Menores Civiles Primero y Sexto hayan aceptado el acto reclamado al quejoso ***********, ya que, del análisis efectuado a las constancias que como justificación remitieron a su informe, se desprende que dichos juicios a la fecha se encuentran totalmente concluidos y archivados; de ahí, que no ha lugar a tenerles por cierto dicho acto, por no encontrarse vigente auto de ejecución alguno dirigido contra ***********. De igual modo, procede sobreseer en el presente juicio, por lo que respecta a la diversa quejosa ***********, en virtud de que las responsables no afirmaron de que hayan emitido acto alguno en su contra, asimismo, la peticionaria del amparo no aportó al presente sumario medio de convicción alguno tendientes a desvirtuar lo contrario; de ahí que, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 63, fracción IV, de la ley en comento, y en acatamiento a la jurisprudencia número 310, publicada en la página 209, del Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo". Razón por la cual, no constituye obstáculo para sobreseer fuera de audiencia, el hecho de que las responsables al momento de rendir su informe justificado no hayan hecho afirmación respecto de acto alguno en contra de ***********, de ahí que sea ocioso esperar hasta el momento en que se celebre la audiencia constitucional, debido a que la peticionaria no podrá acreditar su existencia; además, la decisión asumida tiene como fin respetar el principio de expedites en la impartición de justicia establecido en el magno 17 constitucional.
- Principal
Únicamente agréguese en autos el oficio signado por el Juez Quinto Menor Civil de esta localidad, toda vez que el veintiuno de junio pasado se le tuvo rindiendo su informe justificado. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por lo que respecta al quejoso **********, comparece al presente juicio ostentándose tercero extraño en sentido estricto a los juicios M260/2019, M269/2019 y M707/2000, del índice de los Juzgados Civiles Quinto y Cuarto Menores de esta ciudad, así como del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de Quéretaro, Querétaro, respectivamente, donde reclama: La orden de requerimiento de pago, y emplazamiento, dirigida respecto del bien inmueble ubicado en calle ********** número **********, colonia ********** de esta localidad, así como de los bienes muebles que ahí se encuentren, y como consecuencia, la orden de desalojo decretada sobre dicho bien inmueble; así como todo lo actuado. Bajo dicha guisa, debe decirse que, del informe justificado rendido por el Juez Quinto Menor Civil de esta ciudad, así como de las constancias que acompañó al mismo, se obtiene que ante dicho Juzgado se tramita: El juicio ejecutivo mercantil M260/2019, promovido por **********, en su calidad de endosataria en procuración de **********, en contra de **********, donde se demandó el pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), en el cual, mediante proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a llearse a cabo en el referido bien inmueble, que el impetrante aduce es de su propiedad, y sobre el cual acude en su defensa. Por otro lado, del informe justificado rendido por el Juez Cuarto Menor Civil de esta localidad, así como de las constancias que acompaña al mismo, se obtiene que ante su potestad se tramita: El juicio ejecutivo mercantil M-0269/2019, promovido por **********, en su calidad de endosataria en procuración de **********, en contra de **********, donde se demandó el pago de la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), entre otras prestaciones, procedimiento en el cual, mediante proveído de trece de febrero pasado, se ordenó diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a llevarse a cabo en el referido bien inmueble que el impetrante aduce es de su propiedad, y sobre el cual acude en su defensa. De igual forma, del informe justificado rendido por el Juez Segundo Civil de Partido de esta localidad, así como de las constancias que acompaña al mismo, se desprende lo siguiente: Que dentro del juicio ejecutivo mercantil 707/2000 de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de Santiago de Querétaro, Querétaro, en providencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se ordenó poner a favor de su adjudicatario el bien inmueble ubicado en calle **********, Fraccionamiento **********, lote **********, manzana ********** de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, por lo que para tal efecto se ordenó girar exhorto al Juez competente de esta de esta localidad. Por razón de turno le tocó conocer de dicha comunicación al Juez Segundo Civil de Partido de esta localidad, donde fue registrada bajo el número de exhorto 092/2019, ordenándose su diligenciaciación el once de junio de dos mil diecinueve, la cual fue practicada con la presencia del aquí quejoso. Luego, el doce de junio pasado, se devolvio el exhorto debidamente diligenciado a su lugar de origen. Al respecto, debe decirse que dichos procesos de naturaleza mercantil guardan relación en cuanto al inmueble materia de la litis, siendo independientes entre sí. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Carta Magna establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Numeral que reconoce como derecho fundamental de las personas, la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, atendiendo a los plazos y términos que fijen las leyes. En ese sentido, si bien es cierto la separación de juicios no está regulada en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, atendiendo al precepto constitucional citado, así como a la interpretación armónica de la legislación de amparo citada, el suscrito juzgador considera que es procedente dicha separación, cuando se advierta que en un mismo juicio de amparo se reclamen actos provenientes de diversos juicios, siempre y cuando éstos tengan existencia autónoma y no dependan entre sí, para evitar el dictado de una sentencia incongruente consigo misma, con la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento, así como la tramitación y resolución de una eventual revisión, máxime que puede darse el caso de tramitación en un mismo expediente de actos de diversas materias (lo cual implicaría que la revisión la conocieran Tribunales Colegiados de distinta especialización). Éste juzgador federal advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí, toda vez que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, aceptaron la certeza del acto reclamado, y derivado de ello remitieron copia certificada de los juicios ejecutivos mercantiles M269/2019 y M260/2019, de la estadística de los Juzgados Cuarto y Quinto Menores Civiles de esta ciudad, así como de diversas constancias que integraron el diverso M707/2000, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Querétaro, Querétaro, relacionado con el exhorto 092/2019 del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta localidad, en los cuales se ordenó diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a llevarse a cabo en el referido bien inmueble que el impetrante aduce es de su propiedad, y sobre el cual acude en su defensa, así como la orden de posesión material del mismo. Por tanto, de los datos expuestos se advierte que el acto reclamado en esta instancia emana de diversos procedimientos que están completamente desvinculados entre sí, ya que provienen de diversos hechos, por lo que el acto reclamado no se aprecia como consecuencia uno de otro o que emerjan de un mismo procedimiento o actuación, lo que los hace ser autónomos e independientes. En tales circunstancias, al resultar necesaria la tramitación y estudio en forma separada del acto reclamado, se decreta la separación de la afectación que reclama la parte quejosa respecto de los juicios M269/2019 y M260/2019, de la estadística de los Juzgados Cuarto y Quinto Menores Civiles de esta ciudad, así como del diverso M707/2000, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Querétaro, Querétaro, relacionado con el exhorto 092/2019 del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta localidad, para que se tramiten por cuerda separada. En esas condiciones, se ordena: Obtener copia certificada de la demanda presentada por la parte quejosa y del informe justificado rendido por las autoridades responsables, así como anexar las constancias que remitieron como complemento de su informe, para la formación de los nuevos juicios de amparo. Una vez hecho lo anterior, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para los efectos de registro correspondiente de la demanda de que se trata, se sirva remitir al órgano jurisdiccional que por turno le corresponda conocer para su tramite correspondiente, únicamente en lo relativo a los actos reclamados respecto del juicio ejecutivo mercantil M269/2019 de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad, así como del diverso M707/2000 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Querétaro, Querétaro, relacionado con el exhorto 092/2019 del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta localidad. En tales condiciones, en el presente expediente se conocerá del juicio de amparo promovido por la parte quejosa y por lo que ve a al acto reclamado librado en el juicio ejecutivo mercantil M260/2019, de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad. En ese sentido, se reitera lo acordado en proveído de diez de junio del año en curso, donde se admitió a trámite la demanda de referencia y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, y sólo se procederá a proveer respecto de las acciones que tengan como resultado la integración del presente juicio de amparo.
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