Santana Torres Garcia

Expediente 1097/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1097/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Santana Torres Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA VI SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de amparo promovida por Santana Torres García, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Altamira, Tamaulipas y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1097/2018-VI-A. DESECHAMIENTO Previamente al estudio de la demanda en cuestión es menester señalar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece:. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, la quejosa Santana Torres García promovió demandada de amparo indirecto señalando como actos reclamados: a) La diligencia de emplazamiento en el juicio ordinario civil 387/2016, del índice del Juzgado responsable, que realizó el fedatario público el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. b) La resolución pronunciada el dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de nulidad de actuación, que promovió en contra de la referida diligencia de emplazamiento practicada en el controvertido de origen, en la cual el juez responsable declaró improcedente el mismo. Establecido lo anterior, esta autoridad estima que respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento, que disponen lo siguiente:. El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece claramente que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el artículo 17 de la ley de la materia establece -como regla general- que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; sin embargo, en las cuatro fracciones que lo integran prevé diversas excepciones que operan de acuerdo con la naturaleza del acto que se reclame. Cabe señalar en este punto, que el acto reclamado no se ubica en alguno de esos supuestos de excepción, debido a que no se trata de una norma general autoaplicativa o del procedimiento de extradición; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; o de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en este caso debe aplicarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo. En ese tenor, el artículo 18 de la Ley de Amparo contiene tres supuestos para computar el plazo de presentación de la demanda, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento, o 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", que implica exclusión, alternativa o contraposición; en consecuencia, es válido concluir que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. En el caso, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la parte quejosa, se advierte que se ostenta tercera extraña a juicio, reclamando como primer acto de molestia la diligencia de emplazamiento efectuada en el juicio ordinario civil 387/2016 del índice de la responsable. Sin embargo, de la cédula de notificación que anexó a su escrito de demanda, se aprecia que el tres de septiembre de dos mil dieciocho, compareció ante el juzgado de origen a promover incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de emplazamiento reclamada, situación que hace patente que al menos desde esa fecha tuvo conocimiento del juicio en cuestión. Por tanto, al haber tenido conocimiento del acto de molestia que se duele, desde el tres de septiembre del año en curso, fecha en que promovió el incidente de nulidad de actuaciones ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Altamira, Tamaulipas, resulta evidente que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha fenecido en exceso, pues si la demanda de amparo se presentó hasta el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, según se desprende del sello de recepción correspondiente, es claro que ello aconteció fuera del plazo legal previsto en el citado artículo 17 de la ley de la materia. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), consistente en la diligencia de emplazamiento en el juicio ordinario civil 387/2016, del índice del Juzgado responsable, con fundamento en el artículo 113, en relación con los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto el diverso acto puntualizado en el inciso b), se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el numeral 107, fracción V, de la Ley de la Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Del precepto legal transcrito se advierte uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad del acto reclamado, que constituye la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que son recurribles, salvo los casos de excepción establecidos en la propia ley. De esta manera, previamente a la interposición del juicio de derechos fundamentales, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. Por tanto, debe precisarse que contra la resolución pronunciada el dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de nulidad de actuación, en el juicio ordinario civil 387/2016 del índice de la responsable, que promovió la parte quejosa en contra de la diligencia de emplazamiento practicada en el controvertido en cita, y en la que el juez responsable lo declaró improcedente procede recurso de apelación, puesto que es el medio de defensa ordinario que debió agotar previamente a instar el juicio de amparo indirecto. Ello es así, toda vez que en el título primero, capítulo decimocuarto, relativo a los "Incidentes", el artículo 146 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, se establece lo siguiente:. Asimismo, en el título decimosexto, capítulo cuarto, relativo a la "Apelación", se observa que el artículo 928 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, establece lo siguiente. De los preceptos legales transcritos se advierte, en lo que interesa, que contra el auto que resuelva un incidente procede el recurso de apelación en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia. Esto es, la legislación adjetiva civil prevé un recurso ordinario de defensa contra la decisión que en su caso adopte el Juez responsable en relación al incidente de nulidad de actuaciones (como lo es el caso en concreto). Como se precisó, en la especie, Santana Torres García promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución interlocutoria de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del juicio ordinario civil 387/2016, del índice del Juzgado señalado como responsable; sin embargo, no agotó el medio ordinario de defensa que prevé la ley adjetiva civil previamente a acudir al juicio de derechos fundamentales, pues en lugar de promover el recurso de apelación que establece el artículo 146 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, promovió amparo indirecto contra la determinación de Juez civil de origen en la que declaró improcedente el mencionado incidente; por lo que en esa tesitura, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la inconforme previo a la interposición del presente juicio de garantías, debió agotar el principio de definitividad aludido, y al no hacerlo así, actualizó la improcedencia invocada. En ese contexto, si la compareciente considera que la resolución reclamada que emitió la responsable el dos de octubre de dos mil dieciocho, en la que declaró la improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones, promovido por ella misma, dentro del juicio ordinario civil 387/2016, del índice de la responsable, era adverso a sus intereses, estaba en aptitud de interponer el recurso de apelación que al efecto establece el artículo 928, del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, antes de acudir a esta instancia constitucional. Asimismo, es indiscutible que, de resultar fundado el medio de impugnación de que se trata, la consecuencia jurídica sería la revocación o modificación de dicha determinación. Por ello, se insiste, el acto medular que la parte quejosa tilda de inconstitucional, debió ser impugnado a través del recurso de apelación, tal como lo prevé el dispositivo legal trascrito, pues se encuentra contemplado en la codificación procedimental civil, que rige el procedimiento civil de donde emana el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que, debe destacarse que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de garantías y que se encuentran consignados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de definitividad, el cual consiste en que, para ser procedente éste, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma ley establezca. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que señala en su inciso a); el acto reclamado no se refiere a órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca lo requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, que establece el inciso b); ni la parte quejosa tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral. En cuanto a que Santana Torres García no es parte tercera extraña se robustece dado que la propia parte quejosa compareció al juicio civil de origen a promover el incidente de nulidad de actuaciones, a fin de que se respetara su garantía de audiencia, mismo que como se advierte de la cédula de notificación que anexa, se tramitó con vista a la parte contraria por auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, y el veinte de septiembre del año en curso se señaló fecha y hora para la resolución aquí reclamada; por lo que, se insiste al haber comparecido al juicio de origen a promover el mencionado incidente para proteger sus intereses era su obligación agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley que rige el acto para el efecto modificarlo o revocarlo, y si no obtuviere a través de ese medio de impugnación una resolución favorable acudir a esta instancia constitucional. Por tanto, si la parte quejosa, optó por iniciar la vía ordinaria para proteger sus intereses (incidente de nulidad de actuaciones), debió agotarla hasta la última instancia antes de acudir al amparo, por lo que tuvo que interponer el recurso de apelación que señala la ley que rige el acto para agotar el principio de definitividad. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA en este aspecto, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se le practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado de la parte quejosa, en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Julio Cesar Hernández Rodríguez, por contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final del último párrafo del precepto legal antes citado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que señala el quejoso en su demanda, por no encontrarse registradas en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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