Santa Hilda Castillo Gonzalez

Expediente 980/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
980/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Santa Hilda Castillo Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a consideración de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. TRANSFERENCIA Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Vista, la demanda de amparo promovida por Santa Hilda Castillo González, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas; regístrese en el libro de gobierno con el número 980/2019-IV-B. DESECHAMIENTO En primer lugar, es oportuno señalar que la demanda de amparo, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Analizada la demanda de cuenta, enseguida, se provee: En términos del artículo 113, de la Ley de Amparo que establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, y además considerando que las causales de improcedencia del juicio de amparo deben hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el párrafo final del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En ese sentido, analizada la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto que reclama del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, consiste específicamente en la resolución número (158) de veintidós de agosto del año en curso, dictada al recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa (demandada) en contra del auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, que denegó su solicitud de hacer efectivo un apercibimiento en contra de la parte actora, por su omisión de exhibir las documentales requeridas por la ahora quejosa, con el objeto de acreditar sus pretensiones o excepciones. Asimismo, de la lectura de antecedentes que constituye el acto reclamado se advierte que el juicio ejecutivo mercantil 431/2018, del índice de la responsable se encuentra en trámite, en periodo probatorio, pues se advierte que el nueve de abril de la anualidad, se acordó en tiempo y forma la contestación de demanda presentada por la quejosa; y asimismo, el veinticuatro de mayo actual, se admitieron las probanzas orecidas por la parte quejosa, entre ellas las que se advierte requirió presentara su contraria, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrían por ciertas las afirmaciones de la parte demandada. Establecido lo anterior, esta Juzgadora estima que la presente demanda de garantías debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de la Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Para mayor claridad precisa necesario establecer lo que disponen los indicados numerales; El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto se pedirá ante el Juzgado de Distrito, entre otros supuestos: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del texto de dichos preceptos se advierte que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando materialmente sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene una sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Acerca del tema relativo a los actos en el juicio de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia 24/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, de agosto de 1992, página 11, ha sustentado lo siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Es decir, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Fundamenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, número de registro 2006589, cuyo rubro cita lo siguiente; "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En esa tesitura, si la quejosa reclama la resolución número (158) de veintidós de agosto del año en curso, que declaró improcedente el recurso de revocación que hizo valer en contra del auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, que denegó su solicitud de hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte actora, por su omisión de exhibir las documentales requeridas por la ahora quejosa, con el objeto de exhibirlas como pruebas de su intención, acreditar sus pretensiones o excepciones; esta Juzgadora estima que los actos reclamados por el impetrante de garantías por su naturaleza legalmente no pueden considerarse que sean de imposible reparación para poder ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que éstos en modo alguno afectan materialmente algún derecho sustantivo del impetrante, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera; y menos aún se trata de una violación procesal que afecte en grado predominante o superior, toda vez que el concepto de irreparabilidad en su caso, se actualizará cuando se dicte la sentencia correspondiente en el expediente de origen, en la medida en que influya en el sentido desfavorable a sus intereses, lo que en el caso aún no acontece ya que según lo expuesto por el propio promovente, el juicio natural se encuentra en trámite. Máxime que de llegar a causarle la determinación reclamada un agravio directo podrá impugnarlo a través del juicio de amparo directo como violación procesal, por ende, debe decirse que la determinación que por esta vía reclama, produce efectos únicamente dentro del procedimiento, sin que, ello le acarree en este momento procesal un perjuicio de imposible o difícil reparación, pues en caso de que el fallo legal fuere favorable a sus intereses, tal menoscabo desaparece con el dictado de tal resolución. Por lo anterior, es que se afirma que el acto reclamado en el presente asunto, no es de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que sus consecuencias en modo alguno no afectarían derechos sustantivos del promovente, pues tal determinación, en su caso, pudiera actualizar una violación a las leyes del procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS, VIOLACIONES PROCESALES EN MATERIA CIVIL EN RELACIÓN CON LA ADMISIÓN, DESECHAMIENTO Y RECEPCIÓN DE. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO DIRECTO." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Página: 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, que a la letra dispone: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de garantías antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por Santa Hilda Castillo González. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, con el apercibimiento de que de resultar impreciso, incorrecto, se encuentre cerrado, deshabitado o quien esté en ese lugar manifieste que no conoce al quejoso o a sus autorizados, las notificaciones subsecuentes, incluso aquéllas que conforme a la ley deban hacerse en forma personal, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, para lo cual se faculta desde ahora a los actuarios de la adscripción. Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lucio Lucio Escobedo y Rogelio Treviño González, con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se autorizan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 9,351 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano