Santa Otamendi Barraza y Otros.

Expediente 643/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
643/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/07/2018

Partes del expediente

  • Santa Otamendi Barraza y Otros.
  • Santa Otamendi Barraza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, mediante el cual informa que recibió el presente juicio de amparo, con motivo de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y remitió el original y copias de la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, por estimar que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, por lo que, debe conocerlo un Tribunal Colegiado en amparo directo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: El presente cuaderno de antecedentes, formado con motivo de la incompetencia para conocer de la demanda de amparo, encuadra en la clasificación prevista en el punto Segundo, fracción XX, del citado acuerdo, que dispone que son expedientes auxiliares: aquellos tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; por tanto, de conformidad con el diverso punto Vigésimo, fracción I de dicho Acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, será DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este cuaderno de antecedentes no es de relevancia documental histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito y anexos de cuenta presentado por la quejosa ********************, mediante el cual en desahogo a la prevención formulada en proveído de ocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 28 a 29), transcribe los puntos resolutivos de la sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el juicio familiar de origen; asimismo, exhibe copia certificada de la diversa resolución de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca familiar ********************y exhibe copia certificada del acta de nacimiento de la menor ********************por tanto, se le tiene por desahogada la prevención formulada y por reconocida la personalidad con la que se ostenta en el presente juicio de amparo. Ahora, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de Distrito se encuentra prevista en el artículo 107, fracción VII, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y.". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Lo anterior se sostiene, dado que en la demanda de amparo, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a). De la autoridad señalada como responsable ordenadora, se reclama la resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca familiar ********************del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. b). De la autoridad responsable ejecutora, se reclama el cumplimiento que le pretenda dar a la resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho. En ese orden de ideas, de los antecedentes que refiere la parte quejosa, se advierte que dicha parte procesal reclama la resolución de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, dentro del toca familiar número ********************y al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero, el cumplimiento de dicha resolución, que confirmó la sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el juicio familiar de origen ********************. En ese sentido, se aprecia que la determinación reclamada no tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ya que el acto reclamado se llevará a cabo dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito con sede en Acapulco, Guerrero, dada la ejecución por parte del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero, de la resolución reclamada a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, porque al confirmar la sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el juicio familiar de origen ********************. Bajo ese contexto, si la autoridad responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, emitió resolución que confirmó la sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el juicio familiar de origen ********************, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra esa determinación, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del juez de la causa; es decir, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero. Con base en lo expuesto, se utiliza en forma ilustrativa la tesis jurisprudencial número 1a./J. 25/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, con el registro 2001236, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XI, agosto de 2012, tomo I, página 145, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. " En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la ley de la materia, es decir, el acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en turno en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco. En consecuencia, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. Ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.] PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta..." En razón de lo anterior, fórmese por separado cuaderno de antecedentes en lugar del juicio principal para constancia legal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado César Hernández Serrano, secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; autorización otorgada mediante oficio CCJ/ST/2558/2018, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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