Santa Clara López Ramírez
Expediente 63/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Santa Clara López Ramírez
- Santa Clara López Ramírez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio 2115 de once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 101), el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, remitió copia certificada del laudo de siete de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral D.O. ********************y su acumulado D.O********************(fojas 102 a 137). Luego, mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera (foja 138). El proveído de referencia, se notificó a la parte quejosa y tercero interesado el trece de septiembre de dos mil (fojas 141 y 142); sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la quejosa Santa Clara López Ramírez, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 23 a 27), emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, realizara lo siguiente: Emitiera el laudo respectivo en el juicio laboral ******************** Una vez que por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia amparadora (fojas 33 a 34), se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por conducto de su presidente, esto es a ********************. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, la referida autoridad mediante comunicación oficial respectiva, recibida el once de septiembre de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de este Juzgado Federal, remitió copia certificada del laudo de siete de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral D.O. ********************y su acumulado D.O********************(fojas 102 a 137). III. Verificación de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, emitió el laudo respectivo en el juicio laboral D.O. ********************y su acumulado D.O********************razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. IV. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. V. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto; por tanto, vistas las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Atento a lo anterior, el presente juicio de amparo será depurado; por tanto, una vez transcurridos cinco años a partir de la emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Por último, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente laboral D.O. ********************y su acumulado D.O********************compuesto de un legajo de pruebas, que anexó la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, como complemento de su informe justificado (foja 21); en tal virtud, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por el que remite copia certificada del laudo de siete de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral D.O. ********************y su acumulado D.O******************** En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por cual pide una prórroga para estar en actitud de cumplir la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, se le otorga la prórroga que solicita y, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada del laudo respectivo en el juicio laboral D.O. 139/2016 y su acumulado D.O. 513/2016, de su índice; días que se consideran suficientes para cumplir con la ejecutoria del presente juicio de amparo, dado que desde el diecinueve de junio de dos mil dieciocho cerró la instrucción en el juicio laboral de origen. Apercíbase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, esto es a Ricardo Quiñonez Orozco, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Basilio Rojas Zimbrón. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el estado de los autos, se aprecia que en proveído de veinticinco de junio de dos mil dieciocho (foja 87), se tuvo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, remitiendo copia certificada del auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral D.O.***y su acumulado D.O. ****(foja 86), del que se aprecia que se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos para la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo; sin que a la fecha haya remitido las constancias que acrediten el cumplimiento del fallo protector; es decir, la emisión del laudo en el juicio laboral ***. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, esto es a Ricardo Quiñonez Orozco, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada del laudo emitido en el juicio laboral ****. Conforme a lo anterior, se apercibe a Ricardo Quiñonez Orozco, en su carácter de Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de dicha unidad es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo.
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