Santa Leticia Bustos González

Expediente 1649/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1649/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Santa Leticia Bustos González

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por medio del cual acusa recibo del oficio 24510/2018, del toca 43/2018, expediente 540/2014/4C y un sobre con copia simple de dos recibos, copia certificada del instrumento notarial 54644 y de una cédula profesional, para los efectos legales procedentes. Cúmplase. Lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, devuélvase a la Primera Sala en Materia Civil del Sexto Circuito, el toca de apelación 13/2018 y expediente 540/2014/4C, del índice del Jugado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y un sobre amarillo que contiene copia simple de dos recibos y copia certificada del instrumento notarial 54,644 y de una cédula profesional, formados en III anexos; asimismo, remítase copia autorizada del auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, dictado por este Juzgado Federal en el que se desechó la demanda interpuesta por Santa Leticia Bustos González, para los efectos legales procedentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    1 OFICIO Agréguese a los autos el oficio II-881-2018 signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al que adjunta el expediente D-416-2018, el toca de apelación 13/2018 de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el juicio reivindicatorio 540-2014-4C del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, así como un sobre amarillo que contiene copia simple de dos recibos y certificada del instrumento notarial 54,644 y de una cédula profesional lo anterior, en cumplimiento a la resolución de tres del mes y año en curso, por la que dicho órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda interpuesta por Santa Leticia Bustos González. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente. 2 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento del asunto. 3 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con los autos del juicio de amparo D-416/2018 fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1649/2018-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 4 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. En primer término, como lo precisó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en proveído de tres del mes y año en curso, al declararse incompetente legalmente para conocer en la vía directa de la demanda interpuesta por Santa Leticia Bustos González, esta última se duele esencialmente de la resolución de veintidós de marzo del año que transcurre, dictada por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca de apelación 43-2018, mediante la cual dejó insubsistente la sentencia definitiva de diez de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el juicio reivindicatorio 540-2014-4C, y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el juez de origen requiera a Paula Martínez Pérez para que en el término de cinco días exhiba copias de la demanda reconvencional para correr traslado a los demandados, y hecho lo anterior, seguida la secuela procesal, dictara diversa resolución con libertad de jurisdicción. Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama la resolución de veintidós de marzo del año que transcurre, dictada por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca de apelación 43-2018, mediante la cual dejó insubsistente la sentencia definitiva de diez de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el juicio reivindicatorio 540-2014-4C, y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el juez de origen requiera a Paula Martínez Pérez para que en el término de cinco días exhiba copias de la demanda reconvencional para correr traslado a los demandados, y hecho lo anterior, seguida la secuela procesal, dictara diversa resolución con libertad de jurisdicción; la cual, no constituye un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del expediente 540-2014-4C de origen, pues en la especie se advierte que la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, dejó insubsistente la sentencia definitiva para que la juez de origen requiriera a la actora reconvencional Paula Martínez Pérez a efecto de que esta última exhibiera copias de su escrito de demanda para correr traslado a los demandados, y hecho lo anterior, seguida la secuela procesal, dictara diversa resolución con libertad de jurisdicción. De manera que ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama; por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se reponga el procedimiento para requerir a la actora reconvencional a efecto de que exhiba copia de su demanda para correr traslado a la hoy quejosa, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación. En consecuencia, la resolución de veintidós de marzo del año que transcurre, dictada por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca de apelación 43/2018; sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden os que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama la resolución de veintidós de marzo del año que transcurre, dictada por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca de apelación 43/2018, mediante la cual dejó insubsistente la sentencia definitiva de diez de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el juicio reivindicatorio 540/2014/4C, y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el juez de origen requiera a Paula Martínez Pérez para que en el término de cinco días exhiba copias de la demanda reconvencional para correr traslado a los demandados, y hecho lo anterior, seguida la secuela procesal, dictara diversa resolución con libertad de jurisdicción; misma que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Ello, en atención a que en el asunto en particular se cuenta con las actuaciones de origen consistentes en el toca de apelación 43/2018 de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como el juicio reivindicatorio 540/2014/4C del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, de las que no se advierte la afectación de derechos sustantivos de la parte promovente con los efectos de la emisión del acto reclamado que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Santa Leticia Bustos González. 5 ANEXOS Ahora, en atención a que la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, acompañó a su informe justificado los autos originales del toca de apelación 43/2018, así como el juicio reivindicatorio 540/2014/4C del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, así como un sobre amarillo que contiene copia simple de dos recibos y certificada del instrumento notarial 54,644 y de una cédula profesional; en consecuencia, con los mismos fórmense los anexos I, II y III, respectivamente. Del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a su disposición en el expediente impreso los cuales no se agregan a su versión electrónica dada su voluminosidad. 6 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 7 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 8 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 9 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.

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