Sandra Verónica Andrade Castillo

Expediente 1322/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1322/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • Sandra Verónica Andrade Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por José Sergio Anzures Ramos, apoderado General para Pleitos y cobranzas de la tercera interesada Ada Hernández Castelán, para los efectos a que haya lugar. Visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, teniendo por autorizadas para recibirla a las personas que menciona, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado.

  2. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Sandra Verónica Andrade Castillo, contra actos del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1322/2018-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que Sandra Verónica Andrade Castillo, señala como autoridad responsable y acto reclamado, el siguiente: I) Del Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula, Puebla: a) La cancelación de la inscripción de un contrato de compra-venta celebrado entre Trinidad Hernández Romero y Javier Andrade Viveros (quien aduce adquirió para la quejosa el bien inmueble materia de ese contrato), celebrado el diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y nueve, respecto del bien inmueble denominado "Ventudero", ubicado en la parte norte y a orillas de San Francisco Ocotlán, Cholula, Estado de Puebla, el cual se encontraba inscrito bajo la partida 353, libro uno, tomo 79, del Registro Público de la Propiedad de Cholula, Puebla. Precisado lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. La fracción transcrita prevé uno de los supuestos del principio de definitividad que rige al juicio de amparo que consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, siempre y cuando, conforme a dicha ley, proceda conceder la suspensión del acto impugnado sin exigir mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de dicha autoridad. En la especie, se considera actualizada la citada causa de improcedencia porque contra el acto reclamado, la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, en su artículo 137, contempla un medio ordinario de defensa denominado recurso administrativo registral, a través del cual dicho acto puede ser confirmado o modificado. De lo anterior se sigue que, en contra los actos dictados por los titulares de las Oficinas Registrales, como el que aquí se atribuye al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, los particulares que se consideren afectados podrán interponer el recurso administrativo registral, el cual será resuelto por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado o por el Subsecretario Jurídico de la Secretaría de Gobernación, en el caso en que el Director de dicho instituto actúe como Registrador en ausencia o por excusa del titular de una oficina registral, y a través de dicho recurso el acto impugnado puede ser confirmado o modificado, precisando los nuevos efectos en este último caso; de manera tal que, previo al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar ese medio de defensa. Asimismo, debe puntualizarse que Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión del acto recurrido, pues su numeral 138. En ese tenor, si la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla contempla un medio ordinario de defensa denominado recurso administrativo registral, a través del cual el acto aquí reclamado puede ser confirmado o modificado y cuya sustanciación permite la suspensión del acto impugnado, sin mayores requisitos que los exigidos por la ley reglamentaria del juicio de garantías para otorgar la suspensión definitiva es evidente que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el referido acto, dada su naturaleza de no ser definitivo (porque existe un medio de defensa), no es susceptible de ser analizado en esta instancia constitucional indirecta, cuya ley reglamentaria impide el examen de cuestiones que atenten contra el principio de definitividad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sandra Verónica Andrade Castillo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 29 de la Ley de Amparo, se ordena realizar por lista de acuerdos las notificaciones que correspondan a la parte quejosa, por así haberlo solicitado. Así mismo, se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.

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