Santa Gurrola Rangel
Expediente 585/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Santa Gurrola Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el numeral 81, fracción I, inciso d), del invocado ordenamiento legal, en contra del acuerdo del veintitrés de agosto del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, numeral 8; y, Capítulo Octavo, precepto 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, mediante proveído de trece de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por *****, contra el acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, el cual se hizo consistir en: ".IV. ACTO RECLAMADO.- La violación de mi Derecho Fundamental de Seguridad Jurídica de Acceso a la Justicia y de Administración pronta de Justicia, consagrada en el artículo 17 Constitucional la que se actualiza con la falta u omisión de la Responsable de desahogar la Audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución, esto dentro del Expediente Ordinario 772/2018...". Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes citada, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría vano restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del actor reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior fracción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.-En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de desahogar la audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio laboral 772/2018 que estaba fijada para el trece de julio de dos mil veintidós. Luego, por oficio TCA/PRES/AMP/2606/2022 de tres de agosto de dos mil veintidós, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán remitió copia certificada de la audiencia de trece de julio de esta anualidad, mediante el cual difirió la audiencia de pruebas, alegatos y resolución para las nueve horas del ocho de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que las partes se encontraban se encuentran en platicas para llegar a un convenio que ponga fin a la controversia del juicio (foja 38). De ahí que, este Juzgador considera que aun y cuando subsista la omisión de desahogar la audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio laboral 772/2018 que estaba fijada para el trece de julio de dos mil veintidós, éste no llegará a afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que las partes se encuentran en platicas para realizar un convenio que ponga fin al juicio de origen. Ello es así, en atención a que en caso de concluirse que el acto reclamado precisado en el inciso g) es inconstitucional, a ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria y por ende, el fallo protector no podría cumplir con su finalidad, por haber dejado de existir el objeto del mismo, esto es, al haberse diferido la audiencia de mérito, en virtud de que las partes se encuentran en un proceso conciliatorio. En ese contexto, resulta incuestionable que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la quejosa. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. En mérito de lo anterior, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes, principalmente el quejoso, se impongan del contenido de las constancias que anexó la autoridad responsable, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad, al oficio número TCA/PRES/AMP/2606/2022, relativas al expediente ordinario laboral 772/2018 de su índice. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese la copia certificada del oficio número 24200/2022, suscrito por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, al que acompaña el diverso TCA/PRES/AMP/2606/2022, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad, que por error se dirigió y entregó a dicho órgano jurisdiccional; en consecuencia, en atención al contenido del segundo de los oficios, téngase a la citada autoridad responsable remitiendo copia certificada de algunas constancias del expediente ordinario laboral 772/2018 de su índice, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
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