Sandra Susana Ochoa Canan

Expediente 1397/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1397/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Sandra Susana Ochoa Canan
  • Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. * Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. * De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. * Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. * Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, por el acto que hace consistir en: ".ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2022 dos mil veintidós, emitido por la Jueza Sexto de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial, en los autos del expediente número 565/2020, en el cual se le concede al ciudadano *******, el termino de 3 tres días para que voluntariamente cumpliera con lo condenado en la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada en dicho expediente. Auto judicial que de cumplimentarse me causaría daños y perjuicios de difícil reparación, máxime que la quejosa no he sido oída y vencida en juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales de todo procedimiento, violándose mi garantía de audiencia y de debido proceso que contempla el artículo 14 Constitucional." Se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 1397/2022. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" De lo anterior, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de otra ejecutoria de amparo, promovido por la misma persona quejosa, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. El principio inmerso en la causa de que se trata, es el del acatamiento de la cosa juzgada, con la finalidad de evitar que una misma cuestión concreta pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, lo que incidiría en detrimento de la seguridad jurídica. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Para considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se deben colmar tres elementos: 1. Que se trate de leyes o actos que hayan sido materia de la Litis en otro juicio de amparo; 2. Que en el otro juicio de amparo se trate del mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, 3. Que en dicho juicio aun no exista un pronunciamiento firme que resuelva sobre el mismo o que lo dé por concluido. Como se dijo, la quejosa Sandra Susana Ochoa Canan, en su calidad de tercera extraña, pretende reclamar de la Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente número 565/2020, en que se concedió a Sergio Aguilar Arellano -demandado- el término de tres días para que voluntariamente cumpla con la sentencia definitiva, bajo los apercibimientos correspondientes en caso de no hacerlo. Ahora, en la certificación de cuenta se observa que tras una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se constató la promoción del diverso juicio de amparo 1017/2021-II, promovido por Sandra Susana Ochoa Canan, y otros, contra actos de la misma autoridad, en el que reclamó la probable desposesión del bien inmueble ubicado en la casa habitación ubicada en la calle Laguna de la Magdalena número treinta y cinco, esquina con Isidro Huarte, de la colonia Ventura Puente, en Morelia, Michoacán, con motivo del juicio ordinario civil 565/2020, sobre terminación de contrato de comodato, ostentándose tercera extraña. En ese contexto, se tiene que la quejosa promovió un diverso sumario constitucional en el que de igual manera se ostentó tercera extraña al citado juicio ordinario civil sobre terminación de contrato de comodato número 565/2020; juicio de amparo en el que se emitió sentencia el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el juicio, al considerar, sustancialmente, que la quejosa no acreditó su interés jurídico para acudir en esta vía constitucional; determinación posteriormente confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, dentro del amparo en revisión 109/2022. Así, se actualizan los supuestos objetivos y subjetivos para la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa fracción X, de la Ley de Amparo, pues la materia de la litis constitucional es la misma en ambos juicios de amparo, es decir, la posible afectación al derecho de propiedad respecto del inmueble que pretende defender, así como las partes que intervinieron. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 86/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 590 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, de la Novena Época, con registro digital 168958, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros". Máxime que en la resolución emitida en el referido juicio de amparo 1017/2022-II, se determinó que los quejosos, entre los que figuraba la aquí promovente, no tienen la titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley, lo que motivó el sobreseimiento del procedimiento en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por las razones que expone, sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 8, Décima Época, con registro digital 2022434, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza". En esas condiciones, resulta claro que quedó firme lo resuelto por este juzgador en el sumario constitucional en cita; lo que de nueva cuenta y por medio de un nuevo juicio de amparo reclama la aquí promovente -a través de un diverso acto de aplicación-, con independencia de que se hubiere determinado sobreseer en aquel juicio de amparo bajo la premisa de la falta de titularidad de un derecho subjetivo y, por ende, que no se acreditó la afectación a su interés jurídico, pues esta situación no puede ser desconocida en un nuevo juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Tercera Parte, página 91, con registro digital 237445, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". Al igual que la tesis IV.1o.C.23 K, alcanzada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1801, con registro digital 177720, que refiere: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN UNA SEGUNDA DEMANDA LA MISMA QUEJOSA, COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL COMBATE ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE LOS YA RECLAMADOS EN UN PRIMER JUICIO DE GARANTÍAS QUE CONCLUYÓ DETERMINANDO QUE NO TENÍA LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA. La fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo relacionada con la diversa III consagra el respeto a la autoridad de la cosa juzgada que envuelve la ejecutoria pronunciada en un primer juicio de garantías, evitando resoluciones contradictorias; así, la identidad a que alude la norma también se refiere al "objeto" del amparo, es decir, a la coincidencia entre la nueva demanda y el amparo previamente concluido, en lo que hace a la clase o naturaleza de violación de garantías que se hiciera valer en ambos. Por ello, se surte aquella improcedencia cuando en una segunda demanda de amparo la misma quejosa, como tercera extraña al juicio natural y con el fin de hacer respetar su garantía de audiencia -no así por vicios propios-, combate actos que son consecuencia de los reclamados en un primer juicio de garantías que concluyera con la decisión de que no le asistía tal calidad de persona extraña, dada la causahabiencia existente con relación al demandado del juicio de origen; pues con independencia de que en la nueva demanda se señalen o no a las mismas autoridades responsables y a la plena igualdad o no entre los actos reclamados, es claro que la identidad entre el "objeto" de lo ahora sostenido y lo previamente resuelto, impide nuevamente abordar aquel tema. Asumir una posición contraria implicaría que dicha persona pueda válidamente promover tantos amparos como actos posteriores de las autoridades que llegaren a verificarse en el futuro, en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo". Asimismo, por las razones que contiene, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.94 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, página 3176, Décima Época, con registro digital 2015012, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. SU LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SURGE CON EL PRIMER ACTO JUDICIAL QUE AFECTA SU ESFERA JURÍDICA Y NO SE REGENERA CON ACTOS POSTERIORES. Quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural puede promover amparo contra el procedimiento judicial que afecta su esfera jurídica, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, una sola vez, y tiene derecho a que se tramite su acción para que se determine la existencia y tutela del derecho que ostenta; en el entendido de que si lo promueve una vez, con ello agota el derecho a promover otro juicio de amparo con esa calidad, y de no demostrar en la audiencia constitucional, que es donde tiene el derecho a ofrecer pruebas y alegar en los plazos señalados en la ley citada, no lo podrá volver a ejercer; esto es, su legitimación como tercero extraño, para promover el juicio de amparo indirecto, surge con el primer acto judicial que afecta su esfera jurídica y no se regenera con actos posteriores". En esa virtud, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento en mención. Por otro lado, se tiene la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle *****, esquina con calle *****, en esta ciudad y autorizando únicamente a ****, quien gozará de las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con la Cédula Profesional número******, por ser el presente asunto de naturaleza civil. Del mismo modo, por lo que respecta al correo electrónico *****, se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, por el acto que hace consistir en: ".ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2022 dos mil veintidós, emitido por la Jueza Sexto de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial, en los autos del expediente número 565/2020, en el cual se le concede al ciudadano *******, el termino de 3 tres días para que voluntariamente cumpliera con lo condenado en la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada en dicho expediente. Auto judicial que de cumplimentarse me causaría daños y perjuicios de difícil reparación, máxime que la quejosa no he sido oída y vencida en juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales de todo procedimiento, violándose mi garantía de audiencia y de debido proceso que contempla el artículo 14 Constitucional." Se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 1397/2022. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" De lo anterior, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de otra ejecutoria de amparo, promovido por la misma persona quejosa, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. El principio inmerso en la causa de que se trata, es el del acatamiento de la cosa juzgada, con la finalidad de evitar que una misma cuestión concreta pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, lo que incidiría en detrimento de la seguridad jurídica. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Para considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se deben colmar tres elementos: 1. Que se trate de leyes o actos que hayan sido materia de la Litis en otro juicio de amparo; 2. Que en el otro juicio de amparo se trate del mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, 3. Que en dicho juicio aun no exista un pronunciamiento firme que resuelva sobre el mismo o que lo dé por concluido. Como se dijo, la quejosa Sandra Susana Ochoa Canan, en su calidad de tercera extraña, pretende reclamar de la Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente número 565/2020, en que se concedió a Sergio Aguilar Arellano -demandado- el término de tres días para que voluntariamente cumpla con la sentencia definitiva, bajo los apercibimientos correspondientes en caso de no hacerlo. Ahora, en la certificación de cuenta se observa que tras una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se constató la promoción del diverso juicio de amparo 1017/2021-II, promovido por Sandra Susana Ochoa Canan, y otros, contra actos de la misma autoridad, en el que reclamó la probable desposesión del bien inmueble ubicado en la casa habitación ubicada en la calle Laguna de la Magdalena número treinta y cinco, esquina con Isidro Huarte, de la colonia Ventura Puente, en Morelia, Michoacán, con motivo del juicio ordinario civil 565/2020, sobre terminación de contrato de comodato, ostentándose tercera extraña. En ese contexto, se tiene que la quejosa promovió un diverso sumario constitucional en el que de igual manera se ostentó tercera extraña al citado juicio ordinario civil sobre terminación de contrato de comodato número 565/2020; juicio de amparo en el que se emitió sentencia el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el juicio, al considerar, sustancialmente, que la quejosa no acreditó su interés jurídico para acudir en esta vía constitucional; determinación posteriormente confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, dentro del amparo en revisión 109/2022. Así, se actualizan los supuestos objetivos y subjetivos para la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa fracción X, de la Ley de Amparo, pues la materia de la litis constitucional es la misma en ambos juicios de amparo, es decir, la posible afectación al derecho de propiedad respecto del inmueble que pretende defender, así como las partes que intervinieron. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 86/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 590 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, de la Novena Época, con registro digital 168958, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros". Máxime que en la resolución emitida en el referido juicio de amparo 1017/2022-II, se determinó que los quejosos, entre los que figuraba la aquí promovente, no tienen la titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley, lo que motivó el sobreseimiento del procedimiento en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por las razones que expone, sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 8, Décima Época, con registro digital 2022434, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza". En esas condiciones, resulta claro que quedó firme lo resuelto por este juzgador en el sumario constitucional en cita; lo que de nueva cuenta y por medio de un nuevo juicio de amparo reclama la aquí promovente -a través de un diverso acto de aplicación-, con independencia de que se hubiere determinado sobreseer en aquel juicio de amparo bajo la premisa de la falta de titularidad de un derecho subjetivo y, por ende, que no se acreditó la afectación a su interés jurídico, pues esta situación no puede ser desconocida en un nuevo juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Tercera Parte, página 91, con registro digital 237445, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". Al igual que la tesis IV.1o.C.23 K, alcanzada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1801, con registro digital 177720, que refiere: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN UNA SEGUNDA DEMANDA LA MISMA QUEJOSA, COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL COMBATE ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE LOS YA RECLAMADOS EN UN PRIMER JUICIO DE GARANTÍAS QUE CONCLUYÓ DETERMINANDO QUE NO TENÍA LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA. La fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo relacionada con la diversa III consagra el respeto a la autoridad de la cosa juzgada que envuelve la ejecutoria pronunciada en un primer juicio de garantías, evitando resoluciones contradictorias; así, la identidad a que alude la norma también se refiere al "objeto" del amparo, es decir, a la coincidencia entre la nueva demanda y el amparo previamente concluido, en lo que hace a la clase o naturaleza de violación de garantías que se hiciera valer en ambos. Por ello, se surte aquella improcedencia cuando en una segunda demanda de amparo la misma quejosa, como tercera extraña al juicio natural y con el fin de hacer respetar su garantía de audiencia -no así por vicios propios-, combate actos que son consecuencia de los reclamados en un primer juicio de garantías que concluyera con la decisión de que no le asistía tal calidad de persona extraña, dada la causahabiencia existente con relación al demandado del juicio de origen; pues con independencia de que en la nueva demanda se señalen o no a las mismas autoridades responsables y a la plena igualdad o no entre los actos reclamados, es claro que la identidad entre el "objeto" de lo ahora sostenido y lo previamente resuelto, impide nuevamente abordar aquel tema. Asumir una posición contraria implicaría que dicha persona pueda válidamente promover tantos amparos como actos posteriores de las autoridades que llegaren a verificarse en el futuro, en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo". Asimismo, por las razones que contiene, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.94 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, página 3176, Décima Época, con registro digital 2015012, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. SU LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SURGE CON EL PRIMER ACTO JUDICIAL QUE AFECTA SU ESFERA JURÍDICA Y NO SE REGENERA CON ACTOS POSTERIORES. Quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural puede promover amparo contra el procedimiento judicial que afecta su esfera jurídica, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, una sola vez, y tiene derecho a que se tramite su acción para que se determine la existencia y tutela del derecho que ostenta; en el entendido de que si lo promueve una vez, con ello agota el derecho a promover otro juicio de amparo con esa calidad, y de no demostrar en la audiencia constitucional, que es donde tiene el derecho a ofrecer pruebas y alegar en los plazos señalados en la ley citada, no lo podrá volver a ejercer; esto es, su legitimación como tercero extraño, para promover el juicio de amparo indirecto, surge con el primer acto judicial que afecta su esfera jurídica y no se regenera con actos posteriores". En esa virtud, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento en mención. Por otro lado, se tiene la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle *****, esquina con calle *****, en esta ciudad y autorizando únicamente a ****, quien gozará de las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con la Cédula Profesional número******, por ser el presente asunto de naturaleza civil. Del mismo modo, por lo que respecta al correo electrónico *****, se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo Notifíquese personalmente.

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