Sanjuana Cristina Martínez Juárez

Expediente 1304/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1304/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Sanjuana Cristina Martínez Juárez

Actuaciones

  1. Incidental

    R E S U E L V E:********************ÚNICO. Se concede a********************, la suspensión definitiva solicitada.********************Notifíquese.********************Así lo resuelve el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en este municipio y de otra autoridad; regístrese con el número 1304/2023-III. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de derechos fundamentales, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables, a las siguientes: Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado; y, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado. Ambas con sede en esta ciudad. Asimismo, como actos reclamados: "1.- Del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del IV Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, se reclama lo siguiente: A.- El juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi madre la señora ********************, llevado ante la autoridad responsable registrado bajo el número de expediente judicial ********************, por no observar la garantía de audiencia y en especial a lo que se refiere los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José). B.- La falta de llamamiento y/o emplazamiento al referido juicio, previo al dictado de la sentencia declaratoria de herederos y todas y cada una de las actuaciones llevadas dentro del proceso en cita, por no habérseme llamado a dicho juicio siendo que la suscrita tengo las facultades de reclamar derechos hereditarios en dicho proceso, por no observar la garantía de audiencia y en especial a lo que se refiere los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los ,Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José). C.- La resolución 165 de fecha ******************** dictada por la responsable dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi madre la señora ******************** dentro del expediente judicial ******************** así como sus efectos jurídicos, como lo es también la designación de un albacea, por no observar la garantía de audiencia y en especial a lo que se refiere los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José). D.- Todas y cada una de las actuaciones dentro del referido juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi madre la señora ******************** dentro del expediente judicial ******************** radicado ante la responsable, a razón de que jamás fui llamada a aquel procedimiento, por lo que eV seguimiento del mismo y sus efectos violan mis garantías de audiencia. 2.- Del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del IV Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, se reclama lo siguiente: A.- El juicio ordinario civil sobre nulidad de escritura pública que contiene contrato de donación, radicado en mi cintra bajo el número de expediente judicial ******************** ante la responsable, toda vez que dicha acción se entabla por la albacea nombrada dentro del citado juicio sucesorio señalado también como acto reclamado de la diversa autoridad responsable, por lo que debe tenerse al presente acto reclamado como una consecuencia del diverso acto qua también se reclama en esta demanda, pues dicha acción se entabla por la propia tercero interesada albacea del citado juicio sucesorio." Igualmente, como antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, se aseveró: "1- Nací en fecha ********************, siendo mi madre la señora ********************, tal como se desprende del acta de nacimiento que para tal efecto me permito adjuntar al presente. 2.- En fecha ******************** fallece mi madre la señora ******************** tal como se desprende del acta de defunción que se acompaña agregada a la presente. 3.- En fecha ********************, la suscito quejosa fui emplazada a juicio ordinario civil sobre nulidad de escritura que contiene contrato de donación, radicado dicho asunto ante el C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del. IV Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, resultando que dicho juicio se entablo por la tercero interesada ********************. 5.- Al referido emplazamiento, se me corrió traslado con copia certificada de la resolución 165 de fecha ******************** dictada por la responsable C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del IV Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi madre la señora ******************** dentro del expediente judicial ********************. 6.- Siendo que la suscrito tuve conocimiento del referido Juicio sucesorio a bienes de mi madre ********************, llevado dentro del expediente judicial ********************, radicado ante la Autoridad Responsable, posteriormente al dictado de la sentencia y demás actos y no en forma previa, sin que haya sido oída o por lo menos tenido oportunidad de deducir en forma adecuada mis derecho hereditarios, es por lo que ocurro a este H. Tribunal para que se me conceda el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de Autoridad precisados y que constituyen los siguientes." En ese contexto, los actos reclamados dentro del presente asunto se hacen consistir, en esencia, en: Por lo que hace al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en este municipio, la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario ********************, a bienes de ********************, así como todo lo actuado en el mismo; y, En lo que respecta al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta localidad, todo lo actuado en el juicio ordinario civil número ********************, sobre nulidad de escritura pública que contiene contrato de donación, promovido por ********************, lo que reprocha de manera genérica en virtud de que dicha acción fue entablada por la albacea designada dentro del juicio sucesorio intestamentario citado en el punto que antecede. Precisado lo anterior, en lo que se refiere al acto reclamado precisado en el punto número dos, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 6º, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Hipótesis dentro de la cual encuadra en el acto reclamado, ya que este órgano jurisdiccional determina que el acto combatido en esta instancia deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, ya que no se advierte que exista alguna afectación irreparable a la promovente y sobre todo actual, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza de que se vaya a realizar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente. Ello es así, ya que por perjuicio debe entenderse el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario del amparo que afecten de manera inmediata derechos sustantivos, en forma tal que el perjuicio irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior; por lo tanto, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación y ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo, lo que en el caso a estudio no se actualiza puesto que no se desprende que del acto reclamado se derive algún perjuicio a la hoy promovente del amparo y, por lo tanto, al no causarle perjuicio debe determinarse que no existe interés jurídico para promover la presente demanda de derechos fundamentales. Atento a lo anterior, no procede el amparo indirecto en contra del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta localidad, ya que lo actuado en el juicio ordinario civil ********************, sobre nulidad de contrato de donación, promovido por ********************, como albacea dentro del juicio sucesorio intestamentario ********************, no es un acto de imposible reparación, toda vez que no produce una afectación material a sus derechos sustantivos, pues únicamente produce una lesión adjetiva. En efecto, de las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad por la impetrante del amparo, es de advertirse que dicho expediente se encuentra aún en trámite; lo anterior es así, pues el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, fue emplazada a dicho procedimiento, por lo que se encuentra en aptitud de impugnar en dicho asunto las irregularidades que, de así considerarlo, le afecten. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de la quejosa, reclamables en el juicio de amparo indirecto o biinstancial, en atención a que no produce, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que en su caso sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse. Tiene aplicación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de la Décima Época, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, página 1539 de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por lo anterior, se insiste, la naturaleza y las consecuencias en sí mismas del acto reclamado son las que determinan la procedencia o no de la instancia constitucional y no las conductas procesales de las partes, de modo que, en el caso a estudio, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, se trata de actuaciones intraprocesales, las cuales no producen una afectación material a los derechos sustantivos. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha la demanda de derechos fundamentales promovida por********************, contra el acto que reclamó al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en este municipio. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio por lo que hace a ese acto reclamado a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que promueva oportunamente los medios ordinarios o extraordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito por el acto reclamado en estudio y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales contra los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal. De conformidad con lo establecido por el numeral 128 de la Ley de Amparo, fórmese por separado expediente único del incidente de suspensión que se solicita, sin necesidad de integrarse cuaderno duplicado físico, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a la autoridad responsable para que informen oportunamente a este tribunal si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos con veinte centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil veintitrés. Por otra parte, la compareciente señala como tercera interesada a ********************, con domicilio en ********************; por lo que, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia, se reconoce con tal carácter a la nombrada. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que se constituya en dicho lugar y con copia simple de la demanda y del presente auto, emplace a esta contienda constitucional a la referida tercera interesada; lo anterior, para que de estimarlo conveniente, se apersone al presente juicio de amparo a defender sus derechos. En cuanto a la prueba documental ofrecida por la parte agraviada, con fundamento en lo establecido en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada desde este momento por su propia y especial naturaleza. Téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda; asimismo, toda vez que ********************y******************** no se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente se les faculta para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, conforme a la parte final del artículo 12 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene a la compareciente proporcionando el correo electrónico que menciona en su escrito de demanda, el cual será utilizado únicamente para comunicaciones no procesales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a todas las partes. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  3. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal en acuerdo de esta fecha, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia simple del escrito de demanda tramítese el incidente de suspensión único relativo al juicio de amparo 1304/2023-III, promovido por Sanjuana Cristina Martínez Juárez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en este municipio. Conforme a los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley Amparo, con copia simple del escrito de demanda, pídase a la responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciba el oficio que derive de este proveído, en el que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen; además, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe previo en el plazo requerido, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia. Con fundamento en el numeral 138, fracción II, de la referida legislación, se cita a las partes a la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con trece minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Por otra parte, la compareciente señala como tercera interesada a Silvia Guadalupe Martínez Juárez, con domicilio en calle Plomeros, número 87, colonia Santa Elena, en esta ciudad; por lo que, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia, se reconoce con tal carácter a la nombrada. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que se constituya en dicho lugar y le notifique el presente proveído. Ahora bien, en el caso, la quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: "1.- Del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del IV Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, se reclama lo siguiente: A.- El juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi madre la señora Josefina Juárez Díaz, llevado ante la autoridad responsable registrado bajo el número de expediente judicial 1163/2014, por no observar la garantía de audiencia y en especial a lo que se refiere los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José). B.- La falta de llamamiento y/o emplazamiento al referido juicio, previo al dictado de la sentencia declaratoria de herederos y todas y cada una de las actuaciones llevadas dentro del proceso en cita, por no habérseme llamado a dicho juicio siendo que la suscrita tengo las facultades de reclamar derechos hereditarios en dicho proceso, por no observar la garantía de audiencia y en especial a lo que se refiere los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los ,Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José). C.- La resolución 165 de fecha 24 de agosto del 2016 dictada por la responsable dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi madre la señora Josefina Juárez Díaz dentro del expediente judicial 11631/2014, así como sus efectos jurídicos, como lo es también la designación de un albacea, por no observar la garantía de audiencia y en especial a lo que se refiere los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José). D.- Todas y cada una de las actuaciones dentro del referido juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi madre la señora Josefina Juárez Díaz dentro del expediente judicial 1163/2014 radicado ante la responsable, a razón de que jamás fui llamada a aquel procedimiento, por lo que eV seguimiento del mismo y sus efectos violan mis garantías de audiencia. ..." Igualmente, cabe señalar, que la nombrada agraviada solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: ".Por lo que respecta al C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del IV Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, no Ileve a cabo ningún acto positivo, no se dicte sentencia y no se ejecuten resoluciones dentro del referido juicio sucesorio intestamentario radicado bajo el número de expediente judicial 1163/2014, de forma tal que suspenda cualquier acto tendiente a generar consecuencias respecto del patrimonio que conforma la herencia, así mismo suspendiendo el nombramiento de albacea otorgado a la tercero interesado, dicha suspensión debe otorgarse en el sentido de que incluso se prohíba la inscripción de dicha sucesión ante el Registro Público de la Propiedad en el Estado y demás autoridades que puedan conocer del proceso." (sic) Cabe señalar que de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito, pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión provisional del acto reclamado, es requisito que el agraviado lo haya solicitado expresamente. En ese sentido, el suscrito se pronunciará respecto de la suspensión provisional para los efectos específicos que solicita la parte quejosa, en el capítulo de suspensión de su demanda. En ese orden de ideas, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para conceder la suspensión, los cuales son los siguientes: 1. Que lo solicite el quejoso; 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Tales exigencias se satisfacen, porque la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión del acto reclamado y no existen datos objetivos de los que se advierta que con su otorgamiento se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto cabe señalar que no se está en alguno de los supuestos que impidan la concesión de la medida cautelar y que prevé el 129 de la Ley de Amparo por lo que procede conceder la suspensión provisional. Resulta ilustrativa la tesis aislada, emitida por la Primera Sala de Justicia de la Nación, que se comparte, de rubro y texto siguientes: "HEREDEROS, COMO DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN TRATANDOSE DE DECLARACIÓN DE. La sociedad tiene interés en que los juicios sucesorios no queden paralizados indefinidamente, por ser el procedimiento en los mismos, de orden público y la misma sociedad tiene interés en que el acervo hereditario quede en poder del albacea nombrado y que éste administre los bienes, haga la liquidación y la participación; de manera que si el amparo se endereza contra la resolución que hace la declaración de herederos, y nombra albacea y excluye a alguno de los presuntos herederos, la suspensión debe concederse, previa fianza, para el solo efecto de que no se haga la adjudicación de los bienes sucesorios, al heredero reconocido". Así como la diversa emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 345736, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVI, Materia Civil, que dice: "HEREDEROS, SUSPENSION CONTRA LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE. La falta de reconocimiento de los derechos de heredero de una persona, trae como consecuencia necesaria y forzosa la libre disposición de los bienes por parte de los otros herederos declarados, lo que indudablemente puede ocasionar perjuicios de difícil reparación, razón por la que procede conceder la suspensión, en el amparo pedido contra la exclusión de una persona, como heredera, para impedir que mientras se falle el fondo del amparo, se disponga de los bienes en favor de terceros, y no se apliquen al afectado; suspensión que debe concederse mediante fianza." Así las cosas, se concede la suspensión provisional en relación con las consecuencias de los actos que reclama la solicitante del amparo, para el efecto de que, en su caso, continúe el juicio sucesorio en sus diversas etapas, hasta antes de la entrega de los bienes susceptibles de adjudicación que conforman la masa hereditaria del juicio sucesorio intestamentario 11631/2014, a bienes de Josefina Juárez Díaz, del control estadístico del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, residente en esta localidad; concesión que se concede también respecto a la exclusión de la accionante, como heredera, para impedir que mientras se falle el fondo del amparo se disponga de los bienes en favor de terceros y no se apliquen a la afectada. El objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, en su caso, haga ilusoria para la quejosa la protección de la justicia federal en caso de que le resulte favorable la sentencia que en el juicio principal se dicte. En la inteligencia de que la medida cautelar concedida, no surtirá efecto alguno si ya se llevaron a cabo dichos actos, pues se estaría en presencia de actos consumados, contra los cuales es improcedente conceder la suspensión; además, la medida no suspende ni paraliza la continuación del procedimiento por ser éste de orden público e insuspendible. En el concepto de que esta medida tendrá vigencia hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva dentro del presente incidente. Ahora bien, dado que la agraviada no especifica la cuantía del asunto, ni se cuenta con elementos que permitan a este juzgado, aunque sea indiciariamente, conocer y asegurar los posibles daños y perjuicios que con la suspensión se pudieran ocasionar a terceros, este tribunal fija en forma discrecional la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100, moneda nacional), que deberá exhibir en cualquiera de las formas legales, de conformidad con lo previsto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, con el propósito de salvaguardar los posibles daños que pudieran ocasionarse a terceros interesados con motivo de esta medida cautelar. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia II.2o.C. J/19, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1264 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS. De una debida interpretación de lo que establece el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, se sigue que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Ahora bien, en uso de esa facultad discrecional que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto." En la inteligencia de que si opta por garantizar con billete de depósito, éste deberá contener la autorización para que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.; Institución Bancaria de Desarrollo, proporcione información a la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y a esta última a solicitar y recibir notificación respecto de su expedición y pago para el control del mismo, cuando, como en el caso, se constituye a disposición del Poder Judicial de la Federación; bajo apercibimiento que de no contener la anterior inscripción no se tendrá por otorgada la garantía respectiva, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 32 del Acuerdo General 7/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis número II.A.1 K, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en la página 829, correspondiente al mes de marzo de 1988, tomo VII, Novena Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA. ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es cierto que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito goza de facultad discrecional para fijar el monto de la garantía en los casos en que procede la suspensión provisional, también resulta cierto que la discrecionalidad de su actuar, en ese aspecto, no debe hacerse en forma caprichosa o arbitraria, sino que debe razonar el porqué consideró prudente la imposición de dicha garantía, lo cual debe atender a las constancias de autos, la naturaleza del asunto y el tiempo probable de duración del juicio, con la finalidad de no vulnerar la igualdad procesal de las partes." En términos del primer párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la impetrante no otorga tal garantía dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído. Respecto a la prueba documental que adjunta la quejosa a su demanda, con fundamento en lo establecido por el numeral 143 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada desde este momento por su propia y especial naturaleza. Téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda; asimismo, toda vez que Carlos Alberto González Treviño y Estefania Zamora Castro, no se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente se les faculta para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, conforme a la parte final del artículo 12 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene a la compareciente proporcionando el correo electrónico que menciona en su escrito de demanda, el cual será utilizado únicamente para comunicaciones no procesales. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del numeral 2° de esta última legislación, expídase a la parte agraviada copia fotostática certificada de este proveído, previa razón de recibido que se asiente en autos para constancia. Notifíquese personalmente a la tercera interesada. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 16827/2023 suscrito por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, al través de su presidenta por ministerio de ley, y el anexo que adjuntó al mismo, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida dentro del presente juicio de garantías. Ahora bien, toda vez que la aludida responsable comunica el cumplimiento dado a la sentencia protectora emitida en este juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase dicho informe a la vista de las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; en el entendido que de no hacerlo, este órgano de control constitucional determinará de oficio si se cumplió con la misma por ser una cuestión de orden público. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano