Sandro Castro Becerra

Expediente 1065/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1065/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Sandro Castro Becerra
  • Sandro Castro Becerra y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 1260/2023, enviado por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidenta por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora emitida en el presente juicio; en tal razón, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, póngase dicho comunicado a la vista de las partes, para que dentro del plazo de tres días hábiles, manifiesten lo que a su interés legal convenga; una vez transcurrido dicho término, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el cumplimiento del fallo de mérito. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por ********************y********************, por medio del cual comparecen ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que ahí menciona; regístrese con el número 1065/2023-VII. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: En la especie, analizada la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado por los agraviados al Titular del Juzgado de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, se hace consistir esencialmente en no tomar en cuenta la prueba pericial de su intención, al no haber señalado el nombre del profesionista encargado de desahogar el medio de convicción de mérito, ello en la audiencia intermedia de seis de los actuales, celebrada dentro de la carpeta procesal 123/2022, de su índice. Ahora, examinada la demanda de garantías que nos ocupa se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.].". El artículo transcrito alude a la definitividad, como uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el cual consisten en que, por tratarse este medio de control constitucional de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que, para su actualización, se necesita que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se encuentre previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) No se surta una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Ahora bien, conviene precisar que acorde al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal acusatorio está constituido por tres etapas, entre ellas, la de investigación, que a su vez se divide en la inicial y la complementaria; esta última comprendiendo desde la formulación de la imputación hasta el cierre de la investigación. Además, que en términos del artículo 321 del referido texto procedimental penal, en la audiencia en que se formule la imputación se definirá el plazo para el cierre de la investigación complementaria, la cual será cerrada una vez transcurrido el plazo señalado por el Juez de Control, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado soliciten de manera justificada una prórroga para el cierre de la investigación. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte esencialmente que el acto reclamado se hace consistir en la exclusión por parte del Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, de no admitir la prueba pericial de su intención, dentro de la audiencia intermedia de seis de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta procesal 123/2022, de su índice, por lo que en contra de dicho auto procede el recurso de apelación, por lo cual deviene improcedente el juicio de amparo. En efecto, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece categóricamente lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De lo anterior, es dable colegir que el recurso de apelación será procedente cuando se reclamen determinaciones pronunciadas por la autoridad judicial en la etapa intermedia que implique exclusión de medios de prueba el cual tiene como objeto que el tribunal de alzada lo examine nuevamente con el fin de confirmar, revocar o modificar lo impugnado. Asimismo, ese medio de defensa debe hacerse valer por escrito ante el mismo juez dentro del plazo de tres días legalmente computado, como lo establece el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, se estima que contra la exclusión del Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, de no admitir la prueba pericial, en la audiencia intermedia de seis de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada dentro de la carpeta procesal 123/2022, de su índice, los quejosos debieron recurrirla a través del recurso de apelación, por ser el medio de defensa idóneo para impugnarlo, el cual debe agotarse previo al amparo, en cumplimiento al principio de definitividad. Lo anterior, porque se trata de una determinación emitida por una autoridad judicial, y al prever el código procesal un medio ordinario de defensa en su contra con el fin de confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada, resulta improcedente el juicio de amparo en su contra al no haberse agotado ese recurso previamente. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones contenidas en la referida fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, no se trata de un auto de vinculación a proceso y los quejosos no son terceros extraños a juicio en estricto sentido, ya que son los imputados en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, en tanto que el propio artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé expresamente el recurso idóneo para combatir la negativa aquí reclamada, por lo que no se encuentra sujeta a una interpretación adicional. Estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un proceso, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, ya que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Además, se precisa que tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en el inciso b) de la fracción XVIII analizada, en virtud de que no se trata de un acto que afecte la libertad personal de los promoventes. Entonces, es inconcuso que los aquí quejosos debieron agotar el medio de defensa que tenían a su alcance, antes de acudir a la presente instancia, esto es, el recurso de apelación, a fin de que pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Se estima aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Tribunal Pleno, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2017117, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." También, por las consideraciones que la informan la tesis aislada número I.4o.P.24 P (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2376 del Tomo III, del mes de Octubre de 2018, Décima Época, Materia Común Penal, que dice: "EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA. AL NO ENCONTRARSE EN ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, contra la resolución del Juez de Control emitida en la etapa intermedia que excluya algún medio de prueba, el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un control jurisdiccional que constituye un recurso formal y material, cuyo efecto inmediato, en términos del artículo 472 del código mencionado, es suspender la remisión del auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento; de ahí que al no encontrarse en el supuesto de excepción contenido en la fracción XX del artículo 61 indicado, el quejoso debe agotar ese medio ordinario de impugnación, previo a la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige su procedencia." Asimismo, sirve para normar criterio, la Tesis Aislada del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, que aparece publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Noviembre de 2019, Materia(s): Común, Penal, Página 2470, que dice: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PREVIO AL AMPARO, DEBE AGOTARSE CONTRA LAS DETERMINACIONES EMITIDAS POR EL JUEZ DE CONTROL EN LA ETAPA INTERMEDIA QUE IMPLIQUEN LA EXCLUSIÓN, NO ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE MEDIOS DE PRUEBA. Conforme a la fracción XI del precepto citado, en los asuntos del sistema penal acusatorio, las partes pueden interponer el recurso de apelación ante el tribunal de alzada, contra las determinaciones emitidas por el Juez de control en la etapa intermedia, que impliquen "exclusión" de medios de prueba. En ese sentido, sin necesidad de efectuar mayor interpretación, basta con atender los sinónimos de la palabra exclusión que, en el contexto procesal-probatorio, implican rechazo de medios de prueba, a través de su "no admisión" o "desechamiento". En consecuencia, contra las determinaciones que impliquen la exclusión, no admisión o desechamiento de medios de prueba en la etapa intermedia, procede el recurso de apelación previsto en dicho artículo, el cual debe agotarse previo al amparo, en cumplimiento al principio de definitividad." No se soslaya a lo anterior el hecho de que los quejosos también infieran que lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el seis de septiembre del año en curso, dentro de la carpeta procesal de origen, les causa agravio al referir que el Juez de Control vulneró en sus perjuicios los principios de imparcialidad, contradicción, defensa adecuada y equilibrio procesal al tener por admitidos los medios de prueba ofertados por la fiscalía los cuales debieron ser excluidos por los motivos que fueron expuestos en la referida audiencia intermedia, actos por los cuales tampoco resultaría procedente el juicio de amparo en términos del artículo 61 fracción XVIII, en relación con el numeral 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En ese contexto, es evidente que, en la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del citado cuerpo legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito de cuenta; y, autorizando para ese efecto a ********************, hasta en tanto demuestre ante este juzgado contar con cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho y encontrarse debidamente registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el último párrafo del artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************y********************. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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