Sandy Isbeth Suárez Ble

Expediente 1/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Sandy Isbeth Suárez Ble

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    :. Agréguese a los autos el sobre devuelto por Correos de México, relativo al oficio 3760/2022-III, dirigido a la autoridad responsable Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, por las razones ahí expuestas; sin que proceda dictar mayor acuerdo, toda vez que por auto seis de julio pasado, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo. Finalmente, devuélvanse los presentes autos al archivo de este juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto el treinta de mayo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva y por otra parte se declaró sin materia. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de amparo en que se actúa, que dice: "Visto el estado que guardan los autos, así como las constancias integrantes del diverso juicio de amparo 1150/2021-III del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ***, por derecho propio y en representación de la menor de identidad reservada e iniciales R.M.D.S. contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Mixta Tres (III) de Playa del Carmen, Quintana Roo, derivados de la carpeta de investigación ***, donde obra copia certificada de la citada carpeta; se considera actualizada una causal de improcedencia cuyo estudio es oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio, conviene precisar que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo los siguientes actos reclamados: a) La omisión de citar a la investigada ***, aquí quejosa, a declarar, designar defensor y ofrecer pruebas en la carpeta de investigación ***, b) El oficio FGE/QROO/DRMPRM/UDDIV/10/3510/2021 librado en autos de la carpeta de investigación ***, en que se requiere a ***, aquí quejosa, para que comparezca ante el perito en psicología de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, a las catorce horas, a fin de llevar a cabo una diligencia en su calidad de investigada; asimismo, se le apercibió con presentarla por medio de la fuerza pública, en caso de inasistencia. c) El artículo 104, fracción I, inciso c), del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su aplicación en el diverso acto precisado en el inciso b). Cambio de situación jurídica En primer lugar, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Así pues, cuando se reclama en amparo indirecto una omisión ocurrida en una carpeta de investigación, y en el trámite del mismo se judicializa la indagatoria, opera un cambio de situación jurídica, que por imperativo legal hace que deban tenerse por consumadas de manera irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, que no pueden analizarse sin afectar esa nueva situación legal en que se encuentra. Ahora, de la copia certificada de las constancias integrantes de la carpeta de investigación ***, que fueron exhibidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de Delitos Diversos, Unidad de Investigación Mixta Tres, con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, en el diverso juicio de amparo indirecto 1150/2021-III del índice de este juzgado de Distrito, de la que se ordena obtener copia certificada del tomo uno, para que obre en estos autos, la cual cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene:  Mediante acta *** sin fecha de emisión, signada por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Penal de la Unidad de Atención Temprana Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se inició la carpeta de investigación por vista, por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.  El trece de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el acta de denuncia de la víctima u ofendido ***.  Por oficio de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el fiscal del ministerio público responsable, solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, se señalara fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación sin detenido, por el hecho que la ley señala como delito de desobediencia y resistencia de particulares, en contra de ***, en autos de la carpeta administrativa ***.  Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en autos de la carpeta administrativa *** del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, el Juez de despacho señaló las doce horas del doce de abril de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de formulación de imputación sin detenido, solicitada en la referida carpeta de investigación, por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, en contra de ***. De lo anterior, se obtiene que en el caso ha operado un cambio de situación jurídica con el que las violaciones imputadas a la autoridad investigadora responsable, al omitir citar a la quejosa en la carpeta de investigación de origen a declarar, designar defensor y ofrecer pruebas, que se reclama en esta instancia constitucional, deben considerarse consumada irreparablemente, por no poderse analizar sin afectar la resolución en la que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación sin detenido, a solicitud del fiscal del ministerio responsable; al haberse judicializado la carpeta de investigación de la que derivan los actos reclamados. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a). [.] Deja de existir la materia del acto reclamado Por otra parte, se estima que, en relación con el acto reclamado precisado en el inciso b), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la cual prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" La citada causal de inejeritabilidad indica que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para fijar el alcance de la causa de improcedencia en consulta, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad y de convencionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Luego, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la ley de la materia, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad o convencionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia amparadora, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo ese tamiz, la causa de improcedencia establecida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado que formalmente subsiste pero cuyo objeto o materia dejó de existir, de modo que la protección que en su caso se concediera, carecería de efectos. [.] Ahora, de la copia certificada de las constancias integrantes de la carpeta de investigación ***, previamente valoradas, se obtiene:  Por oficio ***, emitido en la referida indagatoria, el fiscal del ministerio público responsable solicitó al Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, el desahogo del dictamen en materia de psicología infantil y de adulto a desahogarse en la persona de las aquí quejosas.  Mediante diversa comunicación oficial con folio 12202/2021 de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la psicóloga Rosalba Alor Escobar, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales Zona 1, de la Fiscalía General del Estado, informó al agente del ministerio público que no era posible el desahogo de la prueba pericial en psicología a la menor de edad, en virtud que, por su edad -veinte meses- no contaba con la madurez adecuada a nivel motriz y cognitivo para su desahogo; asimismo, indicó que la prueba pericial en psicología a cargo de ***, se llevaría a cabo el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, a las once horas.  En virtud de lo anterior, por oficio ***, se requirió a ***, aquí quejosa, para que compareciera ante el perito en psicología de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, a las catorce horas, a fin de llevar a cabo una diligencia en su calidad de investigada; asimismo, se le apercibió con presentarla por medio de la fuerza pública, en caso de inasistencia -acto reclamado-.  Por oficio de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el fiscal del ministerio público responsable, solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, se señalara fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación sin detenido, por el hecho que la ley señala como delito de desobediencia y resistencia de particulares, en contra de ***, en autos de la carpeta administrativa ***.  Mediante oficio con folio *** de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la psicóloga Rosalba Alor Escobar, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales Zona 1, de la Fiscalía General del Estado, informó al fiscal actuante que no había sido posible el desahogo de la prueba pericial a cargo de la investigada en virtud que no se había indicado detalladamente cuál era la solicitud para llevar a cabo las evaluaciones correspondientes o la materia de la prueba a desahogar; por lo que solicitó que se indicara con precisión cuál era la materia a evaluar respecto de la persona mencionada a fin de proporcionar nueva cita para su desahogo.  Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en autos de la carpeta administrativa *** del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, el Juez de despacho señaló las doce horas del doce de abril de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de formulación de imputación sin detenido, solicitada en la referida carpeta de investigación, por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, en contra de ***. De los anteriores antecedentes, se advierte que en la carpeta de investigación de origen, se ordenó el desahogo de una prueba pericial a desahogarse respecto de la quejosa ***; por lo que se le requirió para que acudiera a su cumplimiento el día y hora proporcionados por la perito designada para tal fin y se apercibió a la investigada con presentarla con auxilio de la fuerza pública en caso de incomparecencia. Asimismo, con posterioridad a la fecha y hora señaladas para la realización de la prueba pericial ordenada; la psicóloga Rosalba Alor Escobar, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales Zona 1, de la Fiscalía General del Estado, informó que no había sido posible elaborar el dictamen ordenado en la carpeta de investigación al no haberse precisado la materia que debía ser evaluada en la misma; por lo que solicitó se precisara tal circunstancia a fin de señalar nueva fecha y hora para su desahogo. Por último, el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en atención a la solicitud del agente del ministerio público responsable, se señaló fecha y hora en la carpeta administrativa 433/2021, formada con motivo de la carpeta de investigación ***, para la audiencia de formulación de imputación sin detenido. Asimismo, cabe resaltar que de la citada indagatoria no se advierte que se hiciera efectiva la medida de apremio decretada en contra de la impetrante por oficio ***, acto reclamado en autos. En ese contexto, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, porque aun cuando subsiste la orden de presentación ante la perito de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, dirigida a la quejosa ***, con el apercibimiento de presentarla mediante la fuerza pública, en caso de inasistencia; lo cierto es que la materia del requerimiento y su apercibimiento dejó de existir pues dicha prueba no pudo ser desahogada en la fecha y hora indicadas en virtud que no se había establecido con claridad cuál era la materia a desahogarse, como lo informó la psicóloga Rosalba Alor Escobar, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales Zona 1, de la Fiscalía General del Estado. En ese sentido, se estima que no sería posible restituir a la impetrante en el derecho humano violado pues la fecha en que se le citó para comparecer a fin de recabar la prueba pericial en psicología ya aconteció y no fue posible su desahogo por falta de precisión respecto a la materia del mismo, en que incurrió el fiscal requirente. Luego, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso b) que antecede. Ahora, en relación con el acto reclamado precisado en el inciso c), se desprende que la quejosa también impugna en esta vía, con motivo de su aplicación, el proceso legislativo que dio lugar al artículo 104, fracción I, inciso c), del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, es necesario tomar en cuenta que es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de amparo debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. En la especie, como ha quedado establecido, por lo que hace al acto de aplicación por el cual se insta también la acción constitucional respecto del proceso legislativo que dio lugar al artículo 104, fracción I, inciso c), del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisado en el inciso b) de este auto, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXII, de Ley de Amparo; por tanto, la causal de improcedencia del juicio de amparo se debe hacer extensiva a las normas tildadas como inconstitucionales. [.] En ese orden de ideas, al encontrarse probado en autos que se actualizan las causales de improcedencia invocadas; de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. [.] En esas condiciones, se dejan sin efectos las diez horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes."

  4. Principal

    Notificación personal a la parte quejosa y vía electrónica al agente del Ministerio Público Federal adscrito del auto de treinta de mayo de dos mil veintidós.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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