Sandy Isbeth Suárez Ble
Expediente 1150/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 35 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Sandy Isbeth Suárez Ble
- R.M.D.S.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
:. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por Sandy Isbeth Suárez Ble, parte quejosa en el presente juicio, mediante la cual solicita fotocopia certificada por duplicado de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, así como de los cuadernos incidentales. Al respecto, como lo solicita, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse las fotocopias certificadas que solicita a su costa, previa toma de razón de su recibo.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral.
- Principal
En treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la secretaria Diana Alejandra Ángel Zarate, certifica: que obra el informe justificado de las autoridades responsables, no hay pruebas por preparar y ninguna de las partes solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional, en términos del artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1150/2021-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables: 1) Fiscal General del Estado de Quintana Roo, 2) Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y 3) el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Unidad de Investigación Mixta III, ofrecieron pruebas documentales; asimismo, la parte quejosa ofreció además: la prueba testimonial a cargo de Diego Alexis Manguen Tolentino y Joel Cruz Esquivel; así como la inspección judicial a realizarse en el buscador Google; además, se hace constar que las demás partes no ofrecieron algún medio de prueba; el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales ofrecidas por las partes, las cuales se tienen por desahogadas sin mayor diligencia dada su especial naturaleza. Por su parte, se desecha la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa a desahogarse en el buscador Google, toda vez que la impetrante omite delimitar la búsqueda a realizar en el buscador que propone; esto es, no señala la página o páginas a las que pretende se inspeccionen; por lo que dada la ambigüedad de su ofrecimiento se considera que no es posible su desahogo al no señalarse los elementos mínimos de la búsqueda que propone. En todo caso, la existencia de los actos que pretende demostrar, consistentes en la activación de la Alerta Amber y Protocolo Alba, se encuentra corroborada con el informe rendido por las autoridades responsables y las documentales que adjuntaron; de ahí que resulte innecesario su desahogo. Por otra parte, se desecha la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa a cargo de las personas que precisa, toda vez que omitió adjuntar a la promoción con la que la ofrece el original del interrogatorio al tenor del cual serían examinados los testigos; requisito indispensable para admitir la citada prueba testimonial en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se insertan a continuación: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017133 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 15 Tipo: Jurisprudencia PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria da cuenta con las manifestaciones a modo de alegatos hechos valer por la quejosa y la representante especial de la menor quejosa de identidad reservada e iniciales R.M.D.S.; asimismo, hace constar que las demás partes no formularon manifestaciones en vía de alegatos; luego, el Juez acuerda: con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los alegatos hechos valer y se da por concluida esta etapa de la audiencia constitucional. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O para resolver el juicio de amparo 1150/2021-III, promovido por Sandy Isbeth Suárez Ble, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada e iniciales R.M.D.S., contra actos del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el mismo día a este juzgado de distrito, Sandy Isbeth Suárez Ble, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada e iniciales R.M.D.S., solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: - - - LA ALERTA AMBER O PROTOCOLO ALBA HECHA PÚBLICA POR LA FISCALÍA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES CON DATOS 214/ZN/2021. - - LA ORDEN DE LOCALIZACIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPOONSABLE EN MI CONTRA Y DE MI MENOR HIJA. - - -LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCIÓN QUE LA RESPONSABLE HAYA EMITIDO EN MI CONTRA Y DE MI MENOR HIJA QUE PRETENDAN DAR CUMPLIMIENTO SU SUBALTERNOS. - - - LAS ORDENES DE SUSTRAER DE MI CUIDADO A MI MENOR HIJA. SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante este juzgado de distrito, por auto de veinte siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 1150/2021-III, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se designó representante especial de la menor quejosa a Brisa del Mar Villalobos García, quien compareció a juicio con posterioridad. TERCERO. Ampliaciones de demanda de amparo y separación de juicios. Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo, respecto de conceptos de violación, así como los actos y autoridades que se precisan a continuación: Como autoridades responsables: al i] Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación Mixta Tres, con sede en Playa del Carmen y ii] Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, ambos con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, respecto de los actos que precisó como: 1. La solicitud de activación y Activación de la alerta Amber y protocolo Alba, respectivamente. 2. La búsqueda y localización de la quejosa Sandy Isbeth Suarez Ble y la menor de iniciales R.M.D.S. 3. Publicación en redes sociales y otros medios de difusión a través de internet, de la Alerta Amber y Protocolo Alba. 4. La orden de detención y/o retención y/o cualquier otra orden privativa de la libertad dictada en contra de la quejosa Sandy Isbeth Suarez Ble, por las nuevas autoridades responsables. Asimismo, se desechó parcialmente la demanda respecto de los actos reclamados al iii] Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, por no ser novedosos y se separó el juicio de amparo respecto del diverso acto reclamado consistente en la omisión de integrar la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/FEDCLSLYDP/05/458/2021, número de caso FGE/QROO/BJ/05/9753/2021. Por su parte, por acuerdo de veinticinco de enero siguiente, se admitió a trámite la ampliación de demanda respecto de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales R.M.D.S., respecto de los actos reclamados precisados en el punto 1 que antecede; por lo que se requirió a las autoridades responsables su informe justificado respecto de los actos por los que se amplió la demanda de amparo. Finalmente, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclaman actos con ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hacen consistir en: Del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación Mixta Tres, con sede en Playa del Carmen: a) La solicitud de activación de la Alerta Amber y Protocolo Alba para localizar a la quejosa Sandy Isbeth Suárez Ble, su menor hija de identidad reservada e iniciales R.M.D.S., Del Fiscal General del Estado de Quintana Roo y del Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares: b) El Protocolo Alba 214/ZN/2021 activado para localizar a la quejosa Sandy Isbeth Suárez Ble. c) La Alerta Amber 221/ZN/2021 activada para la localización de la menor de iniciales R.M.D.S. De todas las autoridades responsables: d) La orden de localización y/o aprehensión y/o detención o cualquier otra privativa de la libertad dictada contra la quejosa Sandy Isbeth Suárez Ble. Del Fiscal General del Estado de Quintana Roo: e) La orden de modificar la custodia de la menor quejosa en favor de su progenitora, también quejosa; así como la entrega de la menor en favor de diversa persona. Cabe aclarar que, si bien la parte quejosa señaló como actos reclamados, además de los antes señalados, la búsqueda y localización de la quejosa Sandy Isbeth Suarez Ble y la menor de iniciales R.M.D.S; así como la publicación en redes sociales y otros medios de difusión a través de internet, de la Alerta Amber y Protocolo Alba reclamados; dichos actos no se destacan como tal porque son consecuencia de la expedición de los protocolos de búsqueda de personas que reclama; por lo que estos actos se encuentran comprendidos dentro de los precisados en el inciso b) anterior. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal; el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Unidad de Investigación Mixta Tres, y el Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, ambos con sede en Playa del Carmen; al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados precisados en el inciso d), que se les reclama, consistente en la orden de localización y/o aprehensión y/o detención o cualquier otra privativa de la libertad dictada contra la quejosa Sandy Isbeth Suárez Ble. Asimismo, el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, en su informe con justificación también negó la existencia de los actos reclamados contenidos en los incisos b), c) y e), que se le atribuyen, consistentes en el b) Protocolo Alba 214/ZN/2021 activado para localizar a la quejosa Sandy Isbeth Suárez Ble, c) la Alerta Amber 221/ZN/2021 activada para la localización de la menor de iniciales R.M.D.S. y e) la orden de modificar la custodia de la menor quejosa en favor de su progenitora, también quejosa; así como la entrega de la menor en favor de diversa persona. Negativas de los actos reclamados contenidos en los incisos d) y e) que la parte quejosa no desvirtuó con prueba idónea pues únicamente ofreció como tal: i. La impresión sin certificar del acta de nacimiento número 122 expedida a nombre de la menor de identidad reservada; ii. Seis impresiones sin certificar a color respecto de la Alerta Amber activada. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio en los siguientes términos: En cuanto a la precisada en el punto 1, se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al contar con código QR y cadena digital; sin embargo, de la misma únicamente se advierte la representación que tiene Sandy Isbeth Suárez Ble, sobre la menor quejosa de iniciales R.M.D.S. En cuanto a las documentales precisadas en el punto 2, se les concede valor probatorio en términos de los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° de la Ley de Amparo, las cuales, por sí mismas, únicamente prueban que probablemente sea una reproducción de su original. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de identificación, rubro y contenido siguiente: "Época: Octava Época Registro: 207434 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, primera parte, enero-junio 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 18 Página: 379 COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Como se ve de las probanzas ofrecidas por la parte quejosa no se desvirtúan las manifestaciones de inexistencia de los actos reclamados consistentes en la orden de localización y/o aprehensión y/o detención o cualquier otra privativa de la libertad dictada contra la quejosa Sandy Isbeth Suárez Ble ni la orden de modificar la custodia de la menor quejosa en favor de su progenitora, también quejosa; así como la entrega de la menor en favor de diversa persona; pues con independencia del valor probatorio que merezcan, de su contenido no se obtiene la existencia de orden privativa de libertad dictada contra la impetrante, ni la orden de entrega o modificación de custodia respecto de la menor también quejosa. Por su parte, respecto de los actos reclamados consistentes en la activación de la Alerta Amber y Protocolo Alba reclamados, de las constancias remitidas por la diversa autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, con sede en Playa del Carmen, se obtiene que dichos protocolos de búsqueda fueron activados por dicha autoridad y no por el Fiscal General del Estado de Quintana Roo. En efecto, de la copia certificada de las diversas constancias remitidas por la diversa autoridad Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, con su informe justificado, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, en esencia, que la autoridad que activó los protocolos de búsqueda que se reclaman no fue el Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Por tanto, al demostrarse que los actos reclamados precisados en los incisos b) y c) del considerando tercero, fueron emitidos por una autoridad diversa al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, se corrobora la inexistencia de los actos que se le atribuyen. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la afirmación de las autoridades señaladas como responsables; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados precisados en el inciso d) del considerando tercero, que se reclaman a todas las autoridades responsables, así como los diversos contenidos en los incisos b), c) y e) que se atribuyen al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Por su parte, las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación Mixta Tres, y Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, ambos con sede en Playa del Carmen, al rendir sus informes justificados, convinieron en la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, a la primera, el precisado en el inciso a) del considerando tercero, consistente en la solicitud de activación de la Alerta Amber y Protocolo Alba para localizar a las quejosas; mientras que a la segunda, la activación de dichos protocolos, que se precisaron en los incisos b) y c) del considerando tercero. En todo caso, la existencia de los actos reclamados se corroboran con la fotocopia cotejada de la carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/09/5210/2021, del conocimiento del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación Mixta Tres, con sede en Playa del Carmen (tomo de pruebas); las que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de las constancias remitidas por el Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, con sus informes justificados, previamente valoradas. En efecto, de las mismas se advierte: Mediante acta número FGE/QROO/DRMPRM/UDDIV/09/3179/2021, de trece de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de investigación ya precisada, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación Mixta Tres, con sede en Playa del Carmen, solicitó al Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, la activación de la Alerta Amber para la localización de Sandy Isbeth Suárez Ble y su menor hija de identidad reservada e iniciales R.M.D.S. Oficio entregado el catorce de septiembre de dos mil veintiuno. En respuesta a la petición anterior, el Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, activó el Protocolo Alba 214/ZN/2021 para localizar a la quejosa Sandy Isbeth Suárez Ble y la Alerta Amber activada para la localización de la menor de iniciales R.M.D.S. Asimismo, por acuerdo FGE/QROO/DRMPRM/UDDIV/02/30/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, el Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, determinó que al haberse logrado la localización con vida de las personas Sandy Isbeth Suárez Ble y la menor de iniciales R.M.D.S. canceló las fichas de búsqueda de las mismas mediante los protocolos Alba y Alerta Amber, aquí reclamados. Por tanto, son ciertos los actos reclamados. SEXTO. Causas de improcedencia. En el caso, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando tercero de esta sentencia, consistente en la solicitud de activación del Protocolo Alba y Alerta Amber reclamados, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción I, de la propia ley, porque dichos actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa. Falta de interés Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De los numerales reproducidos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos, y por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Es oportuno señalar que la legitimación de la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con el quejoso. Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, en el caso se reclama la terminación contenida en el acta número FGE/QROO/DRMPRM/UDDIV/09/3179/2021, de trece de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de investigación natural, por la que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación Mixta Tres, con sede en Playa del Carmen, solicitó al Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, la activación de la Alerta Amber para la localización de Sandy Isbeth Suárez Ble y su menor hija de identidad reservada e iniciales R.M.D.S. Luego, el acto en estudio, de manera alguna afecta algún derecho subjetivo de la parte quejosa, pues si bien realiza una petición al fiscal del Ministerio Público al que, conforme a sus atribuciones, corresponde activar los protocolos de búsqueda de personas; ese acto por sí mismo no crea, modifica o extingue situación jurídica que incida sobre algún derecho de la parte solicitante del amparo. Es así, pues el acto que sí incide en su esfera jurídica es el que se emitió en atención a dicha solicitud, esto es, las fichas de búsqueda de personas relativas al Protocolo Alba 214/ZN/2021 para localizar a la quejosa Sandy Isbeth Suárez Ble y la Alerta Amber 221/ZN/2021 activada para la localización de la menor de iniciales R.M.D.S. Lo anterior, pues el acto que se estudia sólo fue una petición realizada a la autoridad ministerial competente para activar los referidos protocolos de búsqueda de las personas y dependía de la respuesta que la autoridad solicitad diera, para que se materializara o no alguna afectación en los derechos de las quejosas. Por tanto, si el acto reclamado del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación Mixta Tres, con sede en Playa del Carmen, no incidió en derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, se concluye que opera la causa de improcedencia en estudio al no afectar el acto reclamado el interés jurídico de la parte solicitante del amparo. En ese orden de ideas, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Cesación de efectos del acto reclamado. Por otra parte, respecto de los diversos actos reclamados precisados en los incisos b) y c) del considerando tercero de esta sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativos, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, las quejosas reclaman del Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares: b) El Protocolo Alba 214/ZN/2021 activado para localizar a la quejosa Sandy Isbeth Suárez Ble, y c) La Alerta Amber 221/ZN/2021 activada para la localización de la menor de iniciales R.M.D.S. Ahora, de la fotocopia certificada de las constancias que remitió el citado agente responsable con su informe justificado, previamente valoradas, se obtiene que por acuerdo FGE/QROO/DRMPRM/UDDIV/02/30/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, el Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, determinó que al haberse logrado la localización con vida de las personas Sandy Isbeth Suárez Ble y la menor de iniciales R.M.D.S. canceló las fichas de búsqueda de las mismas mediante los protocolos Alba y Alerta Amber, aquí reclamados. Asimismo, notificó la cancelación de las fichas de búsqueda reclamadas al Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación Mixta Tres, con sede en Playa del Carmen, que lo solicitó, por oficio FGE/QROO/DRMPRM/UDDIV/02/028/2022 de misma fecha, el cual fue recibo por la autoridad destinataria el diez siguiente, como se ve del acuse de entrega que se inserta: Asimismo, dio difusión a la localización de las aquí quejosas en las plataformas de búsqueda correspondientes y para evidenciarlo, remitió las siguientes imágenes: Luego, claramente se desprende que han cesado los efectos de manera total e incondicional de los actos reclamados consistentes en la activación de los protocolos Alba y Alerta Amber para localizar a las quejosas; pues el nueve de febrero de dos mil veintidós, se cancelaron las fichas de búsqueda y se notificó tal cancelación el diez de febrero siguiente. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados del Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, precisados en los incisos b) y c) del considerando tercero de este fallo. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Sandy Isbeth Suárez Ble, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada e iniciales R.M.D.S., contra actos reclamados precisados en el considerando tercero y en términos de lo expuesto en los diversos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta remitida por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del fuero común Unidad de Investigación Mixta Tres, con sede en Playa del Carmen, a través de la cual rinde informe justificado en relación con la ampliación de demanda de la menor quejosa, de veinticinco de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, la autoridad antes citada, por medio de la cual en cumplimiento al requerimiento que se le realizó por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, remite fotocopia certificada de la totalidad de las constancias que integran la averiguación previa FGE/QROO/SOL/09/5210/2021 de su índice. Por tanto, se tiene a dicha autoridad dando cumplimiento al requerimiento que se le realizó en dicho auto, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes el oficio y constancias de cuenta para los efectos legales conducentes. De igual manera, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental exhibida por la autoridad oficiante y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, para un mejor manejo de las constancias, se ordena formar tres tomos de pruebas (tomo II, III y IV) con las constancias que integran la averiguación previa FGE/QROO/SOL/09/5210/2021 de su índice, remitidas por la autoridad responsable.
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