Sandy Abigail Vallejo Santana

Expediente 1310/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1310/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
15/11/2017

Partes del expediente

  • Sandy Abigail Vallejo Santana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos los oficios 1211/2017 y 11940/2017 signados por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual informa que admitió el recurso de revisión adhesiva hecho valer por la autoridad responsable, contra la sentencia dictada el presente juicio de amparo; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio ********************signado por el Actuario Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, por el cual informa que se admitió el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, contra la sentencia dictada el presente juicio de amparo, quedando registrado con el número A.R. 966/2017; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017 de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, quien actúa ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.Gustavo M

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por Edgar Uriel Guevara Medina, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el trece de septiembre de dos mil diecisiete; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, téngase a la parte quejosa haciendo valer el RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia referida; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las diversas actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, además existe carencia de tóner para las impresoras y una exorbitante carga de trabajo con la que cuenta este juzgado visible de acuerdo a los datos estadísticos oficiales; por consiguiente se ordena formar el expediente de antecedentes que contenga sólo la copia del escrito de agravios, para que el original expediente del presente juicio de amparo pueda ser remitido al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, y conozca del citado recurso de revisión. Hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, para la substanciación del medio de impugnación que hace valer la parte quejosa, se ordena agregar a los autos sus escritos originales de agravios. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, CORRIÉNDOLES TRASLADO CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1310/2017-IV, promovido por SANDY ABIGAIL VALLEJO SANTANA por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, SANDY ABIGAIL VALLEJO SANTANA, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos, Tesorero de Temixco, Morelos y Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos. SEGUNDO.- Por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo por lo que respecta al Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos y se admitió la demanda de garantías por las restantes autoridades, quedando registrada bajo el expediente de amparo 1310/2017-IV; además, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de la ley combatida. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el quejoso. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se tratan de: 1.- El contenido de los artículos 94 ter a 94 ter 11 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativos al sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. 2.- El cobro de alguna cantidad de dinero en aplicación de las normas citadas en el párrafo anterior 3.- El contenido de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativos al sistema normativo que regula el impuesto adicional sobre impuestos y derechos municipales. 4.- El cobro de alguna cantidad de dinero en aplicación de las normas citadas en el párrafo anterior 5- El contenido de los artículos 77, 62 y 63 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos vigente, relativos al pago de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad . 6.- El cobro de alguna cantidad en aplicación de las normas citadas en el punto anterior. TERCERO.- No es cierto el acto reclamado al Tesorero de Temixco, Morelos consistente en el cobro de alguna cantidad de dinero en aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Lo anterior es así en virtud de que dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 56) negó el cobro que se le reclama y la quejoso no aportó algún medio de prueba eficaz para desvirtuar la negativa de la referida autoridad responsable y demostrar algún cobro en aplicación de las normas legales que reclama. En conclusión no existe el acto reclamado consistente en el cobro de alguna cantidad de dinero en aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que se reclamó al Tesorero del Municipio de Temixco, Morelos, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO.- De igual forma, no es cierto el acto reclamado consistente en el cobro de alguna cantidad de dinero en aplicación de los artículos artículos 77, 62 y 63 de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, vigente, en virtud de que así lo manifestaron al rendir su informe justificado el Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y el Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos (fojas 36), sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba idónea para demostrar el cobro reclamado. Consecuentemente lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. QUINTO. Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno, y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, refrendo, sanción, compilación y publicación, respectivamente en la esfera de su competencia, de los artículos los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; artículos 77, 62 y 63 de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Lo anterior está acreditado de acuerdo con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por los artículos 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica, se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". SEXTO.- Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. SÉPTIMO.- Respecto a los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la expedición, promulgación, sanción refrendo y publicación, en el ámbito de sus respectivas competencias, de los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; artículos 77, 62 y 63 de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." A efecto de explicar la actualización de la referida causal de improcedencia, se estima conviene puntualizar que, cuando una norma se combate con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que se acredite la existencia de tal acto de aplicación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. En ese orden de ideas debe precisarse que no se demostró el acto de aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; ni de los artículos 77, 62 y 63 de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, vigentes, por las consideraciones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. En conclusión, al no encontrarse acreditado el acto de aplicación de las normas impugnadas, debe sobreseerse respecto a dichas disposiciones legales, ya que resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través del acto de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio la hipótesis normativa, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, de su plena demostración. Orientan el criterio expresado, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación 199-204 Primera Parte, del rubro y texto siguiente: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACION, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama." Así como la jurisprudencia 2a./J.71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, del Tomo: XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese orden de ideas, respecto a los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; artículos 77, 62 y 63 de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2a./J.12/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 323, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Se hace innecesario el estudio de las demás causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, pues basta el de una sola, ya que si operara alguna otra, no cambiaría el sentido de la presente resolución. Lo que antecede tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414 del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Consecuentemente con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que se refiere a las mencionadas normas impugnadas. Por lo anteriormente expuesto, y fundado además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, 73, 74, 75, 77, 107, fracción I, 123 y 124 de la Ley de Amparo; así como por los numerales 1º fracción V, 48 y 52 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por SANDY ABIGAIL VALLEJO SANTANA, respecto de los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; artículos 77, 62 y 63 de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que reclamó del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, así como de los actos de aplicación de dichas normas, que se reclamó al Tesorero de Temixco, Morelos, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE. Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de los sentenciados; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de septiembre de dos mil diecisiete en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.

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