Sandra Virginia Malo Perez
Expediente 803/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 32 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sandra Virginia Malo Perez
- Encargada del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Femenil Escobedo Nuevo León (Denominación Correcta)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de tres de junio de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Por otra parte, toda vez que el JUEZA DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL PENAL CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Fernando Cobos González, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la Jueza de Control y Juicio Oral Penal del Estado, con sede en San Nicolás de los Garza; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que la quejosa está debidamente notificada de dicho proveído, asimismo, el autorizado de la parte quejosa realizó manifestaciones respecto del cumplimiento por escrito recibido el catorce de mayo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en el segundo resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a SANDRA VIRGINIA MALO PÉREZ, contra los actos reclamados a la Jueza de Control y de Juicio Oral Penal con residencia en Monterrey, Nuevo León, para el efecto de que las autoridades responsables: "a) Deje insubsistente la determinación de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 01896/2019-CO; y, b) Dentro del plazo que para tal efecto prevé el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con libertad de jurisdicción dicte una nueva determinación en la cual resuelva sobre la legalidad del traslado efectuado sobre la persona de la quejosa tomando en consideración lo que le fue argumentado y probado por la autoridad administrativa. En el entendido de que deberá limitarse a las constancias que le fueron enviadas por dicha autoridad sin que pueda recabar pruebas de oficio." El Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado, con sede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, por oficios recibidos el dieciséis de diciembre de dos mil veinte y ocho de marzo de dos mil veintiuno, informó que dictó sentencia condenatoria emitida el catorce de diciembre de dos mil veinte, en contra de Sandra Virginia Malo Pérez, por los delitos de Homicidio Calificado y Contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo, en su variante de Posesión de Marihuana y Cocaína con fines de Comercio, en su Hipótesis de Venta, seguidos por las carpetas judiciales 1896/2019 y 1952/2019, con el fallo condenatorio, en cuanto a los delitos mencionados, se dejó subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta anteriormente a la acusada, por lo que la misma deberá continuar internada en el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 "MORELOS", remitiendo copia certificada de la referida resolución, en la que determinó resolver lo siguiente: El siete de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y con el contenido de los oficios de referencia, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, la Jueza de Control y Juicio Oral Penal del Estado, con sede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Irma Morales Medina, por oficio recibido el veinticuatro de mayo del año en curso, remitió copia autorizada con firma electrónica de la resolución de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, emitida dentro de la carpeta judicial 1896/2019 y su acumulada 1952/2019 de la que se advierte que realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la determinación de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, que dictó dentro de la carpeta judicial 1896/2019 y acumulada 1952/2019, que se sigue en oposición de Sandra Virginia Malo Pérez. Procedió a dictar una nueva resolución con libertad de jurisdicción, en la cual resolvió sobre la legalidad del traslado de la quejosa en los términos establecidos en la sentencia de amparo, de la que se advierte que tomó en consideración el oficio CF/DG/920/2019 de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, de la Encargada Interina del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social "Femenil", al que anexó la resolución administrativa emitida por el Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica de la Agencia de Administración Penitenciaria de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, de veintiséis de marzo del mismo año, a través del cual le hizo del conocimiento que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, fue trasladada del CERESO femenil la interna SANDRA VIRGINIA MALO PEREZ e internada en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", quien se encuentra a disposición de dicho órgano jurisdiccional por los delitos de homicidio calificado y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de marihuana y cocaína, con fines de comercio en su hipótesis de venta, dentro de la carpeta judicial 1896/2019 y su acumulada 1952/2019 Asimismo, tomó en cuenta el oficio CF/DG/0991/2019 de la Encargada Interina del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social "Femenil" de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por el cual anexó 1) un listado de las personas privadas de la libertad que fueron trasladadas hacia un Centro Federal de Readaptación Social, conforme a lo instruido mediante resolución administrativa de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitida por el Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica de la Agencia de Administración Penitenciaria de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y 2) acta de sesión extraordinaria CF/CT/EX/10/2019 del Comité Técnico de ese Centro Penitenciario. La Jueza responsable precisó que de las documentales anteriores se advierte que la resolución administrativa fue notificada a ese órgano jurisdiccional el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y que de conformidad con el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, en su primer párrafo, señala que deberá de notificarse la resolución administrativa de traslado al Juez competente y en su quinto párrafo establece que en los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, en virtud de lo anterior, tomando en consideración que en la fecha en que se efectúo el traslado de Sandra Virginia Malo Pérez (veintisiete de marzo de dos mil diecinueve), ésta se encontraba a disposición de ese órgano jurisdiccional, por lo que ese Tribunal es competente para resolver su traslado, sin que se estime necesario convocar al debate correspondiente o escuchar al resto de los intervinientes, al no ser de sumo complejo, resolviéndose de plano por igual vía de presentación, esto es, por escrito, máxime que la determinación adoptada fue realizada sin debate previo de las partes, esto es, sin substanciación. Indicó que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé como caso de excepción de los traslados voluntarios, la facultad de las autoridades penitenciarias para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al juez competente dentro del término de 24 horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y a salud de la persona privada de su libertad; En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Asimismo, precisó que la legalidad del traslado analizó los siguientes elementos: Que la resolución administrativa sea notificada al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes realizado el traslado. Se haya actualizado alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, precisados en el párrafo anterior. Por tanto, señaló que a las doce horas con veintiocho minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, recibió el oficio CF/DG/920/2019 y anexo, le fue comunicada la resolución administrativa emitida por autoridad competente, se ordenó y ejecutó una medida de vigilancia especial consistente en el traslado del Centro de Reinserción Social "Femenil" al Centro Federal de Readaptación Social número 16 "Morelos", a la persona privada de la libertad Sandra Virginia Malo Pérez. Por lo expuesto, ese Tribunal consideró que la autoridad administrativa cumplió con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues se tiene que el traslado de la quejosa fuera realizado en la misma fecha en que se comunicó a esa autoridad la materialización de este, por lo que tal circunstancia se encuentra ajustada a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en relación al numeral 37 fracción III de la legislación en cita. De igual manera, advirtió que en la resolución del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social Femenil, del trece de marzo de dos mil diecinueve, solicitó imponer a la hoy quejosa, una medida de vigilancia especial consistente en el traslado a un Centro Federal Femenil, aduciendo que el Departamento de Seguridad ha logrado detectar que Sandra Virginia Malo Pérez intenta establecer cotos de poder, que pueden causar desestabilidad y autogobierno el cual se tiene manifestado entre la población recluida y por ende, la seguridad institucional, ya que la investigación penitenciaria juega un papel fundamental para el buen funcionamiento de los centros de reinserción social. Además, que la quejosa Sandra Virginia Malo Pérez, pertenece a un grupo delictivo, lo que representa un riesgo institucional alto, pues su internamiento vulnera al resto de la población, visitantes y personal que labora en esa institución, aunado a que el control de ese grupo delictivo se incrementa al no poseer aspectos sui generis estructurales, propiciando la evolución de la criminalidad, particularmente de las estructuras delincuenciales, por lo que su permanencia ejerce un profundo impacto en la estrategia de gestión de riesgos. Señaló que el artículo 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece las medidas de vigilancia especial que se pueden aplicar a las personas privadas de la libertad, por lo que de acuerdo a la fracción tercera del citado numeral, precisó que la medida de vigilancia especial impuesta a la quejosa, es precisamente el traslado a otro centro penitenciario en particular, al Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS MORELOS". Consecuentemente, tomando en consideración la necesidad de procurar la integridad física de la quejosa, así como el inminente riesgo de que se pierda la seguridad, la gobernabilidad, y el buen funcionamiento del centro carcelario, además, con la finalidad de coadyuvar en su proceso de reinserción social y que le sea garantizada una estancia digna y segura acorde a la normativa internacional que asiste a todas las personas privadas de la libertad donde se prohíben la tortura y el trato inhumano o degradante respecto a cualquier recluso, CALIFICÓ DE LEGAL EL TRASLADO de la quejosa Sandra Virginia Malo Pérez, del Centro de Reinserción Social "Femenil" al Centro Federal de Readaptación Social número 16 "Morelos", de acuerdo con lo establecido en los artículos 37, fracción III, en relación al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2. Consecuentemente, al advertirse de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Finalmente, no obsta a la anterior determinación el hecho de que el autorizado de la parte quejosa, refiera que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia, pues de las constancias que remitió la Jueza de Control y Juicio Oral Penal del Estado, con sede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Irma Morales Medina, se desprende que la misma ha dado cumplimiento en los términos establecidos tal como se precisó en líneas que anteceden. Hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar donde se encuentre recluida. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 1890/2021 de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el razonamiento actuarial que antecede del que se advierte que la parte quejosa realiza las siguientes manifestaciones: ".Solicito se le informe a mi abogado particular Rodolfo Tableros Sánches para que continúe con el trámite correspondiente." (sic) En atención a lo anterior, dese vista a Rodolfo Tableros Sánchez, autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de amparo, con las manifestaciones realizadas por la quejosa. Notifíquese personalmente y a la quejosa en el lugar donde se encuentra interna. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cúmplase.
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