Sandro Paul Guevara Nava

Expediente 5/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
5/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/01/2018

Partes del expediente

  • Sandro Paul Guevara Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el ocho de enero de dos mil dieciocho (f. 13-16), que desechó la demanda promovida por *** por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda promovida por ***or su propio derecho contra actos de la autoridad que denominó como Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Juventino Rosas Guanajuato, que estima violatorios de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 5/2018-V-1, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En atención a su contenido se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la demanda promovida se aprecia que se señala como autoridad responsable a la descrita como Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Juventino Rosas Guanajuato; autoridad a la que reclama, el acto que describió de la forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. La negativa de la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Estado, de respetar mi derecho de imputado al desahogo del testimonio de ***, tal y como lo establece el numeral 20 inciso B fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 8.2 inciso f de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos. Asimismo, de los antecedentes de los actos reclamados, se desprende, en lo que aquí interesa que dentro de la causa penal 1P1917-13, instruida en contra de ***, por el delito de homicidio calificado, en audiencia de preparación de juicio de seis de noviembre de dos mil diecisiete, el aquí quejoso ofreció la prueba testimonial a cargo de ***. Por auto de apertura a juicio de trece de noviembre de dos mil diecisiete, la Juez responsable en relación a la referida probanza, dijo, en lo que aquí interesa, que si los motivos que justifican la práctica de dicha prueba subsistieran, entonces dicha prueba debería se reproducida en audiencia de debate en términos de lo que establece el artículo 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, si las circunstancias que en su momento la justificaron ya no subsistieran; y la defensa que la ofreció igualmente como testigo de su parte, presentara al aludido testigo, entonces se desahogaría la testimonial ofertada en la audiencia de debate. El tres de enero de dos mil dieciocho, en audiencia de juicio, la defensa de Sandro Paul Guevara Nava informó a la Juez de la causa la imposibilidad de presentar al testigo José Martín Alberto Medel, en razón de que se encontraba detenido en Toluca, Estado de México, y solicitó la suspensión del juicio; a lo que la Juez de Primera Instancia concedió un receso en la audiencia a efecto de de obtener datos concretos de la ubicación de detención del mencionado testigo. Una vez aportada la información requerida, el cuatro de enero de dos mil dieciocho, ante la objeción de la Fiscalía la Juez responsable, negó a Sandro Paul Guevara Nava, el desahogo de la prueba testimonial ofertada, con el argumento de que la defensa no probó que las condiciones hubieran cambiado para llevar a cabo el desahogo de dicha probanza; siendo dicho acuerdo el que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que el acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, emitido por la Juez responsable dentro del proceso penal 1P1917-13, de su índice, que negó el desahogo de la prueba testimonial ofertada por la defensa del aquí quejoso, a cargo de José Martín Alberto Medel, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna. Empero, cuando se reclaman en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal; pero que por su propia naturaleza, no causan afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, es improcedente porque el acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, que negó el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la defensa del aquí quejoso, dictado por la Juez de Primera Instancia dentro del proceso penal de origen; no es de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del solicitante del amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales de los solicitantes del amparo; esto es, el acuerdo que se reclama a la autoridad descrita por el solicitante del amparo como Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Juventino Rosas Guanajuato, es un acto que en todo caso solo produce efectos de carácter intraprocesal. Es aplicable al caso, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. En la inteligencia de que la Tesis invocada es aplicable de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados en amplios términos a los licenciados ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado; y por no cumplir con dicho requisito, téngase por autorizada únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a la licenciada ***. Por otra parte, en razón de que el solicitante del amparo señaló como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el que describió como Centro de Reinserción Social con sede en Salamanca, Guanajuato, siendo que este no constituye un domicilio propiamente dicho; hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense al promovente por conducto de sus autorizados por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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