Sandra Villafuerte Medina

Expediente 314/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
314/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2019

Partes del expediente

  • Sandra Villafuerte Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio y anexos de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada dentro del recurso de queja civil 57/2019, derivado del juicio de amparo número 314/2019-IV.2, promovido por Sandra Villafuerte Medina a través de su apoderada legal ***, cuyo punto resolutivo único determina lo siguiente: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Acúsese recibo de estilo a la Superioridad, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó la demanda de amparo, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el medio de impugnación hecho valer por la quejosa ***, a través de su autorizado ***, en contra del proveído de doce de abril del año en curso, por el que este Juzgado desechó la demanda que promovió, mismo que fue radicado como recurso de queja civil 57/2019 del índice del órgano jurisdiccional de su adscripción.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por ***, en su calidad de autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto recurso de queja contra el proveído de doce de abril del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y de la resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó el doce de abril de dos mil diecinueve, acuerdo en el que determinó desechar la demanda que promovió.

  4. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de amparo presentada por ***, a través de su apoderada legal ***, calidad que acredita en términos del artículo 6 y 10 de la ley de amparo, con copia certificada de la escritura nueve mil novecientos sesenta y siete, pasada ante la fe del notario público cuatro, con ejercicio en Yuriria, Guanajuato; por la que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y del Juzgado Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, por violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Carta Magna. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 314/2019-IV.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así las cosas, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII , de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester narrar algunos antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de la narración que bajo protesta hizo la quejosa aunados con las documentales exhibidas: 1. Por resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente *** del índice del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, se declaró como única heredera a bienes de la autora de la sucesión a ***, en su calidad de descendiente en primer grado. 2. Mediante escrito presentado por la aquí quejosa el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se solicitó la apertura de la segunda sección del juicio sucesorio. 3. En auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la Juez responsable tuvo por no rendido el inventario y avalúo, que presentó la aquí peticionaria del amparo en fecha dieciocho de febrero de este año, al no dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 625 del código adjetivo del estado. 4. En contra de la determinación anterior, se interpuso recurso de apelación, el cual, por resolución de veinte de marzo de la presente anualidad, la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca *** de su estadística, determinó que conforme al artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles el auto impugnado no admite el recurso de apelación. -acto reclamado-. Así, se desprende que esencialmente la quejosa se duele en la presente instancia constitucional de: La resolución de veinte de marzo de la presente anualidad, emitida dentro del toca 165/2019 de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante la cual se determinó que el auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, no admite recurso de apelación. Precisión que encuentra apoyo en las tesis siguientes: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es necesario destacar que los artículos 232 y 233 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato estatuyen: Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Lo resaltado es propio del que resuelve. De los preceptos legales transcritos se desprende que la parte quejosa tiene a su alcance un medio de defensa ordinario (revocación) a través del cual puede ser modificado total o parcialmente la resolución impugnada. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la determinación de veinte de marzo de la presente anualidad, emitida dentro del toca *** de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante la cual se determinó que el auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, no admite recurso de apelación, juicio en el cual figura como parte actora; y el referido ordinal 232 del código adjetivo del Estado de Guanajuato, contempla el recurso de revocación a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado; es inconcuso que la peticionaria del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Asimismo la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Sin que obste que la resolución reclamada pudiera considerarse un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el caso de actos de esa índole, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Las consideraciones que anteceden se localizan en la jurisprudencia que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En la inteligencia de que la tesis invocadas de la novena época son aplicables conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el diario oficial de la federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada ley. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización verbal por parte del secretario encargado del presente expediente. Es aplicable a lo anterior la tesis del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y primero y segundo, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, son públicos para su difusión; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y, de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en ***, de esta ciudad; y, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, al contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos restringidos del precepto legal en cita a *** por no encontrarse registrado en el referido sistema. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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