Sandra Zempoalteca Aguila

Expediente 412/2015 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
412/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Sandra Zempoalteca Aguila
  • Víctor Ángel Zárate Rosas y/o Víctor
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de notificar personalmente a la quejosa Sandra Zempoalteca Águila, la resolución de veintinueve del mes y año en curso, por los motivos asentados en la misma; conforme a lo establecido por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacérsela saber por medio de lista, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso b) DE LA LEY DE AMPARO. De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 95), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 101); en esas circunstancias, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, este órgano colegiado resolvió conceder a Sandra Zempoalteca Águila, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos (fojas 65 y 66): ".1. Que la responsable deje insubsistente "el laudo reclamado.- 2. Emita otro en el que reitere: a) "La absolución de los codemandados Administrador de la "Unidad de Medicina Familiar de Apizaco, Tlaxcala, del "Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los "Trabajadores del Estado y Delegada Estatal de dicho "Instituto.- b) Existencia del vínculo de trabajo entre la "actora y el referido Instituto demandado.- c) La fecha en "que dicha accionante adujo haber ingresado a prestar "sus servicios.- d) Puesto desempeñado.- e) La jornada "en la que manifestó laborar.- f) Condena a la "reinstalación y al pago de salarios caídos.- 3. Siguiendo "los lineamientos de esta ejecutoria, subsane la violación "formal en que incurrió y se pronuncie sobre prima de "antigüedad "de acuerdo a la legislación aplicable al "caso", parte proporcional de vacaciones "correspondientes a dos mil diez y prima vacacional "respecto de todos los años laborados y, con libertad de "jurisdicción deberá resolver lo que en derecho proceda.- "4. Asimismo, atendiendo a lo establecido en esta "ejecutoria de amparo, realice la cuantificación con base "en que transcurrieron mil setecientos treinta y cinco días "(1,735) desde el despido hasta la fecha de emisión del "laudo.- 5. Subsane la violación formal en que incurrió al "determinar el salario base de cuantificación de las "condenas impuestas, para lo cual deberá exponer de "manera fundada y motivada, lo siguiente.- a) Por qué "razón deben descontarse de la última quincena "comprendida del dieciséis al treinta de abril de dos mil "diez, las deducciones que aparecen en la nómina "correspondiente, con excepción de las realizadas por "inasistencias bajo el concepto D 50.- b) El motivo por el "cual las nóminas relativas a las anteriores quincenas del "dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil diez y del "dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, "reportan un sueldo quincenal compactado mayor.- c) El "motivo por el que puede considerarse justificado que la "última quincena de pago del dieciséis al treinta de abril "de dos mil diez, arroje un sueldo compactado menor.- d) "Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción realice la "cuantificación de las condenas impuestas." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado, se aprecia mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 75 y 76), dejó insubsistente el laudo reclamado de veinte de enero de dos mil quince, y posteriormente, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictó otro en el cual realizó lo siguiente: 1. Reiteró las siguientes consideraciones: a) La absolución de los codemandados Administrador de la Unidad de Medicina Familiar de Apizaco, Tlaxcala, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Delegada Estatal de dicho Instituto, pues determinó absolver al primero de los mencionados respecto de los actos de acoso laboral y sexual que le tribuyó la actora, toda vez que desistió de ello en audiencia de once de octubre de dos mil diez; asimismo, absolvió de las prestaciones de carácter laboral reclamadas a la mencionada Delegada, en virtud de que el propio instituto demandado absorbió la relación laboral con la parte actora (fojas 91 vuelta y 92). b) Existencia del vínculo laboral (foja 85 vuelta). c) La fecha en que la hoy quejosa adujo haber ingresado a laborar (foja 85 vuelta). d) Puesto desempeñado, jornada laboral y condena a la reinstalación (foja 85 vuelta). e) Condena al pago de salarios caídos (fojas 88 vuelta y 89). 2. Para efectos de determinar el salario base de cuantificación de las condenas impuestas, desestimó la documental consistente en la nómina correspondiente al período comprendido del dieciséis al treinta de abril de dos mil diez, por tanto, tomó en cuenta el salario que se advierte de las nóminas relativas al período del dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil diez y del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve y concluyó que el último salario percibido por la actora ascienden a la cantidad de $5,569.52 (cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos 52/100 M.N.), siendo éste el salario quincenal integrado con el que se cuantificarán las prestaciones reclamadas por la actora (fojas 87 vuelta y 88). 3. La responsable puntualizo que debe mencionarse que la nómina correspondiente al período del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, es una prestación identificada con la nomenclatura P B7 que corresponde al ajuste a calendario, mismo que al no estar contemplado en la nómina correspondiente al período del dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil diez y al no haber manifestación alguna al respecto de dicha prestación, se entiende que la misma no corresponde a un pago que se realice a la parte actora de manera continua y constante, la misma no se contempla como parte del salario denominado integrado. 4. Luego, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, determinó que transcurrieron mil setecientos treinta y cinco días (1735) desde el despido injustificado hasta la fecha de emisión del laudo reclamado, cantidad de días que deben tomarse en cuenta para la cuantificación de los salarios caídos, arrojando así la cantidad de $644,205.50 (seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos cinco pesos 50/100 M.N.); asimismo, facultó al instituto demandado a realizar la retención de impuestos correspondiente y entregar a la actora la constancia correspondiente (fojas 88 vuelta y 89). 5. Se pronunció respecto al pago de prima de antigüedad, determinando que el mismo resultó improcedente, toda vez que se condenó a la demandada a la reinstalación de la hoy quejosa (fojas 89 vuelta a 90). 6. Condenó al instituto demandado al pago de $2,361.58 (dos mil trescientos sesenta y un pesos 58/100 M.N.) por concepto de vacaciones correspondientes al periodo del dos al quince de febrero de dos mil diez (fojas 90 vuelta a 91). 7. Absolvió al multirreferido instituto del pago de cantidad alguna en favor de la hoy quejosa por concepto de prima vacacional, ya que dicha prestación fue pagada a la actora tal como lo demostró la parte demandada con las documentales consistentes en las nóminas correspondientes a las quincenas del 16 al 31 de marzo de 2010 y, del 16 al 31 de diciembre de 2009, a las cuales la responsable concedió pleno valor probatorio (foja 91 vuelta). De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto y tomando en consideración que por Acuerdo General 3/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero del año en curso, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al cuarto piso del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Predio "Rústico", en Santa Anita Huiloac, código postal 90407, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, hágase saber a las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

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