Sandra Serrano Jimenez
Expediente 750/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Sandra Serrano Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, seis de junio de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 80 y 81), sin que hayan hecho manifestación alguna (fojas 84 y 85). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinte de enero de dos mil veintidós este órgano colegiado resolvió conceder a la quejosa Sandra Serrano Jiménez, la protección constitucional, para el efecto que la Junta responsable procediera en los siguientes términos (foja 51): "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Emita otro en el que: a) Por no ser materia de concesión en éste ni el diverso juicio de amparo relacionado, reitere todas aquellas consideraciones que la llevaron a desestimar la hoja de certificación de vigencia de derechos que el Instituto demandado exhibió como prueba; la condena al otorgamiento y pago de las pensiones de viudez y orfandad, conforme a las disposiciones de la Ley del Seguro Social vigente, las prestaciones inherentes a la mismas, determinadas en el laudo reclamado, la fecha a partir de la cual deben otorgarse tales beneficios, la calificación de inverosímil del salario promedio señalado por la parte actora y, por ende, el monto mínimo garantizado que debe tenerse como base para el cálculo de las pensiones. b) Lo resuelto en torno a la excepción de retención de impuestos. c) Reitere que las pensiones de viudez y orfandad serán iguales al 90% y 20%, respectivamente, de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez. f) Sin embargo, con plenitud de jurisdicción deberá reducir proporcionalmente cada una de ellas, para ajustarlas en su conjunto al 100% puntualizado, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 144 de la Ley del Seguro Social vigente." El presente juicio de amparo está relacionado con el diverso juicio de amparo directo 751/2021, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual, en sesión de la misma fecha, se negó la protección constitucional solicitada. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós dejó insubsistente el laudo reclamado (fojas 64 y 65) y el uno de marzo siguiente dictó uno nuevo (fojas 71 a 78); en el que, siguiendo los lineamientos del fallo protector reiteró: a) Por no ser materia de concesión en éste ni el diverso juicio de amparo relacionado, aquellas consideraciones que la llevaron a desestimar la hoja de certificación de vigencia de derechos que el Instituto demandado exhibió como prueba; pues al respecto señaló que toda vez que la parte actora ofreció como prueba en contrario la inspección, misma que debería desahogarse en las instalaciones del instituto demandado, pero que de su resultado se advirtió que éste no exhibió la documentación base de la prueba; ante ello hizo efectivo el apercibimiento decretado al admitir la prueba, es decir, tuvo por ciertos los hechos que con la misma se pretendían demostrar. Por lo que ante tales inconsistencias y a criterio de la autoridad responsable, los datos plasmados en la hoja de certificación de derechos del extinto trabajador ofrecida por el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, resultaron incompletos e inciertos, ya que señaló que este último, es quien tiene mayores y mejores elementos en su poder para demostrar lo conducente a las altas y bajas del trabajador al régimen de la seguridad social, y toda vez que en el presente caso no lo hizo, determinó no otorgarle valor probatorio alguno a la hoja de certificación y vigencia en su totalidad; y consecuentemente, al haber basado el demandado su excepción de falta de conservación de derechos, así como la de carencia de acción y de derecho en la citada documental las mismas no prosperaron (foja 76). b) La condena al otorgamiento y pago de las pensiones de viudez y orfandad, conforme a las disposiciones de la Ley del Seguro Social vigente, así como las prestaciones inherentes a las mismas (incrementos a dichas pensiones, aguinaldo anual y asistencia médica) [fojas 76 vuelta y 78). c) La fecha a partir de la cual deben otorgarse tales beneficios, esto es, a partir del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (que es el día siguiente al del fallecimiento del asegurado Eduardo Quintero Esteban) [foja 76 vuelta]. d) La calificación de inverosímil del salario promedio señalado por la parte actora (a razón de $125.70 diarios) y ante dicha calificación, la responsable cuantificó el pago de las pensiones teniendo como referente el salario mínimo general vigente en dos mil dieciocho en la Ciudad de México, a razón de $88.36, del cual obtuvo como pensión mínima garantizada la cantidad de $2,983.25 (dos mil novecientos ochenta y tres pesos 25/100 moneda nacional) que correspondía a la pensión de viudez (foja 77 frente y vuelta). e) Lo resuelto en torno a la excepción de retención de impuestos, pues al respecto dejó a salvo los derechos del demandado para que conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta haga valer lo que a su derecho corresponda (foja 78). f) Reiteró que las pensiones de viudez y orfandad serán iguales al 90% y 20%, respectivamente, de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez (foja 77 vuelta). II. Sin embargo, con plenitud de jurisdicción, la Junta responsable, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley del Seguro Social vigente, redujo proporcionalmente las pensiones de viudez y orfandad, para ajustarlas en su conjunto al 100%, esto es redujo un cinco por ciento para cada una de ellas, quedando de la siguiente manera: 85% para la pensión de viudez y 15% para la de orfandad. En consecuencia, determinó que el Instituto demandado deberá pagar a la actora Sandra Serrano Jiménez, por pensión de viudez la cantidad de $2,535.76 (dos mil quinientos treinta y cinco pesos 76/100 moneda nacional) mensuales; y por concepto de orfandad la cantidad de $447.48 (cuatrocientos cuarenta y siete pesos 48/100 moneda nacional) mensuales [foja 78]. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, siete de abril de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de quince de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, quince de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite copia certificada del laudo de uno del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a dicha ejecutoria, entregando copia autorizada del laudo correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda.
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