Sandra Zacarias Olozagaste
Expediente 636/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Sandra Zacarias Olozagaste
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 21, inciso d), se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, de conformidad con los preceptos 6, fracción II, 21 y 24 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, procédase a la destrucción de este juicio de amparo, para posteriormente remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como previa generación de los documentos que establece el artículo 22 del referido Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintiuno. I. Cumplimiento de la prevención formulada. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el escrito signado por la parte quejosa Sandra Zacarías Olozagaste, del que se advierte que cumple con la prevención formulada por este órgano jurisdiccional el diecisiete de junio de dos mil veintiuno; por lo que se acuerda: Así, en el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama del Alcalde y Secretario de acuerdos del municipio de Oaxaca de Juárez: El acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de jurisdicción voluntaria 64/2021, del índice de la responsable, el cual recayó al escrito de la parte quejosa, en el que no se acordó favorable su oposición al desahogo de la diligencia de apeo y deslinde señalada para las diez horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Indebida notificación (por no correrle traslado con los documentos establecidos en el artículo 925 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca). II. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, de oficio se advierte que respecto del acto consistente en: El acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de jurisdicción voluntaria 64/2021, del índice de la responsable, el cual recayó al escrito de la parte quejosa, en el que no se acordó favorable su oposición al desahogo de la diligencia de apeo y deslinde señalada para las diez horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Se estima, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, atento a que el acto reclamado, por su naturaleza y efectos, no es de imposible reparación para la procedencia del juicio que nos ocupa. Los numerales citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del numeral citado en segundo término, se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de actos tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, porque esa afectación, o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga resolución favorable a sus pretensiones en el procedimiento administrativo respectivo. Establecido lo anterior, el acto reclamado no corresponde a aquellos de imposible reparación a que alude la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Ley de Amparo, dado que no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o tratados internacionales a favor de los gobernados (derechos fundamentales), como resultan ser la vida, integridad corporal, libertad en cualquiera de sus acepciones, o la propiedad. Ello es así, porque el acto reclamado en la presente vía sólo produce efectos de carácter adjetivo o procesales en un procedimiento de jurisdicción voluntaria 64/2021, relativo al apeo y deslinde promovido Vianey Hernández Rincón, que de acuerdo a lo narrado por el impetrante del amparo, se advierte en esencia los siguientes antecedentes: El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, recibió notificación del acuerdo de doce de del citado mes y año, en el que se radicó en la vía de jurisdicción voluntaria el expediente 64/2021 de apeo y deslinde a petición de Vianey Hernández Rincón, y se requiere a la quejosa presentarse a las diez horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, a fin de llevar a cabo la diligencia de apeo y deslinde. Que el veintiuno de mayo de este año, por escrito la quejosa se opuso a la diligencia de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde a realizarse el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, pues refiere no fue notificada de manera correcta, ya que la autoridad no le corrió traslado de la documentación establecida en el artículo 925 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, fue notificada del acuerdo recaído en el expediente 64/2021, en el que se le niega su derecho a oponerse y, tampoco se le corre traslado de los documentos citados en el ocurso que presentó ante la responsable. Que de la documental que adjuntó a su escrito de demanda se advierte el contenido del acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, dictado por la responsable, en el que en esencia se le dijo al quejoso: que hasta ese momento no se encontraba debidamente acreditada la personalidad con la que comparecía, esto es, de colindante, pues aún no exhibía la prueba idónea con la que acreditara la propiedad del inmueble que detenta y que colinde con el predio afecto al asunto. Que en términos del artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, se le hizo saber de la diligencia de apeo y deslinde promovido por Vianey Hernández Rincón, la fecha de su verificativo y los derechos que le asisten en caso de ser colindante, el cual se encuentra condicionado a que exhiba dentro del plazo de tres días el titulo o documento que acredite su propiedad o posesión, sin que a la fecha del acuerdo ello haya acontecido. Además, que conforme a la normativa aplicable al caso, no está previsto que la formulación de una oposición tenga que ser previo a la diligencia de apeo y deslinde, sino la misma acontecerá al momento de esta, en la que se desarrolla conforme el artículo 927 de la mencionada codificación. Ahora, es conveniente acotar que las responsables Alcalde y Secretario de acuerdos del municipio de Oaxaca de Juárez, al dar trámite al expediente administrativo 64/2021, relativo al apeo y deslinde promovido por Vianey Hernández Rincón, así como al llevar a cabo la notificación de las partes colindantes del predio en cuestión, acorde con su fundamentación en el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, actuaron como auxiliar de una autoridad jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por los artículos 113, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 144 y 145, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 222, fracción I, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez , 845 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, 923, 924, fracción I, 925, 926, 927 y 928 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado (los dos últimos aplicados supletoriamente a la legislación municipal) que establecen: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: "ARTÍCULO 113. El Estado de Oaxaca, para su régimen interior, se divide en Municipios libres que están agrupados en distritos rentísticos y judiciales. [.] VIII.- La administración de justicia de cada Municipio estará a cargo de uno o más servidores públicos que se llamarán Alcaldes. [.] Los Alcaldes son auxiliares de los Jueces y Tribunales del Estado, la Ley Orgánica respectiva establecerá el número que deba haber en cada Municipio, las funciones y atribuciones que les correspondan". Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca: "ARTÍCULO 144.- La Justicia Municipal se impartirá a través de los alcaldes, que serán designados con base en la fracción VIII del artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Durará en el desempeño de su cargo un año a partir de la fecha de su nombramiento el cual podrá prorrogarse por acuerdo del Ayuntamiento hasta el término de la gestión. [.]" "ARTÍCULO 145.- Son atribuciones de los alcaldes: I.- Conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria y de aquellos no contenciosos de su competencia que soliciten las partes con excepción de las informaciones de dominio y ad-perpetuam; [.]" Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez (2019-2021): "ARTÍCULO 222.- El Alcalde Municipal es el encargado de impartir la justicia en el municipio; su nombramiento será de acuerdo con lo previsto en el artículo 113 Fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 144 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 2 de la Ley de Mediación para el Estado de Oaxaca. Tiene las siguientes obligaciones y atribuciones: Conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria y de los no contenciosos de su competencia, que soliciten las partes con excepción de las informaciones de dominio y ad perpetuam; [.]" Código Civil para el Estado de Oaxaca: "Artículo 845.- Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y a hacer o exigir el amojonamiento de la misma." Por su parte, los artículo del 923 al 928 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, correspondientes al Capítulo VI, del título Decimoquinto, titulado "De la jurisdicción voluntaria", que rigen las diligencias de apeo y deslinde (que también citó la autoridad), como aquellas de las que derivan los actos reclamados, disponen: "Artículo 923.- El apeo o deslinde tiene lugar siempre que no se hayan fijado los límites que separan un predio de otro u otros, o que habiéndose fijado hay motivo fundado para creer que no son exactos, ya porque naturalmente se hayan confundido, ora porque se hayan destruido las señales que los marcaban, bien porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo". "Artículo 924.- Tiene derecho para promover el apeo: I. El propietario; II. El poseedor con título bastante para transferir el dominio; III. El usufructuario". "Artículo 925.- La petición de apeo debe contener: I. El nombre y ubicación de la finca que debe deslindarse; II. La parte o partes de aquella en que el acto debe ejecutarse; III. Los nombres de los colindantes que pueden tener interés en el apeo; IV. El sitio donde están y donde deben colocarse las señales, y si éstas no existen, el lugar donde estuvieron; V. Los planos y demás documentos que deban servir para la diligencia; VI. Designación de un perito por parte del promovente. "Artículo 926.- Hecha la promoción, el juez la mandará hacer saber a los colindantes para que dentro de tres días presenten los títulos o documentos de su posesión y nombren peritos si quisieren hacerlo, y se señalará el día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde. Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de (sic) deslinde, los interesados podrán presentar dos testigos de identificación cada uno, a la hora de la diligencia". "Artículo 927.- El día y hora señalados el juez, acompañado de su secretario, peritos, testigos de identificación e interesados que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia, la verificará conforme a las reglas siguientes: I. Practicará el apeo, asentándose acta en que consten todas las observaciones que hicieren los interesados; II. La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente registrado, que pruebe que el terreno que se trata de deslindar es de su propiedad; III. El juez, al ir demarcando los límites del fundo deslindado, otorgará al promovente la posesión de la propiedad que quede comprendida dentro de aquellos linderos, si ninguno de los colindantes se opusiere, o mandará que se mantenga en la que esté disfrutando; IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que conforme a sus títulos quede comprendido dentro de los límites de su propiedad, el tribunal oirá a los testigos de identificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si esto se lograre, se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá el juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute, y mandará reservar sus derechos a los interesados para que lo hagan valer en el juicio correspondiente; V. El juez mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales. Los puntos respecto a los cuales hubiere oposición, no quedarán deslindados ni se fijará en ellos señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio correspondiente". "Artículo 928.- Los gastos generales del apeo se harán por el que lo promueva. Los que importen la intervención de los peritos que designen y de los testigos que presenten los colindantes serán pagados por el que nombre a los unos y presente a los otros." (Lo subrayado es propio). De los preceptos legales transcritos se colige que el deslinde de inmuebles tiene lugar cuando se crea que no son exactos los límites que separan los fundos, porque se han confundido naturalmente, están destruidas las señales que los marcaban o éstas se encuentran en lugar distinto del originalmente establecido. La petición del deslinde debe contener, entre otros requisitos, los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el deslinde, para el efecto de que el juez del conocimiento les mande hacer saber tal solicitud, con la finalidad de que, dentro de tres días, presenten los títulos o documentos que los acrediten como poseedores, u ofrezcan la información correspondiente y nombren perito. Asimismo, que si en el acto de la diligencia ninguno de los colindantes se opusiere, otorgará al promovente la posesión de la propiedad que quede comprendida dentro de aquellos linderos. En caso de haber oposición de alguno de los colindantes respecto de algún punto determinado se les invitara para que se pongan de acuerdo, si ello no se logra, no habrá declaración alguna en cuanto a la posesión, ni se fijará señal alguna, hasta que haya sentencia ejecutoria; por lo que, se mandará reservar los derechos de los interesados para que los hagan valer en el juicio correspondiente. En ese tenor, debe destacarse que la parte quejosa pudo hacer valer su oposición en el acto de la diligencia de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde señalada para el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la cual, de no haberse realizado hasta esta data, bien puede hacer valer su oposición en sí de la diligencia de apeo y deslinde promovido por Vianey Hernández Rincón, en el acto de la diligencia como lo prevé el numeral 927 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues en cuanto a la notificación de que se duele (y falta de traslado respectivo) se analizará más adelante. De tal manera que, el acto reclamado en la presente vía, se considera sólo produce efectos de carácter adjetivo o procesales en el expediente de jurisdicción voluntaria 64/2021, del índice de la responsable, también llamados de índole formal o intraprocesal, ya que se refiere no acordó favorable su oposición al desahogo de la diligencia de apeo y deslinde señalada para las diez horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; pues tales efectos o consecuencias son susceptibles de extinguirse en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa y sin dejar huella alguna en su esfera jurídica con el dictado de una resolución favorable a sus intereses en la diligencia de que se habla, y en caso de ser adversa podrá ser combatida en el juicio de amparo indirecto que en su momento haga valer contra la resolución que se dicte, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda en cuestión, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Ahora, por cuanto hace al acto consistente en: Indebida notificación (por no correrle traslado con los documentos establecidos en el artículo 925 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca). Como se vio en párrafos precedentes el código adjetivo de la materia no establecen un procedimiento particular para la notificación que se efectúa en las diligencias de apeo y deslinde; como tampoco en las disposiciones que, en general, rigen la jurisdicción voluntaria; por tanto, lo procedente es aplicar, en lo que corresponda a la naturaleza de las diligencias de jurisdicción voluntaria, lo dispuesto en el ordenamiento adjetivo local, que regulan las notificaciones en general. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XX, en relación con los numerales 73 y 75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, procede desechar de plano la demanda que se atiende, por lo que respecta al citado acto. Dichos preceptos legales disponen: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, señala: "Artículo 73.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha." Artículo 75.- La nulidad de actuaciones por falta o defecto del emplazamiento se tramitará por cuerda separada, conforme al artículo 404 de este Código, sin suspensión del principal, deberá resolverse tan luego se agote el procedimiento incidental, pero siempre antes de pronunciares sentencia definitiva. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se tramitarán en la misma forma y se fallarán en la sentencia definitiva. "Artículo 404.- Los incidentes que surjan en los juicios, con excepción de los de acumulación y de conexidad, cualquiera que sea su naturaleza, se substanciarán con un escrito de cada parte. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos con todos los elementos necesarios para su desahogo, fijándose los puntos sobre que deba versar; el plazo probatorio no excederá de cinco días y concluido se citará para la audiencia de alegatos, con efectos de citación para sentencia. Dicha audiencia se verificará a más tardar dentro de los tres días siguientes y en ella se dictará la resolución que corresponda. Lo previsto con anterioridad no será aplicable para la tramitación de los incidentes en el juicio sumario hipotecario, que se estará a lo ordenado en las reglas específicas." (Lo destacado es propio). Así las cosas, de lo trascrito se advierte la existencia del incidente de nulidad de actuaciones, cuya procedencia descansa contra aquellas notificaciones que hayan sido omitidas o realizadas en forma diversa a como lo prevé la ley. Por ende, si el acto reclamado relativo a la Indebida notificación (por no correrle traslado con los documentos establecidos en el artículo 925 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca), de que se duele la parte quejosa y que atribuye a la autoridad responsable, puede ser nulificado a través del citado medio de defensa o impugnación, cuya tramitación se prevé en el mencionado cardinal 404 de la codificación procesal en consulta, por lo que al no haber disposición expresa en cuanto a juicio de jurisdicción voluntaria, se estima que en su contra procede el referido medio de defensa a fin de combatirse la notificación que se tilda de ilegal. En esas condiciones, en el caso se considera que se debió interponer primeramente la nulidad del acto procedimental del que ahora se duele, antes de acudir a esta vía constitucional, y al no haber agotado ese medio de defensa ordinario, dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, actualizándose con ello la causal de improcedencia en estudio. Máxime que, con relación al acto en análisis, se considera en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se ataca no se hace derivar de la carencia de fundamentación, o falta de notificación, sino de una notificación irregular, amén de que la impugnación de los actos se correlacionan con disposiciones normativas o procesales contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, y por otro lado, se tiene que el medio de defensa a que se hace alusión (nulidad de notificación), sí se encuentra previsto en una ley aplicable al caso en la que se contempla su existencia. Por tanto, debió agotar primeramente el principio de definitividad a que se hace referencia, antes de acudir a esta vía constitucional. Ello, aunado a que en el caso se considera la parte quejosa fue llamada mediante auto de doce de mayo para deducir sus derechos en el expediente administrativo 64/2021, del índice de la responsable, y compareció, y por ende; esto es, se encuentra legitimado para hacer valer su pretensión de nulificar la notificación que considera irregular o incompleta. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIX, abril de 2013, tomo 1, página 744, décima época, registro 2003301, materia común, que a la letra dice: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." (Lo resaltado es propio) Lo anterior es así, toda vez que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios dentro del procedimiento que la ley establezca y que puedan conducir a la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; por lo que, es obligatorio para el quejoso acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. De ahí que, antes de acudir a esta vía biinstancial, debió agotarse el principio de definitividad a que se hace alusión a efecto de lograr la nulidad de la notificación que la parte quejosa tilda de inconstitucional. Como criterio orientador y por las razones que informa se cita la jurisprudencia 77/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 111 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, enero de 2007, novena época, Materia Común, que reza: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad." (Lo destacado es propio) En consecuencia, procede con fundamento en el artículo 113 DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO propuesta, con relación al acto precisado en este apartado y autoridad a quien se le atribuye. Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Finalmente, como se advierte de la certificación de cuentas se hace constar para los efectos legales a que haya lugar que, lo relativo al domicilio, autorizados, medios electrónicos, habilitación de días y horas inhábiles para que actúen los Actuarios adscritos, transparencia de las resoluciones judiciales, requerimiento para tramitar el juicio en línea y la gratuidad en el servicio, fue acordado en el auto de prevención de diecisiete de junio del presente año. Notifíquese personalmente.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Alcalde Municipal de Oaxaca de Juárez, y otro; captúrese su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el libro de gobierno con el número 636/2021. PREVENCIÓN. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: Los artículos 108, fracción IV y V, 112 y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: [.]. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación". "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.]. IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado". En tales condiciones, previo a proveer sobre la admisión o no de la demanda que se intenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracciones IV y V y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Precise de manera clara el acto que por esta vía constitucional reclama a la autoridad señalada como responsables, esto es: Si lo que reclama es solo negativa de la responsable de acordar favorable su petición de oponerse a la diligencia de apeo y deslinde peticionada por Vianey Hernández Rincón, y programada para las diez horas del treinta y uno de mayo pasado, lo que se determinó en acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente 64/2021, del índice de la responsable; o en su caso, Si también señala como acto destacado la omisión de correrle traslado con los documentos establecidos en el artículo 925 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca (el cual hace alusión a los requisitos de debe contener la petición de apeo); ello, dentro del expediente 64/2021, del índice de la responsable. Ello, con la finalidad de fijar correctamente la Litis en el presente asunto. La prevención formulada obedece al hecho de que en la demanda de amparo, si bien la parte promovente señaló como acto destacado, en esencia: negativa de la responsable de acordar favorable su petición de oponerse a la diligencia de apeo y deslinde ordenada por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente 64/2021, del índice de la responsable; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, en específico en el apartado de antecedentes del acto reclamado así como en el diverso de conceptos de violación (segundo), la parte promovente vierte agravios en contra de la falta de traslado de los requisitos de procedencia de la diligencia de apeo y deslinde, conforme el artículo 925 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. b) Amplié su capítulo de antecedentes, en el que manifieste si la diligencia de apeo y deslinde peticionada por Vianey Hernández Rincón, y programada para las diez horas del treinta y uno de mayo pasado, ya se desahogó, pues la aludida fecha ya transcurrió. De ser afirmativa, deberá precisar el resultado de la misma. Lo anterior, con la finalidad de determinar desde este momento procesal la litis que se seguirá en el presente juicio y los antecedentes que constituyen el acto reclamado, toda vez que de su escrito de demanda, no se advierten con claridad tales puntos. Aclaraciones que, como ya se dijo, resultan imprescindibles, a efecto de estar en aptitud de determinar la procedencia o no de la instauración del presente juicio; de ahí que, sus manifestaciones resultan insuficientes para que este órgano jurisdiccional, tenga precisión, certeza y conocimiento pleno del acto reclamado así como de los antecedentes del mismo. Lo cual, se traduce en la omisión de cumplir cabalmente con los requisitos establecidos los artículos 108, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 114, fracción II, del citado ordenamiento. Sirve de apoyo por sus consideraciones esenciales, la tesis aislada sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 393, Tomo CVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto. "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." Por otra parte, de ser el caso, y el escrito con el que desahogue esta prevención sea presentado de manera física, deberá exhibir las copias necesarias, tal como lo refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo, para cada una de las partes en el juicio; así como para la apertura del incidente de suspensión solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y sustancia jurídica el criterio que ha sustentado el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en la tesis visible en la página 222, del Tomo XI, Enero de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AMPARO DEMANDA DE, REQUERIMIENTO PARA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE LA." Asimismo, la Jurisprudencia P.J.36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." También, en apoyo a la anterior determinación, es de citarse la Jurisprudencia 1a./J. 106/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." Apercibimiento. Se apercibe a la promovente que de no cumplir con la prevención dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Exhorto para la promoción de juicio en línea. Tomando en consideración que el presente asunto, fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Domicilio y autorizados para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica, y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Pedro Corres Sillas, toda vez que no acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, de acuerdo con el artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Amparo, máxime que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado en comento. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención a la petición efectuada por la citada parte quejosa, en el sentido de que pueda imponerse de los autos, auxiliándose de los medios electrónicos; con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, pues la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevén la autorización de dichos medios electrónicos para tal fin; por lo que, se deja expedito su derecho, a fin de solicitar el fotocopiado que solicita por la vía tradicional, si a su interés conviene. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, misma que si bien manifiesta no tener inconveniente en que se autorice dichos medios electrónicos, deja expedita dicha facultad a los titulares de los órganos jurisdiccionales donde se tramitan los juicios relativos. Ley de transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.
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