Sandra Maribel Méndez Cruz
Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Sandra Maribel Méndez Cruz
- Sandra Maribel Méndez Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio de la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por medio del cual acusa recibo e informa, en lo que interesa, que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada dentro del presente asunto, el cual quedó radicado con el número 325/2023, de su índice. De lo cual, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual informa que no corresponde a ese Tribunal Colegiado, por razón de turno, conocer del recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo en que se actúa, y ordenó remitir los autos del mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la citada Ciudad de Oaxaca de Juárez, por conocimiento previo. Lo anterior, se tiene de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA DE ACUERDOS. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 103/2022, promovido por Sandra Maribel Méndez Cruz; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 31 a 59) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido el mismo día en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Sandra Maribel Méndez Cruz, en su carácter de Consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "PRIMERO.- Reclamo como Autoridad Responsable al COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA.- La omisión sin causa justificada que la Quejosa SANDRA MARIBEL MÉNDEZ CRUZ, se integre inmediatamente a través de la celebración de una sesión formal, en su carácter de Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Presidenta del órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. SEGUNDO.- Reclamo como Autoridad responsable al MTRO. JOSÉ ESTEBAN BOLAÑOS GUZMÁN, Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y al ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.- La firma de mi contrato de prestación de servicios por honorarios correspondientes a partir del Ocho de Octubre de dos mil Veintiuno a la fecha. [.] TERCERO.- Reclamo como Autoridad Responsable al ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.- La Celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias presididas por la Quejosa SANDRA MARIBEL MÉNDEZ CRUZ, en su carácter de Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Presidenta del Órgano de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. [.] CUARTO.- Reclamo como Autoridad Responsable al SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.- El recurso público por concepto de contratos de prestaciones de servicios por honorarios correspondientes a partir del Ocho de Octubre del año dos mil Veintiuno a la fecha a favor de la Quejosa, toda vez que, existe un clasificador por objeto del gasto 2021 que ampara mis honorarios." (precisados en su escrito aclaratorio -fojas 114 a 116-): SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, los consagrados en los artículos 5°, 123, inciso b) y 127 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. RADICACIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós (fojas 100 a 108), el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca radicó la demanda de amparo promovida bajo el número 1377/2021, una vez cumplida la prevención, en auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 117 y 122), admitió a trámite la demanda promovida por Sandra Maribel Méndez Cruz, en su carácter de Consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; solicitó a las autoridades responsables informe justificado y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de su adscripción. Con motivo de la consulta planteada por el Juzgado Cuarto de Distrito el ocho de febrero de dos mil veintidós (fojas 722 a 724), ante la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, en la que resolvió que correspondía a este órgano jurisdiccional el conocimiento del presente asunto; en proveído de catorce de marzo de esta anualidad (fojas 780 a 783), se recibió en el presente sumario constitucional 103/2022, el diverso juicio de amparo 1377/2021 de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito y se avocó a su conocimiento. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós (fojas 825) se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que los actos que la parte quejosa reclama son atribuidos a autoridades dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este sumario constitucional. Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: 1. Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. La firma del contrato de prestación de servicios por honorarios a favor de la quejosa correspondientes a partir del ocho de octubre de dos mil veintiuno. 2. Al Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. La firma del contrato de prestación de servicios por honorarios a favor de la quejosa correspondientes a partir del ocho de octubre de dos mil veintiuno. 3. Al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. El recurso público por concepto de contratos de prestaciones de servicios por honorarios correspondientes a partir del ocho de octubre del año dos mil veintiuno a la fecha a favor de la quejosa. 4. En consecuencia, reclama al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. La omisión de integrar a la quejosa en su carácter de Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Presidenta del órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, mediante la celebración de una sesión formal; Y al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción La celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias presididas por la quejosa en su carácter de Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Presidenta del Órgano de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de método, debe en principio analizarse si los actos reclamados en realidad existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del mismo. Con base en lo anterior, se tiene que el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado negó el acto atribuido (fojas 124 a 127), pues esencialmente refirió que el artículo 45, párrafo primero, fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, solo la faculta para el efecto de que remita de forma calendarizada el Presupuesto de Egresos a los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, no así para el pago de contratos de prestación de servicios por honorarios que celebren las instituciones que integran la Administración Pública Estatal - centralizada, descentralizada y paraestatales-. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido prueba apta en contrario, para desvirtuar tal negativa. Por lo que, procede decretar sobreseimiento en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al Secretario de Finanzas, consistente en otorgar el recurso público por concepto de contratos de prestación de servicios por honorarios correspondientes a partir del ocho de octubre de dos mil veintiuno a la fecha, a su favor. En ese sentido, se hace innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, aceptaron parcialmente el acto a ellas atribuido, consistente en la firma del contrato de prestación de servicios por honorarios a favor de la quejosa correspondientes a partir del ocho de octubre de dos mil veintiuno (fojas 133 a 148; 319 a 329; 466 a 488). Por su parte, el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca -por conducto de su Presidente-, y el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, aceptaron parcialmente, el acto que se les atribuye, consistente en la omisión de integrar a la quejosa en su carácter de Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Presidenta del órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, mediante la celebración de una sesión formal. Además, por lo que hace a la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias que la quejosa pretende dirigir en su carácter de Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Presidenta del Órgano de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, las citadas responsables Órgano de Gobierno y Comité Coordinador referidos, al rendir sus informes justificados manifestaron entre otras cosas, que en atención a la solicitud realizada por la quejosa para convocar a sesión extraordinaria a los integrantes del Comité Coordinador, se estimó necesario realizar requerimientos de información correspondiente al Congreso del Estado y demás autoridades, a fin de verificar la capacidad jurídica de los peticionantes, ya que la misma solicitud fue efectuada por el Presidente del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. De igual manera, destacaron que, en atención a las solicitudes de información realizadas, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, recibieron la respuesta del Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, quien acompañó el dictamen 01/CVSEC/2021, en el que se decretó: "Único.- La sexagésima quinta legislatura determina procedente aceptar en totalidad las observaciones enviadas por el Gobernador Constitucional del estado libre y soberano de Oaxaca, al decreto 2828 por el que se expide la Ley del sistema Estatal de combate a la corrupción del estado de Oaxaca. Segundo.- El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. Tercero.- Se instruye a la secretaria de servicios parlamentarios, realice los trámites correspondientes para el cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto. Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones." En atención a ello, adujeron que los transitorios a los que hizo referencia la quejosa no establecieron la instalación del consejo de participación ciudadana para que la presidenta de dicho consejo presida o se instale o incorpore al comité coordinador del sistema estatal de combate a la corrupción. Por lo que manifestaron no contar con atribuciones para integrar a la quejosa al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Órgano de Gobierno, y que ésta presida las sesiones de dichos entes. Aunado a lo anterior el Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, precisó que los artículos 17, 24 y 28 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, no le otorgan ningún reconocimiento legal a la quejosa, pues se refieren al "Comité de Participación Ciudadana" y al "Presidente del Comité de Participación Ciudadana" pero nunca al "Consejo de Participación Ciudadana", en razón a que el decreto 2495 en su Transitorio Cuarto establece que, hasta en tanto no se publique la nueva Ley, se estará a la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, decreto que únicamente estableció la instalación del Consejo de Participación Ciudadana pero no establece la instalación de la Presidenta de ese Consejo en el Comité Coordinador, puesto que ya existe un Presidente del Comité de Participación Ciudadana legalmente instalado en el Comité Coordinador. Argumentos que revelan la existencia de los actos que les atribuyen. Lo anterior, se robustece con las documentales que allegó la parte quejosa a su ocurso constitucional, así como las diversas que remitieron éstas con su informe de ley, a las que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. Por lo tanto, los actos reclamados deben tenerse por ciertos. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que respecto los actos reclamados atribuidos al Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca - por conducto de su Presidente-, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo - dado que esas actuaciones no provienen de autoridades para los efectos de este juicio de amparo-; los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De lo antes transcrito, se observa en primer orden que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. En segundo orden, de los preceptos insertos se advierte que el juicio de protección de los derechos fundamentales tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, del dispositivo 5, fracción II, de la ley de la materia se desprende que la autoridad responsable será parte en el juicio constitucional y que tendrá tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La norma citada también establece que para los efectos de la ley de la materia, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de un ente público, que afecten derechos en los términos que ese ordinal dispone y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El análisis sistemático de los preceptos citados pone de relieve que el acto de autoridad constituye un elemento fundamental para la procedencia del juicio constitucional. En otro punto, es necesario señalar que el Alto Tribunal de la Nación ha establecido que una autoridad para los efectos del juicio de amparo será el ente de hecho o de derecho que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni requerir del consenso de la voluntad del afectado; en ese contexto, la Superioridad puntualizó que una autoridad será la que ejerza facultades decisorias que le son atribuidas por la ley y, por ende, que constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por otro lado, resulta oportuno establecer las bases para distinguir un acto de autoridad y en ese sentido es necesario acudir a la clasificación que la teoría general del derecho ha realizado respecto de las relaciones jurídicas de coordinación, de supra a subordinación y de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las cuales éstos actúan en un plano similar, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí se han creado por la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, laboral y agrario en ciertos supuestos. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deberán acudir a los Tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas pactadas por ellas o las contempladas por la legislación aplicable; en ese contexto, ambas partes se encuentran en un nivel equivalente, lo que refleja la existencia de una bilateralidad en el funcionamiento de tales relaciones. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre los gobernantes y los gobernados en las que los primeros actúan en un plano superior respecto de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por eso el Pacto Supremo establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, las cuales también se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, en este último rubro se encuentran las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el dispositivo 105, fracciones I y II, de la Constitución. Desde esa perspectiva, para determinar si un acto proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo es necesario distinguir la relación jurídica de donde derivó y examinar si la que se somete al escrutinio constitucional se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese contexto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto cobra aplicación tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, Materia Común, Registro digital 161133, de epígrafe y contenido siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De acuerdo con lo anterior para que el acto de un órgano estatal sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación, es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. En otro aspecto, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 1. Ser unilateral, porque para su existencia y su eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce, es decir, su génesis sólo depende de la voluntad de la autoridad. 2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. 3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras, si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio de protección de los derechos fundamentales, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas (norma general) o concretas con efectos particulares (acto en estricto sentido u omisión), que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características señaladas en los párrafos precedentes. En el caso, es factible sostener que los actos combatidos a las responsables no provienen de autoridades para los efectos del juicio de amparo, dado que tienen su génesis en una relación de coordinación entablada entre -la quejosa (como prestador de servicios por honorarios) y el ente responsable (que recibe los servicios)- en la que actúan en un plano de igualdad. En este punto, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 120, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca; 17 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política del Estado de Oaxaca "Artículo 120. El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: [.] II. El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse de forma paritaria por cinco ciudadanas o ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y [.]" Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca "Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial." De las normas insertas se obtienen, en lo que interesa, las premisas siguientes: - El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, la detección y la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. - Con motivo de la reforma a la Constitución local el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca cambio de denominación a Consejo de Participación Ciudadana del referido Sistema. - El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca deberá integrarse de forma paritaria por cinco ciudadanas o ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca establece. - Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, actualmente Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. - El vínculo legal con esa Secretaría, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. Ahora, la quejosa reconoce expresamente que el ocho de octubre de dos mil veintiuno, le fue otorgado el nombramiento de integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca; incluso, exhibe copia certificada del referido instrumento, como anexo a su demanda de amparo (foja 60). En razón de lo anterior, el disidente reclama de las responsables, Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, actos que derivan con motivo del nombramiento otorgado a su favor. Por tanto, se concluye que la actuación impugnada a la citada entidad pública en este medio procesal de tutela constitucional carece de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, por lo que es inviable considerarlas como de autoridades para los efectos del juicio constitucional y tampoco se pueden catalogar como "actos de particulares equivalentes a los de autoridad". Es así, porque si bien en términos de lo prescrito por el arábigo 17 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca no tienen relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva del referido Sistema, lo cierto es, que el vínculo legal con esa Secretaría, así como su contraprestación deben ser establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno del citado Sistema, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva; de ahí que la liga entre los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca con la Secretaría Ejecutiva del referido Sistema es de carácter contractual y, por ende, la relación que surge entre esos sujetos es de coordinación entablada entre particulares -la quejosa (como prestadora de servicios por honorarios) y el ente responsable (que recibe los servicios)- en la que actúan en un plano de igualdad. Luego, si la relación entre la justiciable y las citadas autoridades responsables, es de coordinación, es indudable que éstas últimas actúan en un plano de igualdad. Lo argumentos antes precisados se hacen extensivos respecto a los actos atribuidos al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, consistentes en la omisión de integrar a la quejosa en su carácter de Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Presidenta del órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, mediante de la celebración de una sesión formal y de celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias presididas por la quejosa en su carácter de Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Presidenta del Órgano de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Actuaciones que se enmarcan en esa relación contractual a la que aduce la quejosa. En efecto, la aquí quejosa puntualiza que los actos antes precisados violan su derecho de ejercer el empleo, cargo o comisión, para el cual fue nombrada; de ahí que, al derivar dichos actos de las condiciones laborales que combate la justiciable, es inconcuso que los mismos son parte de la relación de coordinación que tiene la quejosa con las responsables. Además no se soslaya que en autos obra el acta de instalación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción el Estado de Oaxaca, de doce de octubre de dos mil veintidós, en el cual se protesta a la aquí quejosa con el cargo de Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción el Estado de Oaxaca (fojas 162 a 164). Sin dejar de mencionar que, de los informes justificados se advierte que las responsables afirmaron existe una controversia interna entre las instancias que conforman el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, pues el Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, precisó que de los artículos 17, 24 y 28 de La Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, no se le otorga ningún reconocimiento legal a la quejosa, pues dichos artículos se refieren al "Comité de Participación Ciudadana" y al "Presidente del Comité de Participación Ciudadana" pero nunca al "Consejo de Participación Ciudadana", en razón a que el decreto 2495 en su Transitorio Cuarto, establece que hasta en tanto no se publique la nueva Ley, se estará a la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, decreto que únicamente estableció la instalación del Consejo de Participación Ciudadana pero no determinó la instalación de la Presidenta de ese Consejo en el Comité Coordinador, puesto que refirió, ya existe un Presidente del Comité de Participación Ciudadana legalmente instalado en el Comité Coordinador. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de la misma ley de la materia, respecto del citado acto reclamado a la aludida autoridad. En ese sentido se hace innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Respecto de los alegatos vertidos en autos, no es dable emitir pronunciamiento expreso, dado que no forman parte de la litis constitucional, toda vez que tal controversia se conforma con lo expresado en la demanda, en su aclaración o ampliación, en su caso, con el acto reclamado y los informes justificados de conformidad con el artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1315, visible en la página 1480, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Octava Época, materia Común, registro 1003194, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en su carácter de Consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando SEGUNDO, en atención a las razones expresadas en los diversos TERCERO y QUINTO de esta resolución. Notifíquese, personalmente a la quejosa.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 14230/2022, de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, por medio del cual remite original del oficio 1051/2022, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito y testimonio de la ejecutoria de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dictada por dicho Tribunal y autos originales del incidente de suspensión en que se actúa. Acúsese recibo. Ahora, toda vez que la Superioridad confirmó la interlocutoria recurrida en la que se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva, dictada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca; hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Por otra parte, con el original del incidente de suspensión que remite la autoridad oficiante; identifíquese en la carátula con el número 103/2022, que le corresponde. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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